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El cierre del debate de anoche, en Diputados, a cargo del oranense Antonio Hucena, resumió las contradicciones en que quedaron encerrados los oficialistas tras la denuncia de favoritismos en la adjudicación de viviendas en Lomas de Medeiros. El jefe de la bancada del PJ debió reconocer “el drama de 30 mil familias”, ante las intervenciones de Javier David, quien pidió que “después de gobernar seis años no sigan hablando del pasado” y de Guillermo Durand Cornejo, que destacó que “los que necesitan casa son los que deben sentirse agraviados”.
Hucena intentó reivindicar la política habitacional de Urtubey y mencionó algunas viviendas para “los hermanos aborígenes”, -unas 500- a las que consideró prioritarias para la actual gestión, aunque no precisó dónde se ubican.
No obstante, también reivindicó los planes de viviendas para profesionales o para “clase media” en un alegato poco claro que, al igual que todos los discursos oficialistas trató de evitarle a Urtubey el compromiso de despedir de su cargo al secretario Legal y Técnico, Pablo Robbio Saravia, y de explicar con mayor precisión por qué el 66 por ciento de las casas de Lomas de Medeiros fueron entregadas de manera discrecional, por qué hubo tantas marchas y contramarchas, sumadas a inexplicables demoras y por qué, finalmente, el Gobernador desadjudicó todas las viviendas, en un virtual reconocimiento de irregularidades.
Frente a la presión de las redes sociales, que destilan indignación, algunos diputados oficialistas cometieron el error de culpar a los medios de comunicación y a la oposición política. Hucena fue muy preciso, aunque quizá sin medir el alcance de sus palabras: “En un año electoral, buscan despertar la indignación de miles de personas que padecen necesidad”, dijo el legislador oranense.
A diferencia de algunos de sus pares oficialistas, admitió que la indignación es genuina, tanto como que el déficit habitacional en la provincia alcanza a 30.000 familias.
Los diputados se enfrascaron en casi dos horas de duro debate político, secuela directa del escándalo por la adjudicación de casas a funcionarios, empresarios, parientes y amigos del Gobierno provincial. El oficialismo, en su intento por minimizar el problema, terminó ratificando que la desadjudicación de 39 casas dispuesta por el gobernador Urtubey el lunes, es la admisión de un error.
“En Salta hay errores en la administración, en el otorgamiento de viviendas, no es nada nuevo”, sostuvo el oficialista Miguel Calabró. Lo llamativo de su exposición fue que en su intento por explicar lo sucedido sostuvo que “siempre hubo tráfico de influencias” en el ámbito estatal. “Díganme si algún vecino no le pidió un favor... es cultural y esto es lo que hay que cambiar”, señaló y consideró que en esa línea de mayor transparencia está el Gobierno.
Los únicos agraviados
El diputado del Partido Conservador Popular, Guillermo Durand Cornejo, acusó a sus pares oficialistas de que “ninguno, durante el debate, se acordó de los únicos que tienen derecho a sentirse agraviados con la adjudicación de casas a amigos: más de 30.000 familias que esperan con un promedio de 15 años por una casa, y que no tienen la suerte que tiene un funcionario recién llegado al Gobierno de conseguir una”.
Opinó que el Ejecutivo provincial “debe atender a los más vulnerables” y que el IPV “no sea solo una oficina constructora sino que cumpla la función social que tiene asignada”.
La diputada Virginia Dieguez hizo mención al carácter excepcional de la operatoria del IPV en Lomas de Medeiros. “El IPV tiene carácter social, las excepciones deberían establecerse hacia abajo, no hacia arriba, hacia la gente que menos tiene”, afirmó.
Antes de iniciar el debate del orden del día, el cuerpo resolvió invitar para la próxima semana -sin fecha ni hora definida aún- al presidente del IPV, Fernando Alesanco, para que informe sobre la política habitacional de la Provincia.