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El Gobierno boliviano pidió ayer a los mineros que operan en la región de Colquiri que dejen de “sacrificar a la población” con bloqueos de caminos y abandonen las posiciones duras para encontrar una solución a la disputa por una veta rica en estaño, zinc y plata. En tanto, el lunes se confirmó la existencia de tres heridos (dos civiles y un policía) en un frustrado intento de desbloqueo de la única carretera que une al occidente de Bolivia, mientras otros dos agentes quedaron retenidos como rehenes por cooperativistas, en la tercera semana de protesta minera.
“El bloqueo de caminos es una medida que en general los sectores sociales utilizan cuando no hay nada más (que hacer) y ahorita tenemos un escenario de diálogo. Entonces, para qué sacrificar a la población si este escenario está abierto”, dijo anoche la titular del Senado, Gabriela Montaño, a cargo del Ejecutivo.
Montaño, titular del Senado, asumió el domingo el mandato presidencial por cinco días, debido a los viajes del presidente Evo Morales a Nueva York, a la Asamblea General de la ONU y del vicepresidente Alvaro García Linera a Vietnam, por una invitación oficial.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que en las últimas horas hubo un enfrentamiento en el poblado de Konani, situado en la carretera La Paz-Oruro, y que la acción policial dejó heridos a dos mineros y un uniformado.
Romero destacó que una mujer policía fue tomada como rehén.
Rechazaron una propuesta oficial
El Gobierno boliviano planteó a los grupos rivales de mineros dividir “salomónicamente” la veta que se disputan en la mina de zinc y estaño Colquiri, expropiada a la empresa suiza Glencore en junio pasado, pero ambos sectores rechazaron la propuesta, informaron ayer las fuentes oficiales y también las sindicales.
La propuesta fue presentada el lunes a los mineros de las cooperativas privadas y a los que trabajan para el Estado, con el objetivo de lograr la paz en Colquiri, mina situada 250 kilómetros al sur de La Paz, dijo ayer a los medios el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
Según Pérez, el Gobierno no está en condiciones de operar en Colquiri con 1.200 trabajadores, cifra a la que se llegaría si se contrata a los 564 cooperativistas que explotan actualmente parte de ese yacimiento, como reclaman algunos.