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Juan Manuel Santos tomó la iniciativa más difícil de su mandato: la apertura de “conversaciones exploratorias” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) para poner fin a la guerra civil que desde hace décadas azota a la población colombiana. En el éxito o fracaso de esta apuesta, se juega la posibilidad de su reelección presidencial en 2014.
En el tejido diplomático que precedió al anuncio de Santos, cumplieron un rol significativo el mandatario venezolano Hugo Chávez y el régimen cubano, que ofreció a la La Habana como sede de las negociaciones que comenzarán en Oslo el próximo 3 de octubre. Esa elección de la capital de Noruega remite a su valor simbólico como sede de las tratativas entre lsrael y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que culminaron con los históricos acuerdos de 1993.
Desde su asunción en 2010, Santos procuró mejorar las relaciones colombiano- venezolanas, enrarecidas por el constante cruce de posiciones que mantenía su antecesor, Alvaro Uribe, con Chávez, a partir de la exigencia de Bogotá acerca de que el gobierno de Caracas dejase de brindar refugio territorial a las FARC. Santos abrió asimismo una línea de diálogo con el régimen cubano, orientada a privar al grupo guerrillero de sus apoyaturas internacionales.
Primera y última guerrilla
La resolución del conflicto colombiano tiene una gran importancia regional. Las FARC constituyeron la principal fuerza guerrillera de América del Sur. Fundadas en 1964, como brazo militar del Partido Comunista Colombiano (PCC), de línea pro-soviética, su irrupción otorgó renovados bríos a la insurgencia campesina iniciada en 1949 a partir del “bogotazo” provocado por el asesinato del popular caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, episodio que originó una espiral de violencia que lleva 63 años ininterrumpidos.
Entre las FARC originarias y las actuales, media empero un abismo insondable. En su lejano origen, la guerrilla colombiana llegó a desenvolverse, en términos del clásico aforismo de Mao Tse Tung, “como pez en el agua”. A diferencia de otras experiencias guerrilleras sudamericanos, no fue un simple artículo de importación “made in Cuba”. En esa particularidad reside la razón de su supervivencia.
Pero los drásticos cambios registrados en las circunstancias históricas luego del fin de la Unión Soviética modificaron la propia naturaleza de la organización. La existencia de una relación de fuerzas crecientemente desigual hizo que su viejo ideario revolucionario se mezclara cada vez más con los compromisos derivados de sus pactos con las poderosas redes del narcotráfico.
En la actualidad, el 70% de los recursos financieros de las FARC provienen del narcotráfico. El 30% restante surge de secuestros extorsivos o de las contribuciones forzosas que establece en sus zonas de influencia. Lo de “narcoterrorismo” dista de constituir una calumnia.
El Uribismo
Alvaro Uribe alzó su voz contra la decisión de Santos. El ex presidente consideró que la iniciativa de su sucesor sólo favorecía la reelección de Chávez. En rigor de verdad, Uribe hace rato que había tomado distancia de su sucesor. A tal efecto, fundó la corriente Puro Centro Democrático, independiente del oficialista Partido Social de la Unidad Nacional, más conocido como “Partido de la U”. En Bogotá, es un secreto a voces que Uribe, cuya posible segunda reelección fue frustrada el 2010 por un pronunciamiento judicial, aspira a presentar su candidatura en 2014.
Los partidarios de Uribe critican la política seguida por Santos contra las FARC. Un trabajo elaborado por el experto “uribista” Alfredo Rangel, director del Centro de Seguridad y Democracia, de la Universidad Sergio Arboleda, alertó acerca de que en los últimos tiempos se habría registrado una fuerte expansión de la acción territorial de los grupos guerrilleros.
Según Rangel, este presunto resurgimiento respondería a “la merma del nivel de operatividad de las fuerzas militares”, hecho que atribuye a la “incertidumbre jurídica en que se debaten los miembros de la Fuerza Pública por efecto de la abolición del fuero militar”. Rangel puntualiza que “el Ejército colombiano es el único en el mundo que combate una guerra sin ese fuero”.
Durante el mandato de Santos hubo numerosos casos de altos jefes militares sometidos a juicio, y en ciertos casos enviados a prisión, acusados de cometer violaciones a los derechos humanos en la lucha antiguerrillera.
El general Rito Alejo del Río, ex gobernador de Antioquía, fue condenado a 25 años de prisión. El general retirado Mauricio Santoyo, ex jefe de Seguridad de Uribe, fue extraditado a Estados Unidos para ser enjuiciado por complicidad con bandas de narcotraficantes y efectivos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los defensores de Santos sostienen que el actual presidente fue el Ministro de Defensa de Uribe y en tal carácter tuvo un protagonismo relevante en su exitosa lucha contra las FARC. Explican que el primer mandatario trata de aprovechar aquellos logros, que implicaron el acorralamiento militar de la guerrilla, para lograr la pacificación nacional, aunque ese objetivo demande concesiones políticas.
Acorralar al narcotráfico
En los medios políticos colombianos, la apertura del diálogo con las FARC no cayó como un rayo en medio de una noche estrellada. Mientras se conocían las gestiones diplomáticas reservadas en Caracas y La Habana, el Congreso dictó una ley, titulada “Marco Jurídico para la Paz”, que otorga al gobierno un espacio de maniobra para liberar de responsabilidades penales a los cuadros de las FARC. Esta nueva herramienta legal pretende facilitar la reinserción de los guerrilleros en el marco institucional, como sucediera en 1990 con la amnistía negociada con el Movimiento 19 de Abril, un grupo insurgente que pasó a funcionar como una fuerza legalizada, que enseguida obtuvo representación en el Parlamento.
Para Santos, la concertación de un acuerdo de paz con las FARC consolidaría la prosperidad económica de los últimos años y permitiría también concentrar la acción de las fuerzas de seguridad en el combate contra el narcotráfico, cuya libertad de movimientos se vería severamente constreñida por la desaparición de los actuales “territorios liberados”.
Las encuestas consignaron que más del 70% de la opinión pública colombiana apoya la iniciativa de Santos. Sin embargo, los especialistas aconsejan cautela. La última tentativa seria de negociación con las FARC, realizada bajo el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002, desembocó en un tremendo fracaso, que fue la causa de la triunfal irrupción de Uribe y de su estrategia de “mano dura”.
La incógnita es si dentro de las FARC prevalecerán sus residuos ideológicos de izquierda, que viabilizarían la hipótesis del acuerdo, o los intereses vinculados al narcotráfico, que requerirían una tregua para rehacer la maltrecha estructura de la organización antes de reanudar la lucha.