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A casi cuatro meses de ocurrida la tragedia ferroviaria de Once, el fiscal Federico Delgado pidió ayer el procesamiento de todos los imputados por el accidente ocurrido el 22 de febrero pasado, que causó la muerte de 51 personas y heridas a más de 700.
La lista incluye a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, al presidente de Cometrans Claudio Cirigliano, al titular de TBA Carlo Michele Ferrari, al directivo de TBA Antonio Cirigliano y al maquinista Marcos Córdoba.
Para el fiscal, pudieron haberse cometido los delitos de estrago culposo, peculado y asociación ilícita.
Delgado identificó “dos grandes conjuntos” de presuntos responsables por la tragedia: el Grupo Cirigliano, en el que incluyó a Córdoba, y los funcionarios públicos que tenían injerencia en el control del funcionamiento y los fondos aportados al concesionario.
El fiscal pidió procesar a Jorge de los Reyes, vicepresidente de TBA y gerente de Ingeniería; Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans; y a los directores de TBA Carlos Esteban Pont y Francisco Pafumi.
La medida llega también a Miguel Werba, director suplente y accionista de Cometrans SA; Daniel Rubio, gerente de administración y finanzas de TBA; Jorge Alvarez, vicepresidente de TBA, y Laura Aída Ballesteros, directora de TBA, entre otros.
El pedido afecta, además, a los directores de TBA Víctor Astrella, Antonio Marcelo Suárez y Guillermo D'Abenigno; Gustavo Zeni Jaunsaras, director suplente al igual que Víctor Heinecke; los directores de Cometrans Alejandro Lopardo y José Doce Porta; el presidente de TBA, Marcelo Alberto Calderón, y Sergio Tempone, gerente de operaciones.
Por otra parte, incluye a Roque Cirigliano, gerente de material rodante; Daniel Lodola, gerente de la línea Sarmiento; Pedro Ranieri, jefe del taller de Castelar; Luis Ninona, jefe de material rodante y gerente de las líneas Mitre y Sarmiento; Santiago Kaplun, accionista de TBA; el abogado Carlos Alberto Lluch, apoderado de TBA, y al maquinista Marcos Córdoba.
Los directivos de TBA pidieron al juez federal Claudio Bonadío la nulidad de las imputaciones en su contra porque “se alude a generalizaciones o incluso tecnicismos” y de las indagatorias que presentaron porque no les fueron “exhibidas ni mucho menos explicadas a las defensas”.
Otros funcionarios
Entre los funcionarios a los que el fiscal pidió sus procesamientos, además de Schiavi y Jaime, aparecen Guillermo Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario; Pedro Ochoa Romero, interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) desde el 9 de febrero de 2004, y Antonio Eduardo Sícaro, en ese cargo desde el 11 de diciembre de 2007.
“Hubo muchas negligencias y no todas ocurrieron en el mismo tiempo. Sin embargo, todas fueron eslabones de una cadena que se cerró el 22 de febrero”, relató Delgado.