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Los querellantes de la investigación por supuesto espionaje realizado por Gendarmería Nacional conocido como “ Proyecto X”, en contra de dirigentes políticos, sindicales y sociales, pidieron ayer en forma unificada la declaración indagatoria de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y del senador kirchnerista Aníbal Fernández.
Fuentes judiciales informaron que por medio de un escrito dejado ante el juez federal Sebastián Casanello pidieron la indagatoria de ambos funcionarios como responsables de las maniobras de espionaje, el cual fue un “plan nacional de larga duración”.
“En atención a la profundidad, duración de las tareas ilícitas que han venido desarrollando miembros de Gendarmería, resulta notoria y manifiesta la responsabilidad que corresponde atribuir a quienes ejercían funciones ministeriales y que tenían el control, responsabilidad y obligación de supervisión sobre dicha fuerza”, se señaló en el pedido.
Plan nacional
Según se informó, los organismos denunciaron “un verdadero plan nacional de inteligencia ilegal de larga duración” que “se viene desarrollando desde hace muchos años a lo largo y ancho de todo el país”.
Dicho plan “persigue, investiga, infiltra y hace inteligencia, en especial, sobre organizaciones y referentes sociales, partidos políticos, organizaciones y dirigentes gremiales y sindicales, organismos de derechos humanos y religiosos con tareas de índole social”, describieron.
Los pedidos de indagatoria fueron realizados por Liberpueblo , Partido Obrero y la Asociación de Detenidos Desaparecidos , entre otros, bajo el patrocinio del abogado Patricio Gaynor, cuyos representantes se reunieron ayer con el juez Casanello.
En la causa se investiga si Gendarmería Nacional realizó espionaje interno a dirigentes sindicales, sociales y políticos y acopió información de sus movimientos y actividades en el llamado “Proyecto X”, una base de datos que el titular de Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció que existía.
Schenone dijo ante la Justicia que la información del “Proyecto X” se obtenía a pedido de jueces en el marco de investigaciones.
En la causa judicial una pericia halló informes en computadoras que fueron secuestradas en Campo de Mayo y se difundieron documentos que dan cuenta del seguimiento a la titular de Madres de Plaza de Mayo , Hebe de Bonafini, a delegados de la empresa Kratf y al sacerdote “villero” José María “Pepe” Di Paola .
Desde el año 2004
Los organismos señalaron que hay documentos que dan cuenta que el espionaje se realizó desde 2004, cuando Aníbal Fernández era ministro de Justicia a cargo de Gendarmería, y hasta el año pasado, cuando la fuerza estaba bajo el mando de Garré, quien asumió a fines de 2010 en el Ministerio de Seguridad. “Es indudable que jamás se ha podido llevar adelante un plan ilegal de semejante envergadura, extensión territorial y temporal (el que, además, había sido denunciado, pública, mediática y judicialmente) sin contar con un expreso conocimiento y autorización por parte de quienes tenían responsabilidad política sobre dicha fuerza”, señala el pedido de indagatoria. Se espera con las declaraciones de Garré y Fernández echar luz sobre los entretelones de este siniestro plan de espionaje.