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Colombia lidera el ranking mundial de desplazados con más de cuatro millones de personas en esa condición que, si se reunieran todas en un solo lugar, formarían la segunda ciudad más poblada del país, superada únicamente por Bogotá.
“Para entender la dimensión del desplazamiento forzado bastaría con imaginar el éxodo de todos los habitantes de capitales como Medellín y Cali”, grafica el abrumador Informe General del Grupo de Memoria Histórica (GMH).
Estos datos implican que sólo tomando el período que va de 1985 a 2012, cada hora fueron desplazadas 26 personas en el país.
El trabajo procesa información de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), cuyos datos provienen de un ejercicio de proyección estadística, y del Registro Unico de Víctimas (RUV), que se centra en las denuncias presentadas por ciudadanos.
Esos datos, que son incompletos, aclara el informe, indican que en el período 1985-95 fueron desplazadas de manera violenta 819.510 personas, mientras el RUV contabiliza que entre 1996 y 2002 se sumaron 2.014.893 víctimas.
El desplazamiento forzado afectó gran parte del territorio con el recrudecimiento del conflicto armado: 1.116 municipios registraron expulsión de población por esta causa, lo que equivale a 97 por ciento del territorio nacional.
Toda clase de violencia
El despojo, entendido como expropiación de bienes materiales, ha sido una práctica violenta empleada por los grupos paramilitares y, en menor medida, por las organizaciones guerrilleras.
“Para conseguirlo, los actores armados han recurrido a diferentes mecanismos de coacción y violencia como pillaje, extorsiones, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y violencia sexual que obligaban a los campesinos a abandonar las tierras; una vez deshabitados los campos, los actores armados procedían a ocupar y apropiarse de las mejores tierras”, describe el informe del GMH.
“La estrategia de tierra arrasada aplicada por los paramilitares y los ataques a las propiedades perpetrados por las guerrillas han sido las modalidades más usadas para la ocupación de facto de los territorios y de los bienes”, añade el trabajo.
A partir de datos del Ministerio de Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación y el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio, se estableció que existen más de 8,3 millones de hectáreas (358.937 predios) abandonadas por la fuerza.
Una sola restitución
Una sola de las 450 sentencias de restitución de tierras dictadas en el marco de la ley de víctimas se concretó en Colombia hasta junio de este año, según un informe de la organización internacional Human Rights Watch que documenta asesinatos, amenazas de muerte y desplazamientos forzados.
El trabajo de 203 páginas, presentado el 17 de septiembre y producto de una investigación de 18 meses, destaca que la Unidad de Restitución había examinado hasta junio último cerca de 450 de las 43.500 solicitudes recibidas.
El texto aclara, de todos modos, que “muchos otros beneficiarios de estas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas”.
La ley de víctimas fue promulgada por el presidente Juan Manuel Santos en 2011, “pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.