Dos hábeas corpus se presentaron en las últimas horas para reclamar la “libertad” de una nena de 12 años que fue alojada en un instituto penal pese a que no se la acusa de ningún delito y los empleados la ataron a la cama porque sufría crisis emocionales. La defensora oficial Natalia Buira interpuso una de las demandas y reveló que la niña vive en este tipo de establecimientos hace nueve años pese a que lo prohibe una normativa nacional.
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Dos hábeas corpus se presentaron en las últimas horas para reclamar la “libertad” de una nena de 12 años que fue alojada en un instituto penal pese a que no se la acusa de ningún delito y los empleados la ataron a la cama porque sufría crisis emocionales. La defensora oficial Natalia Buira interpuso una de las demandas y reveló que la niña vive en este tipo de establecimientos hace nueve años pese a que lo prohibe una normativa nacional.
Esta semana se hizo público el caso de una niña que permanece en el hogar El Tránsito, en la calle Bolívar 448, tras haber tenido un problema de conducta. En este lugar están las menores de 18 años que deben hacer tratamientos de rehabilitación por conflictos con la ley penal.
Testigos relataron que, como no saben manejar las crisis de nervios que sufre, los operadores la atan a la cama. Una foto a la que accedió El Tribuno demuestra que ese era el tratamiento que recibía.
La defensora oficial civil Natalia Buira consideró que la nena sufre una “ilegal privación de la libertad” por una medida “arbitraria” que viola las leyes nacionales de salud mental y protección de niños, niñas y adolescentes.
La niña vivía desde los tres años en el Hogar Esperanza, destinado a chicos que atraviesan problemas sociales, y el 24 de octubre la trasladaron al instituto donde permanecía hasta anoche por decisión de la jueza de familia Marta Bossini de Aguilar.
Natalia Buira presentó ayer un hábeas corpus en el juzgado a cargo de Carlos Pucheta para reclamar la “liberación” de la niña. El abogado penalista Santiago Pedroza había hecho una presentación similar por el caso el jueves en el mismo juzgado.
Pedroza dijo ayer que el Pucheta ya había pedido informes al hogar El Tránsito y que, probablemente, su demanda y la de Natalia Buira se acumularían en una única causa.
“Institucionalización”
De acuerdo a lo que trascendió, la nena perdió a su mamá y necesita un tratamiento psicológico con contención permanente.
Buira planteó que “es otra institucionalización crónica por pobreza” y aseguró que vivir en los hogares estatales afecta el desarrollo y la salud mental de los niños.
La defensora remarcó además que, según la ley que protege a los niños, niñas y adolescentes, el Estado tiene la obligación de buscar alternativas para que los chicos que perdieron a sus padres o no pueden vivir con ellos por algún motivo no crezcan en institutos.
“Una de las posibilidades es localizar a tíos, abuelos y otros parientes que puedan hacerse cargo de ellos y darles un apoyo económico si lo necesitan”, sostuvo la defensora.
Entre las salidas que prevé el marco legal vigente también está la adopción o la búsqueda de familias que cuiden a los niños temporalmente hasta que se resuelva la situación por la que no pueden estar en sus casas.
La defensora oficial manifestó que “son ilegítimas” las medidas judiciales por las cuales la niña estuvo durante años en el hogar Esperanza y ahora está en El Tránsito.
La ley de salud mental dice que los pacientes con sufrimiento psicológico o emocional tienen derecho a tener el tratamiento más conveniente y a que la internación sea un último recurso.
La norma también especifica que no se puede internar a una persona para resolver un problema de pobreza o falta de vivienda.
Psicólogos muestran preocupación
Irma Silva, presidenta del Colegio de Piscólogos de Salta
El Colegio de Psicólogos de Salta reclamó al Gobierno de la Provincia crear en lo “inmediato” programas para atender los problemas de salud mental. En un comunicado que firmó su presidenta, Irma Silva, el organismo expresó preocupación tras el caso de la nena de 12 años que sufre crisis emocionales y está alojada en el hogar El Tránsito, destinado a chicas en conflicto con la ley.
“Ante el caso de público conocimiento de una niña que padece problemáticas de salud mental, y que sufre una internación en un lugar totalmente inadecuado... el Colegio de Psicólogos decide instar a los organismos de competencia del Estado Provincial a dar lugar a la implementación inmediata de los dispositivos necesarios para la atención sanitaria adecuada... en el marco de los derechos humanos, el respeto y la inclusión social de aquellos que sufren padecimiento mental”, difundió la institución.
En un comunicado que llegó a los medios de comunicación, el organismo remarcó que la ley de salud mental consagra el derecho de los pacientes “a la inclusión social, la atención sanitaria acorde, los vínculos familiares y afectivos, la no discriminación y la intimidad”.
El texto también destaca que las personas con sufrimiento mental deben vivir en contacto con la comunidad y estar informadas de los tratamientos que recibirán.
Desde el Poder Judicial se argumentó que la nena había sido alojada en un instituto penal porque no existen espacios que puedan recibir a niños que necesitan tratamientos psicológicos o psiquiátricos desde que la Provincia cerró un programa de Salud Mental.
Natalia Buira: “Siguen sin cumplir la ley”
La defensora oficial civil Natalia Buira consideró que el Gobierno de Salta “sigue sin cumplir la ley” de protección a niños, niñas y adolescentes porque no genera alternativas distintas a la “institucionalización crónica” para chicos que no pueden vivir con sus padres o los perdieron.
Buira había presentado un recurso de amparo para que la Provincia pusiera esfuerzos en políticas como buscar familias temporales para los niños o generar las condiciones para que algún pariente biológico pueda cuidarlos con apoyo del Estado.
Tras la demanda, en junio de 2012 la Secretaría de Igualdad de Oportunidades se comprometió a generar mecanismos de protección para los chicos que se encuentran en esta situación.
La Provincia también prometió revisar todos los casos de los chicos que estuvieran viviendo en institutos estatales para buscarles otras alternativas.
“Nada de eso se cumplió. El hecho de que esta niña esté internada desde 2004 demuestra que las cosas no cambiaron”, dijo la defensora oficial. La letrada también llevó adelante una batalla legal por tres hermanos que pasaron 14 años en hogares y lograron irse a vivir con una tía el año pasado.
Buira también cuestionó que no se haya hecho nada para crear en la provincia el cargo de defensor de los chicos, figura que está prevista en la ley de niños, niñas y adolescentes.