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El Gobierno de Bolivia y los policías de bajo rango firmaron ayer a la madrugada un acuerdo salarial, con lo que se puso fin a un conflicto que afectó durante seis días al normal desarrollo de la vida del país debido al amotinamiento de los efectivos.
El acuerdo consta de 10 puntos, entre los que sobresalen, según informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, un incremento de 100 bolivianos (13 dólares) al haber básico y un bono adicional de 200 bolivianos (26 dólares), según reseñas de la agencia de noticias estatal ABI.
A lo largo del conflicto, el gobierno de Evo Morales denunció que desde el sector de los amotinados se intentó provocar situaciones de violencia que podían desembocar en un intento de golpe de Estado.
El acuerdo firmado ayer establece también doble dotación de ración seca al año (arroz, azúcar y harina), revisión de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, creación de la Defensoría de la Policía y la formación de una comisión que se encargará de analizar la jubilación con el cien por ciento de los ingresos percibidos, tal como perciben los miembros de la fuerzas armadas, situación que inspiró a los policías.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, destacó el convenio y señaló: “Hemos tenido arduas sesiones de diálogo para lograr este acuerdo por el bien de la Policía y del país, y con esto todo retorna a la tranquilidad”.
Sin servicio de seguridad
La suboficial Esther Corsón, representante de clases y guardias, señaló por su parte que “el acuerdo se hizo pensando en el pueblo de Bolivia porque ya era hora, pues la población estaba desprovista de servicios de seguridad”, como causa del paro de los efectivos durante seis días.
El convenio se firmó al amanecer, pocas horas antes de que llegue a La Paz una marcha indígena que rechaza una carretera que quiere construir el presidente boliviano, Evo Morales, en la reserva natural del Tipnis.
El presidente Evo Morales y sus colaboradores aseguraron en los últimos días que tras el amotinamiento había un intento de golpe de Estado promovido por la derecha boliviana y Estados Unidos, pero no presentaron pruebas y, a pesar de esa inculpación, negociaron con los policías.
Las acusaciones sobre el supuesto golpe fueron desmentidas por los policías, la oposición y los indígenas amazónicos, también inculpados por el Gobierno por la coincidencia de su llegada a La Paz.
Cabe destacar que aunque las principales ciudades bolivianas se quedaron una semana sin vigilancia policial ni otros servicios del cuerpo, no hubo un incremento notorio de la criminalidad.