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Los seis años de gobierno de Urtubey -que esperamos sean ocho- pasarán a la historia no tanto por sus realizaciones, que cuesta encontrarlas a simple vista, sino por su espíritu pintoresco.
Este rasgo se nota especialmente en su ecléctica política de Derechos Humanos que combina al PRS residual con los sueños de alcurnia de la banda de la alta cilindrada con el montonerismo reciclado de La Ragone. Se podrá decir que el Indio Godoy nunca fue montonero y que el doctor Miguel Ragone, tampoco. Es cierto. El Indio ni siquiera era peronista cuando Ragone era gobernador y Ragone ya no está para decir si le gusta o no que tomen su nombre para lo que lo toman. Pero a Juan Manuel le encanta que crean que él es como Ragone, pero más revolucionario. ¡Anda en moto para parecerse al Che!
La familia Godoy, el Indio y sus retoños, no se parece en nada a los cuadros políticos que seguían al prestigioso ex gobernador.
Tampoco resulta fácil imaginar a la policía de Rubén Fortuny (padre), que eliminó cualquier forma de abuso, con la policía de Urtubey y Pablo López Viñals, este último, cerebro jurídico - de media biblioteca-, fiscal supremo, redactor de informaciones truchas e inquisidor posmoderno.
Aunque parezca mentira, la Ragone les garantizó a ambos la aprobación de la ley que nos devuelve la policía dura de los años treinta.
A Lucas Godoy le dio vergüenza votar el proyecto y rechazó la reforma del Código en la sesión que presidía su papá y jefe político. Opinó que “no es inconstitucional” que la policía pueda requisar personas y autos al voleo. Claro, uno quiere una policía con instrumentos que garanticen efectividad en la lucha contra el delito. El problema es que los instrumentos están pero no los usan. Requisar y detener sin orden del juez no es mejorar a la policía: es sacarle poder a los jueces.
Interesante el sentido de oportunidad: justo sancionan una ley de “mano dura” en la semana en que cuatro policías, entre ellos, un oficial superior, están presos por asesinar a un vecino de Barrio Sarmiento. Ellos “semblantearon” que se trataba de mala gente, fueron a las patadas y, como les contestaron en el mismo tono, buscaron refuerzos y fusilaron al insurrecto. Es fácil imaginarse al “grupo de tareas” si la semblanteada le hubiera indicado que el insurrecto tenía droga: queman el barrio.
Pero el problema es que el que lleva un arma reglamentaria, aunque sea más bueno que el papa Francisco, tiene que estar controlado por un juez. Lucas Godoy notificó su rebeldía: “No estoy de acuerdo por una cuestión personal”. La razón personal es que si votaba a favor se quedaba sin la presidencia de la comisión de Derechos Humanos. La que no dijo nada es la ministra de Derechos Humanos, María Pace. ¡¿Qué va decir, si a ella no le incumben estos temas?!
Afortunadamente sí habló, para echar luz en las tinieblas, el secretario de Seguridad Federico Jovanovics: “Me quedó claro (sic) que lo que se plantea en el Código es que la policía pueda hacer requisas en la vía pública a las personas cuando haya una sospecha razonable que estén en delito...”. Sería bueno que leyera el articulito en cuestión. Lo de las sospechas lo dice Fede: lo que sancionaron los levantamanos automáticos no es que te pueden requisar si te agarran “in fraganti” sino que requisan para ver si te pueden “agarrar in fraganti”. El ministro Eduardo Sylvester tampoco leyó el proyecto y cree que solo autoriza requisa en casos de urgencia y flagrancia”... Ahora bien: ¿Será posible que Sylvester y Jovanovics no hayan leído el proyecto?. Raro, ¿no?