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El Ejecutivo pide a la Justicia que garantice la circulación de la ruta 50

Sabado, 25 de agosto de 2012 11:30
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En virtud de la gravedad del conflicto de público conocimiento suscitado en los últimos días entre el ingenio El Tabacal SA y el Sindicato de Trabajadores de la azúcar, el Gobierno de la Provincia de Salta solicitó a la justicia que se ordene la apertura de los caminos internos del Ingenio San Martín de Tabacal a los efectos de garantizar la libre circulación del personas y de bienes, desde y hacia la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y las
localidades del norte provincial.

La solicitud presentada por la Provincia ante el juez responde a la situación de aislamiento que vive hace ya una semana la mencionada región, y resultaba necesaria a fin de evitar que se consoliden daños que pudieran resultar irreparables para la salud y la seguridad de la población.


En el escrito presentado por el Fiscal de Estado de la provincia, se consignó que “la situación se ha venido agravando desde que comenzara el sábado pasado habiéndose negado sistemáticamente ambas partes a
deponer sus actitudes intransigentes, provocando un gravísimo daño a todos los habitantes del departamento, quienes resultan así, virtualmente rehenes de un conflicto privado, que compromete en forma gravísima la paz social en una zona importante de la provincia de salta”.
 

En virtud de ello, previa habilitación de días y horas inhábiles, el juez de la Cámara Civil y Comercial de 4 nominación, Dr. José Ruiz, hizo lugar al pedido que realizó la provincia y ordenó “al Ingenio y Refinería
San Martín del Tabacal S.A permitir la circulación de vehículos, personas y bienes transportados , por los caminos internos de su propiedad de manera tal de posibilitar el libre tránsito desde y hacia la ciudad
de San Ramón de la Nueva Orán hasta tanto se restablezca la normal circulación por la ruta nacional Nº 50”.
Asimismo se dio participación al Ministerio de Seguridad de la Provincia “a los fines de garantizar la Seguridad y la protección de personas y bienes transportados y evitar daño al patrimonio de la propietaria, autorizándose a allanar el domicilio y hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario”.
 

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