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El Banco Central, encarando otro perfil, no solamente de un ente monetario sino también orientado al consumido, acaba de sacar una batería de medidas destinada a protegerlo del abuso de las entidades financieras.
Entre las medidas resueltas está la exigibilidad a los bancos de publicar en la Web los costos de sus operaciones.
Además, los bancos tienen veinte días para resolver los problemas de sus clientes, caso contrario se podrá recurrir al Bcra si la queja no prosperase.
En las últimas semanas, el Banco Central parece haber puesto el pie en el acelerador en materia de defensa de los derechos del usuario de servicios financieros.
Recientemente, la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, citó una reunión a los banqueros que ella misma supervisa y les dio a conocer en detalles las medidas tomadas. Adelantó que no permitirá que los bancos se excedan en los costos de las comisiones. Otro punto es que deberán publicar en sus páginas de Internet todos los costos, cargos, gastos, seguros, comisiones, tasas de interés y todo otro concepto que se cobre a los usuarios por los diferentes servicios y productos que comercialicen. Las entidades alcanzadas contarán con un servicio de atención al usuario de servicios financieros y designar a un funcionario responsable de llevarlo adelante.
Este servicio de atención deberá tramitar y dar respuesta a presentaciones, consultas y reclamos que los usuarios efectúen ante la respectiva entidad.
Si bien muchas de las entidades cuentan con un servicio de estas características desde una casa de cambio confirmaron que está disponible “hace tiempo”.
El Bcra marcó un procedimiento muy estricto sobre cómo debe actuar el responsable de este servicio y los plazos de resolución de las quejas.
El organismo puntualizó las siguientes exigencias: la resolución de toda consulta o reclamo de los usuarios por parte de las entidades alcanzadas deberá efectivizarse en un plazo máximo de 20 días hábiles; el usuario de servicios financieros tendrá derecho a efectuar el seguimiento de su presentación. A tal fin, la entidad le deberá informar el estado del trámite cada vez que lo requiera; las entidades alcanzadas deberán informar en sus páginas web y en sus sucursales la existencia del servicio de atención al usuario, así como el nombre del responsable del servicio y las alternativas para contactarlo y los usuarios podrán recurrir al Bcra ante la falta de respuesta satisfactoria por parte de las entidades a sus presentaciones o reclamos.
Por separado, la normativa aprobada establece la obligatoriedad para las entidades alcanzadas de facilitar el acceso y la atención en las casas operativas de personas con movilidad reducida, así como proveer servicios en cajeros automáticos a personas con dificultades visuales.
Estos puntos tendrán un plazo de adecuación de entre tres meses y un año. El resto, entran en vigencia inmediatamente.
“Algunos de estos aspectos ya están en marcha por disposiciones anteriores de los distritos, de las provincias y del propio Bcra”, explicaron.
Promocionan el cheque
cancelatorio que es gratuito
Los cheques cancelatorios son gratuitos, están exentos del impuesto al cheque y pueden ser librados en pesos o en dólares, aunque en este último caso sólo pueden utilizarse en operaciones de compraventa de inmuebles.
Hasta ahora sólo las personas físicas podían usarlo, pero ahora la entidad autorizó a las empresas para que puedan utilizarlos en pesos o dólares. El cheque cancelatorio fue una de las respuestas que el Bcra dio al problema de las salideras bancarias, que hacia fines del 2010 arreciaron en el sistema financiero.
La idea, a grandes rasgos, era que da seguridad en lugar de transportar el dinero de una operación y asumir el riesgo de ser asaltado, el cliente bancario pudiera solicitar un cheque especial por el monto deseado en el banco en el cual tiene su firma registrada y luego entregarlo a su contraparte.
Cambio normativo
Detrás del cambio normativo que llevó a cabo el Bcra, se esconde la intención del Gobierno de ofrecer un paliativo a una economía que se maneja con cientos de millones de billetes, pero cuyo billete de máxima denominación sigue siendo de $100, un valor que ha quedado desfasado con la alta presión inflacionaria que implica un deterioro monetario en términos reales.El cheque cancelatorio, sin embargo, es un instrumento poco popular hasta ahora.