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Aproximadamente 25.000 hectáreas del total de la superficie de Salta Forestal S.A. se encuentran sometidas a las pretensiones de personas que invocan formalmente ante la justicia haberlas poseído durante más de 20 años.
En la Dirección General de Inmuebles se han registrado en los últimos cuatro años numerosos planos de prescripción que afectan a los catastros 8.039, 212, 213, 214 y 215 del Departamento de Anta. La secuencia se completa con la interposición de demandas en juzgados de la Ciudad de Salta y Metán.
Lo que podría considerarse el ejercicio legal de un derecho del poseedor público, continuo y pacífico de un inmueble, hoy se encuentra bajo sospecha de solo considerar las sorpresivas inversiones que se han realizado para alambrar y desmontar miles de hectáreas y que no se corresponden con la normal explotación que realizaban quienes reconocieron ser pastajeros de Salta Forestal.
Durante décadas, lo efectivamente ocupado se acotó a las hectáreas necesarias para su actividad agro-
pastoril. A ello debe agregarse que muchos de los pastajeros reconocieron esas tierras como pertenecientes a Salta Forestal S.A. a la vez que en el contrato de concesión firmado en el año 2001 con la firma Ecodesarrollo S.A. se le entregó a la concesionaria un listado con la totalidad de los residentes del lugar y el título que invocaban para permanecer en ellos, ordenándose a su vez el inicio de demandas de desalojo para quienes no reconocieron la propiedad del Estado Provincial.
Salta Forestal S.A. es una empresa creada por el Gobierno Provincial en el año 1974 e integrada por 320.905,63 hectáreas. Fue concesionada en mayo de 2000 a Ecodesarrollo S.A. por un período de 35 años con opción a otros 29 para un proyecto de desarrollo biológico, económico y social. Los actuales concesionarios son Ecodesarrollo S.A. y Agropecuaria Cervera S.A. y explotan aproximadamente 44.000 hectáreas con soja y maíz.
Una porción considerable se expone a la judicialización por parte de veteranos residentes que son utilizados para iniciar trámites en los que han sobredimensionado sus pretensiones a cambio de asegurar sentencias que beneficien a inversores ocultos con influencias judiciales. Son los que han puesto el dinero para alambrar miles de hectáreas y que han iniciado los desmontes. El detalle de quienes buscan prescribir tierras de Salta Forestal S.A. es el siguiente:
Catastro 212
- Plano 2046. Titular Andrés Palavecino. Superficie a prescribir: 2.341,6 hectáreas, presentado el 1 de abril de 2011.
- Plano 2069. Titulares Catalino Leonardo Cuellar y Eufemia Herrera. Superficie: 3.343, 98 hectáreas, presentado el 17 de agosto de 2011.
- Plano 2070. Titular Osfaldo Echicoy. Superficie 2.063,59 hectáreas, presentado el 17 de agosto de 2011.
Catastro 213.
- Plano 1961. Titular Benito Ledezma. Superficie: 5.724,6 hectáreas, presentado el 19 de mayo de 2009.
Catastro 214.
- Plano 2057. Titular Juan Manuel Vizgarra. Superficie: 2.948 hectáreas, presentado el 15 de junio de 2011.
- Plano 2058. Titular Luisa M. Figueroa. Superficie: 2.701,25 hectáreas, presentado el 23 de junio de 2011.
- Plano 2062. Titular Aniceto Rojas. Superficie: 3.998,36 hectáreas, presentado el 8 de julio de 2011.
Estos tres planos se unificaron en el Plano n´ 2139 que se presentó el 30 de agosto de 2012 con el agrimensor Marcelo Abdo.
Catastro 8.039
- Plano 1966. Titular Domingo F. Sarmiento. Superficie: 1.478,2 hectáreas, presentado el 2 de julio de 2009.
- Plano 2006. Titular Elba Graña. Superficie: 1.060,9 hectáreas, presentado el 16 de marzo de 2010.
Catastro 215
Parte de la superficie de este catastro está incluido en la pretensión de prescripción veinteañal del plano 2006 mencionado en el catastro 8039 cuyo titular es Elba Graña.
El registro de planos es el paso previo al planteo de demandas judiciales en las que se discutirá si las miles de hectáreas se quedarán en manos de Salta Forestal S.A. o de los productores que se esconden tras la apariencia de derecho de los pastajeros.
