inicia sesión o regístrate.
Al calor de la profunda crisis económica y del descontento social generalizado ante los programas de ajuste orientados a conjurarla, la mecha encendida por la amenaza de independencia de Cataluña amenaza ahora desestabilizar la actual configuración política de la Unión Europea. Si el mundo financiero internacional está pendiente de lo que sucede con la economía española, todos los gobiernos del viejo continente agregan ahora a esa honda preocupación la que se deriva de la evolución de esta grave crisis política.
En un poderoso estallido que mezcla antiguas reivindicaciones históricas de autonomía con las protestas sociales contra la amarga medicina recetada por el Banco Central Europeo y aplicada por Mariano Rajoy, que incluye recortes presupuestarios de unos 40.000 millones de euros, más de un millón de personas inundaron el 11 de septiembre pasado las calles de Barcelona para reclamar la separación catalana. La movilización, cuyas enormes dimensiones sobrepasó por completo la capacidad de previsión de la dirigencia política, puso en movimiento una auténtica bola de nieve, de consecuencias todavía imprevisibles.
En este contexto, el gobierno regional, encabezado por Artur Mas, del partido regionalista Convergencia y Unión, se sumó al reclamo y convocó a elecciones anticipadas para el próximo 25 de noviembre “para ejercer el derecho de autodeterminación”, mientras el Parlamento regional resolvía llamar a un referéndum sobre la independencia cuya legalidad es desconocida por Madrid.
El conflicto de poderes está planteado con toda crudeza. Mientras Rajoy advirtió que la celebración del referéndum requeriría una previa autorización del Parlamento español, Mas dijo que la consulta popular tendrá lugar más allá de la voluntad de Madrid. “Si el gobierno nos da la espalda, hay que hacerlo igual”, desafió el líder catalán.
En otras circunstancias históricas, esa concatenación de episodios habría sido el prolegómeno de un enfrentamiento armado. Pero los tiempos han cambiado. De allí que no se le haya otorgado demasiada relevancia a las altisonantes declaraciones del coronel Francisco Alamán Castro, directivo de la Asociación Militares de España, que agrupa a los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas”, quien alertó acerca de que “los militares hicimos un juramento sagrado: cumplir el ordenamiento constitucional que consagra la unidad de España como principio irrenunciable. También juramos defender su integridad territorial con nuestras propias vidas”.
Economía y política
Para abonar la seriedad de la amenaza separatista, Mas destacó que, según todos los indicadores económicos, Cataluña podría figurar entre los cincuenta principales países exportadores del mundo. Señaló también que en la actualidad la región exporta más al resto del mundo (53%), que al resto de España (47%). Subrayó que en materia turística, rubro que representa una fuente importantísima de divisas para la economía hispana, el 25% de los visitantes extranjeros que recibió España en 2011 fueron a Cataluña, por lo que el aeropuerto de El Prat en Barcelona supera al madrileño de Barajas como lugar de salida y de destino y que “todo eso nos colocaría por delante de Dinamarca, Holanda y Suiza”.
Lo cierto es que, desde los estados bálticos a Eslovenia, pasando por Irlanda o Islandia, en la Unión Europea existen varios países económicamente mucho más pequeños que Cataluña. Para echar todavía más leña al fuego, el prestigioso economista estadounidense Kenneth Rogoff aseguró que ”Cataluña, aislada, sería uno de los países más ricos del mundo”.
Obviamente, los partidos nacionales españoles se encuentran ante una difícil encrucijada. Ni el Partido Popular (PP) ni el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) admiten ninguna opción secesionista, que según las encuestas tendría hoy, por primera vez en la historia, el respaldo de más de la mitad de la opinión pública catalana. Ni siquiera las propias formaciones nacionalistas catalanas están todavía absolutamente convencidas de esa hipótesis de máxima.
De allí que hayan empezado a explorarse con mayor seriedad una infinidad de variantes de negociación política, fundadas en una profunda reformulación institucional, que confiera a Cataluña un mayor grado de autonomía política y económica, similar o aún mayor que la que tiene actualmente el país vasco. El punto neurálgico de la discusión es la administración de los recursos económicos, o sea la autonomía fiscal.
El inconveniente para estas alternativas estriba en que cualquier acuerdo de esta naturaleza supondría una reforma constitucional cuya discusión puede convertirse en una verdadera caja de Pandora. Es probable que muchas regiones pretendan aprovechar la ocasión para exigir un status jurídico similar al de vascos y catalanes. España quedaría transformada en una suerte de confederación de estados autónomos.
Ola separatista
Paradójicamente, la progresiva consolidación de la Unión Europea como una suerte de “supraestado”, con instituciones económicas y políticas comunitarias, alienta las tendencias separatistas en algunos de sus países miembros. Muchas regiones que, por sus particularidades linguísticas, étnicas o religiosas presentan una singularidad que la distinguen nítidamente de los estados nacionales de los que forman parte, intuyen que su vocación independentista encuentra ahora un mayor espacio de desarrollo.
Escocia pretende separarse del Reino Unido. En Italia, la Liga del Norte explota las fuertes aspiraciones autonómicas de las poblaciones de Padania, Lombardía y el Véneto. En Bélgica, flamencos y valones parecerían inclinarse a constituir dos estados separados. En todos estos casos, avanzan las formaciones políticas que consideran que los estados nacionales se han convertido en una intermediación innecesaria para la conexión entre las regiones y ese incipiente supraestado europeo, que ya cuenta con una legislación comunitaria, un Parlamento común y una unión monetaria.
Semejante proliferación de las tentaciones separatistas desencadenó ya una interesante discusión jurídica dentro de la Unión Europea. Hay quienes advierten que la incorporación a la comunidad no constituye un acto automático, sino que requiere el previo consentimiento de sus miembros. Otros argumentan que las regiones europeas que buscan su independencia son parte de la comunidad, por lo que no se requeriría ningún trámite para su ingreso.
Hace veinte años, cuando el derrumbe del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética sellaron la desaparición de los regímenes comunistas europeos, algunos advirtieron que la caída de aquellos estados totalitarios, acelerada por la revolución tecnológica de las comunicaciones, constituía apenas el prólogo de un cuestionamiento de carácter global a todas las estructuras centralizadas, organizadas piramidalmente, incluidos los estados nacionales de Occidente.
El conflicto de Cataluña refleja que sólo una estrategia de descentralización política y económica, que otorgue mayor poder de decisión a las regiones y en general a todas las jurisdicciones subnacionales, podrá evitar la desintegración de los estados nacionales, no sólo en Europa, sino en cualquier parte del mundo.