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Drama de un excombatiente al que echaron de su vivienda

Domingo, 26 de agosto de 2012 11:03
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Juan Martín Peruchena (49), un excombatiente de Malvinas y guardiacárcel se quedó en la calle junto a su familia. El miércoles pasado, efectivos policiales del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (Gopar) y un grupo de patovicas pagados por un empresario de la noche irrumpieron en su casa ubicada en la calle 25 de Mayo el barrio El Solar, de villa San Lorenzo, donde residía desde hace dos años, lo desalojaron a él y a su familia y sacaron todas sus pertenencias a la vereda. Electrodomésticos, colchones y juguetes quedaron desparramados en la calle. Al ver esta cruel escena Juan sufrió un terrible ataque de pánico.

Su estado de salud mental es muy delicado, ya que aún no pudo superar las secuelas que la guerra le dejó. “Pero a nadie le importa”, sollozó ante El Tribuno.

Ahora, él, su esposa Silvia Benane (50) y sus tres hijos, Walter (23), Jimena (25) y una niña de cinco años, viven separados en casas de parientes. Tuvieron que guardar sus cosas en las viviendas de sus vecinos. La orden de desalojo fue dada por la jueza Correccional y de Garantías 6, María del Milagro López.

“Con el desalojo todas las malas vivencias me volvieron a la mente de golpe. Yo pasé por Malvinas. Mi trabajo de guardiacárcel también me deterioró mucho la vida. Estuve siempre ante situaciones extremas. Hice un cortocircuito y empecé con ataques de pánico, miedo a estar con gente o subirme a un vehículo. No puedo manejar, abordar un colectivo ni abrir puertas por miedo a lo que haya del otro lado. Estoy con tratamiento y carpeta psiquiátrica. Y ahora, para peor, el empresario Mario Delaloye me hizo desalojar. Sus patovicas tiraron y rompieron mis cosas. Todos lo conocen porque tiene boliches en la Balcarce. El escrito indicaba que se debía poner en posesión del inmueble libre de bienes y ocupantes a este hombre”, contó Peruchena .

“Ahora tengo que dar de baja los servicios e impuestos, que están a mi nombre. No sé por qué me han hecho esto. Yo di lo que más podía por mi país y este es el salario que recibo. Me echaron con desprecio, me golpearon y me esposaron. Eran del Gopar. En un comunicado de prensa la Policía dijo que ellos me salvaron la vida, pero yo les pregunto ¿pegarle a alguien, esposarlo, ponerlo boca abajo y humillarlo es salvarle la vida? Tengo golpes en la espalda y un certificado médico como prueba de los vejámenes. Me trataron como a un perro. A tal punto que en un principio se me pasó por la cabeza matarme”, relató el excombatiente, cuyos ojos se llenan de lágrimas una y otra vez.

“Era tal el grado de violencia de estos policías en mi contra, que en un momento uno le gritó a otro "­pará che, que se te va a ir la mano!'. Yo, de pronto, me desvanecí y cuando llegué al hospital uno de ellos le dijo a una enfermera: "A este chango le dio un paro cardíaco'. Con ese diagnóstico ingresé al San Bernardo. Allí un doctor me dijo que no tenía nada, que la situación era rara. Fue un invento para justificar la golpiza que me dieron. Yo tenía buenos signos cardíacos. Firmé mi alta voluntaria y salí caminando del hospital. Inventaron todo para sacarme de mi casa”, sostuvo.

“Pido que el Banco Hipotecario intervenga y revean la situación. Quiero recuperar mi casa y pagarla. Yo le hice muchísimas modificaciones. Puse puertas, caños, luz, gas, baños y estaba haciendo una ampliación en el fondo. La jueza mandó la ejecución y no le importó nada. No tuvo en cuenta mi situación, mi familia ni mi condición de excombatiente, cosa que parece que a nadie le interesa”, finalizó con la voz quebrada por la angustia.

Los inútiles trámites
 
“Hace dos años hice un convenio con el banco Hipotecario de la Nación por la compra de la casa. El precio total era en ese momento de $280.000. Reuní todos los requisitos. Me respondieron que sí podía acceder a la vivienda, firmé una hipoteca, realicé el depósito de reserva que era de $5.000”, explicó Peruchena.
“Me recomendaron que acudiera a una escribana de apellido Jalal, quien me dijo que para escriturar tenía que sacar un libre deuda. Entonces comencé a pagar los impuestos y servicios que se adeudaban. También hice la instalación del gas porque no tenía”, añadió. “La casa la construyó la empresa Grandsa que luego quebró, desapareció y entró en juicio. Mucha gente del barrio está en la misma situación que la mía”, dijo el hombre. “Aguas del Norte no me podía dar el libre deuda porque figuraba un solo catastro para toda la manzana. Una vez que efectuaran las subdivisiones recién podrían otorgármelo. Al no cumplir con este requisito le consulté a la escribana. Ella me dijo que iban a ver cómo solucionaban el problema. Nunca más me llamaron. Yo no sabía que ese plazo tenía vencimiento. Nadie me citó para informarme sobre los trámites”, describió. “A pesar de eso apareció Mario Delaloye, hizo una denuncia contra mí e inició trámites para obtener la vivienda. Es un empresario que tiene muchos conocidos. Quedó como querellante en la causa. Yo no pude hacer denuncias ni nada porque estaba con tratamiento psiquiátrico”, culminó. 
 

 

 

 

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