Entre el 2012 y 2013 ya se han iniciado varios juicios contra Salta Forestal S.A. por prescripción veinteañal conforme el siguiente detalle:
- Fidel Rodríguez en expediente 391.738/12 del Juzgado Civil y Comercial 11va. Nom. de Salta.
- Reynaldo Paz en expediente 393.942/12 del Juzgado Civil y Comercial 8va. Nom. de Salta.
- Juan Flores y otros en expediente 394.679/12 del Juzgado Civil y Comercial 11va. Nom. de Salta.
- Elba Graña en expediente 398.898/12 del Juzgado Civil y Comercial 3ra. Nom. de Salta.
- Andrés Palavecino y otros en expediente 421.502/13 del Juzgado Civil y Comercial 2da. Nom. de Salta.
- Cuellar, Gregoria; Sarmiento, Darío y otros en expediente 421.512/13 del Juzgado Civil y Comercial 4ta. Nom. de Salta.
- Rojas, Lucio Oscar y otros en expediente 14.695/11 del Juzgado Civil y Comercial 1ra. Nom. de Metán.
Algunas versiones indican que grandes productores son los que han adquirido los derechos posesorios y procedieron a invertir en esos fundos a cambio de entregar superficies menores a los firmantes de los juicios, aunque las mismas no fueron confirmadas. Un indicio que podría dar entidad a estas especies surge de los planos satelitales que denuncian que ya se han realizado las picadas y que también se han alambrado grandes extensiones a un promedio de $20.000 el kilómetro y se pretende iniciar desmontes que acarrean un gasto promedio de U$S2.000 la hectárea. Los pastajeros nunca estuvieron en condiciones de asumir semejantes costos.
El caso de quienes pretenden la posesión de casi 10.000 hectáreas del catastro 214 aparece como vinculado con el productor Daniel Wirsch y cobró difusión en junio de 2011 cuando un abogado apareció denunciando que Cresud S.A. o Agropecuaria Cervera S.A. había intentado, en compañía de la jueza de Paz de Joaquín V. González, hacer firmar engañosamente a sus clientes una cesión de sus derechos posesorios e ingresar con máquinas a esos terrenos.
Luisa Mary Figueroa, Juan Manuel Vizgarra y Aniceto Rojas, buscan una sentencia que le reconozca como propias casi 10.000 hectáreas. Reynaldo Paz, Faustino Flores, Lucio Oscar Rojas y Elba Graña son otros de los puesteros que en el 2011 presentaron sus demandas.
Algunos de esos juicios buscan engañosamente la apropiación de tierras y podrían configurar una estafa. Las pocas hectáreas que podrían reclamar los puesteros se han multiplicado con la aparición de grandes sumas de dinero puestas para alambrados y desmontes. Actualmente una hectárea sin desmontar en esa zona tiene un valor U$S 1.000. La pérdida de 23.000 hectáreas puede estimarse en U$S 23.000.000. Una hectárea productiva asciende en el mercado a U$S4.000, por lo que el daño al patrimonio estatal podría ser mayor.
El directorio de Salta Forestal S.A., presidido por Alfredo Petrón no ha dispuesto medida alguna para salvaguardar la propiedad de la empresa. Por el contrario, un informe elevado por la Auditoría General de la Provincia a la Cámara de Diputados indica que sus reuniones son esporádicas y que la empresa registra un déficit cercano a los 4,5 millones de pesos. Los funcionarios perciben puntualmente sus sueldos.
Ninguna de estas pretensiones fue neutralizada por la autoridad responsable del cumplimiento del contrato. Los directores de Salta Forestal S.A. por decreto n´ 98/11 son Alfredo Petrón, Federico Berruezo, Guillermo Hadad, Juan Domingo Aguirre y Rossana Lía Cabezas.
La cláusula tercera inciso b) del contrato de concesión contempló la situación de los pastajeros y arrendatarios y se estableció que la Provincia iniciaría las acciones legales para el desalojo de quienes invocaban derechos de posesión. Hasta la fecha se desconoce si Fiscalía de Estado cumplió con lo que ordenaba el convenio, en lo que aparece como una negligencia más dentro de la vigencia del contrato originario firmado con Ecodesarrollo S.A. y Agropecuaria Cervera S.A.
La inacción de la Secretaría de Ambiente también se puso en evidencia, ya que no tomó medida alguna en relación a los desmontes clandestinos e ilegales que se vienen realizando en la zona.