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La participación de la presidenta Cristina Kirchner en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas vuelve a poner en foco una de las temáticas más sensibles para el Gobierno como es la relación con Irán, que no solo involucra a sus relaciones internacionales, sino también a su política interna. Irán es, principalmente, un país que no atiende los reclamos del Estado argentino para juzgar a los acusados -algunos funcionarios- de haber cometido el mayor atentado terrorista de la historia nacional, a la sede de la AMIA en 1994.
Esa “deuda interna” de Justicia emparentó a la Argentina con Estados Unidos e Israel frente a un presidente, Mahmud Ahmadiyenah, que se niega a detener su plan nuclear, desconoce el holocausto y pregona la desaparición de Israel.
No obstante, la diplomacia argentina trató de mantener cautela y como principio rector se ajusta a las decisiones multilaterales que adopta Naciones Unidas. Ese posicionamiento quedará más expuesto el año próximo cuando vuelva a ocupar un puesto clave como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.
Al mismo tiempo, la República Islámica tiene relaciones cordiales con Brasil y se convirtió en un aliado político del eje bolivariano en la región, principalmente con la Venezuela de Hugo Chávez, que, como se sabe, es un socio estratégico de la Argentina.
En ese complejo contexto, las relaciones políticas con Irán están congeladas, pero desde 2005 el comercio creció de manera sustancial y la Argentina es hoy el segundo socio comercial de Teherán en la región, después de Brasil. Según estadísticas de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), en 2005 Buenos Aires vendió por US$ 188 millones a Irán, mientras que en 2010 lo hizo por US$ 1.453 y en 2011 por US$ 1.081 millones.
Gestiones y reacciones
La Justicia argentina acusa a siete ex y actuales funcionarios iraníes y a un libanés -entre ellos el expresidente Hashemi Rafsanjani, el excanciller Ali Akbar Velayati y el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi- de ser autores intelectuales del atentado que causó 85 muertos en 1994.
Desde 2003, los Kirchner aprovecharon el atril de la ONU para elevar reclamos a Irán, en medio de un sostenido clamor de la comunidad judía argentina -compuesta por unas 250 mil personas- y reflejado en cada aniversario del ataque a la mutual.
También propusieron llevar el juicio a un “tercer país” debido a los reparos del Gobierno iraní sobre las actuaciones de la Justicia argentina, pero no hubo respuestas.
Hace un año el gobierno de Ahmadinejad pidió abrir un paréntesis de diálogo y la Presidenta ordenó como gesto -inédito- al entonces embajador en la ONU, Jorge Argello, que escuchara el siempre polémico mensaje del mandatario.
Sin embargo, ese diálogo nunca se canalizó y ahora ante un seguro nuevo reclamo argentino, el canciller iraní, Ali Akbar Salehi, solicitó una audiencia con su par argentino, Héctor Timerman, quien la recibió con escepticismo.
Timerman se apuró a comunicar que también tiene un encuentro con su colega israelí, Avigdor Lieberman, pero rápidamente los representantes de la comunidad judía reaccionaron y denunciaron una maniobra de Irán para seguir dilatando los tiempos.
Ya el cambio de postura argentina en 2011 había generado críticas de los dirigentes de la DAIA y la AMIA, cuyas conducciones tomaron distancia del Gobierno y en esta oportunidad directamente no fueron incluidas en la comitiva oficial.
Habrá que ver ahora si el encuentro del jefe de la diplomacia nacional con el canciller iraní se concreta; cuál es el tono del mensaje presidencial ante la Asamblea en torno de Irán; y la postura de la delegación argentina, encabezada por la flamante embajadora ante Naciones Unidas, Marita Perceval, frente al discurso de Ahmadineyah. Ese mensaje será el último porque habrá elecciones en su país en junio del año próximo.