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Los chicos viven en Luján y otros puestos de Anta situados junto al Canal de Dios, en la frontera con Santiago del Estero, a unos 27 kilómetros de Nuestra Señora de Talavera. Aunque son salteños, tienen los establecimientos educativos de su provincia demasiado alejados, por lo que cursan la primaria en la escuela de Rumi Pozo, en el departamento santiagueño de Copo.
Esta situación es bastante frecuente en las zonas fronterizas, donde la docencia brinda a niños, niñas y adolescentes una enseñanza plena en sacrificios y ajena a discriminaciones.
Así, la mayoría de los veinte y tantos alumnos que concurren a la escuela de Rumi Pozo, que tiene sus aulas de educación plurigrado erigidas en suelo santiagueño, pero a pocos metros de la línea divisoria con Salta, son anteños. Y sus padres, como otros vecinos de Copo, están molestos con la directora, Nélida Graciela Amaya.
“No cumple con el horario escolar”, “los chicos permanecen solos en su espera”, “falta mucho al establecimiento”, “no pone empeño en la tramitación de las partidas alimentarias y la copa de leche que el Gobierno entrega a las escuelas rurales”, son algunos de los cuestionamientos que, con la firma de diez padres, recibió el pasado 9 de septiembre la Dirección General de Nivel Primario de Santiago del Estero.
Tres días después, ese grupo de padres tomó la escuela en reclamo de un cambio de personal y el envío de un supervisor que evalúe los conocimientos adquiridos por los niños.
En el petitorio, reseñaron accidentes sufridos por alumnos en horario escolar y los atribuyeron a supuestas negligencias de la directora. También manifestaron que el 12 de agosto pasado la docente sumó una nueva falta a clases porque el día anterior había trabajado en las elecciones para un familiar que se postuló para un cargo político en esos comicios. “Mandó a su abuelo, Julio Amaya, a las 10 de la mañana a que les avise a los niños que se vuelvan a sus casas porque ella estaba enferma”, señalaron los padres, quienes se manifestaron preocupados por el “bajísimo nivel de enseñanza” que reciben sus hijos y pidieron “que se investigue el título de la señorita directora, porque no se comporta como docente y tenemos dudas sobre sus estudios”.
Tras la toma de la escuela, la directora denunció a padres y el juez actuante, José Luis Torrelio, les ordenó despejar la escuela, bajo advertencia de un desalojo policial.
La directora sigue en la escuela, que tiene hoy muy pocos alumnos.