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Un mes después de la tragedia en Curuguaty, que desencadenó la salida del poder del presidente Fernando Lugo, apenas hay avances en la investigación del episodio que tiñó de sangre la lucha por la tierra en Paraguay. “Todo se encamina a la nada, a la falta de interés en investigar profundamente lo que ocurrió y quiénes estuvieron detrás de esa masacre”, dijo el dirigente de la Liga Nacional de Carperos (los sin tierra) José Rodríguez.
“No veo que el Gobierno tenga interés en desvelar (lo ocurrido)”, observó el analista Alfredo Boccia.
Seis policías y once campesinos murieron el 15 de junio en un choque armado durante un desalojo de los “sin tierra” que ocupaban una estancia del político “colorado” y empresario Blas N. Riquelme, cuya propiedad le disputa el Estado.
Una semana después, Lugo perdió la presidencia por “mal desempeño” en sus funciones, en un juicio político parlamentario en el que las muertes de Curuguaty y las ocupaciones de tierras por parte de los campesinos fueron parte esencial del pliego acusatorio y fue sustituido en el poder por el liberal Federico Franco.
El exmandatario denunció la semana pasada que Curuguaty fue una “conspiración para desestabilizar” a su gobierno, y el dirigente Rodríguez insistió en que hubo intervención de “infiltrados”, de “francotiradores” que actuaron para desencadenar un tiroteo y “utilizar ese episodio para atacar políticamente a Lugo”.
“Los muertos no fueron casuales”
El fiscal que lleva el caso, Jalil Amir Rachid, descartó la actuación de francotiradores y dijo que las armas implicadas en el tiroteo fueron escopetas de caza. Rachid pidió al juez, sin éxito, la excarcelación de dos de los detenidos por falta de pruebas. Según el analista Alfredo Boccia, “los 17 muertos no fueron casuales, pero no existe el más mínimo indicio de que se trate de un complot de la derecha o de enfrentamiento armado con la izquierda. Si decimos que Curuguaty fue planeado, estamos ante una hipótesis monstruosa que merece ser investigada porque terminó con un gobierno”.