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Finalmente, a partir de hoy entra en vigencia la ordenanza ad referéndum que permite la instalación de industrias de mediano y bajo impacto ambiental en un área de 40 hectáreas en San Luis. Pero comienza su vigencia teñida de dudas que vecinos y concejales intentan despejar para evitar que esas parcelas se conviertan en su máxima sospecha: un polo industrial.
Si bien el municipio ya les aclaró en reiteradas oportunidades que no es posible radicar allí un parque ni siquiera una zona industrial, las sospechas se apoyan en las versiones de que detrás de la iniciativa que llegó desde el Gran Bourg, habría políticos y empresarios interesados en hacer un parque industrial privado.
Un legislador comunal explicó en off de récord: “las versiones que motivaron que se realicen investigaciones parten de que hay un legislador nacional y un importante empresario financiero que estarían detrás del proyecto”. Y pidió que se preserve su identidad en tanto no se confirmen los datos.
Según las versiones que se manejan, lo que se intentaría es que una vez en vigencia la ordenanza, ya se podrán tramitar en la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad los Certificados de Aptitud Ambiental (CAM), los cuales son imprescindibles para gestionar créditos blandos que otorga la Provincia para desgravaciones impositiva que se acercarían a los $8 millones de dólares (considerando la valuación fiscal del lugar). Del total de 40 hectáreas (que muchos años atrás eran de la familia Patrón Uriburu), 20 pertenecen al Círculo Médico, que pretende levantar allí viviendas para sus asociados. Algunas versiones aseguran que quienes están detrás de la iniciativa le ofrecerán comprarselas en una jugosa suma. Otras 10 hectáreas pertenecen a dos particulares, uno de los cuales impulsó el proyecto para que se aprobara la polémica ordenanza.
Ayer, en diálogo con El Tribuno, los vecinos sostuvieron que se resistirán a que se aplique la norma. “Se presentó con la idea de poner una ensambladora de muebles. Pero algo no cierra”, explicó otro.
Vecinos indignados y concejal se defiende
No quieren ceder. Los vecinos dijeron que no van a dar marcha atrás. No van a permitir que empresas de mediano y bajo impacto se instalen sobre las parcelas ubicadas al lado Este de la circunvalación (oeste) en la localidad de San Luis, pese a que ello hoy está permitido. Reclaman contra los concejales y el municipio que permitió, por pedido de la Subsecretaría de Industria de la Provincia, que se introdujera una excepción urbanística allí. En diálogo con El Tribuno, Fany Velarde, secretaria de Planeamiento Urbano municipal explicó que “evaluamos y estudiamos profundamente el tema con un equipo de profesionales. Le puedo garantizar a los vecinos que no va a haber ningún perjuicio para ellos”. Quien salió a defender el proyecto y a garantizar de que no hay malas intenciones fue el jefe de Gabinete municipal Roque Mascarello. “Se que se trata de una jugada política de los concejales. Es un proyecto limpio, transparente como todo lo que hacemos”. Ambos funcionarios descartaron de raíz que haya falta de transparencia en la iniciativa. “Vamos a probarlo en la Justicia si es necesario. Somos honestos y transparentes. No tenemos porqué permitir ese tipo de operaciones políticas”, expresó con enojo Mascarello. La bronca de los vecinos estalló el miércoles cuando los concejales del oficialismo no prestaron quórum para que se derogue la ordenanza que habilita la llegada de empresas de servicios en una zona de San Luis. Frida Fonseca, presidenta del bloque del PJ en el Concejo, fue criticada por los vecinos y los medios de comunicación cuando los primeros denunciaron que ella les prometió que no se instalarían empresas en San Luis. “Hubo un mal entendido” aclaró Frida. “Yo hablé con los vecinos. Me contaron el problema. Luego, tuvimos reuniones donde se nos explicó que los vecinos no serían afectados. Por eso es que decidimos apoyar la generación de esa zona, que va a traer más trabajo. La oposición desvirtuó todo. Jamás traicioné a nadie”, dijo.
Vecinos indignados y concejal se defiende
No quieren ceder. Los vecinos dijeron que no van a dar marcha atrás. No van a permitir que empresas de mediano y bajo impacto se instalen sobre las parcelas ubicadas al lado Este de la circunvalación (oeste) en la localidad de San Luis, pese a que ello hoy está permitido. Reclaman contra los concejales y el municipio que permitió, por pedido de la Subsecretaría de Industria de la Provincia, que se introdujera una excepción urbanística allí. En diálogo con El Tribuno, Fany Velarde, secretaria de Planeamiento Urbano municipal explicó que “evaluamos y estudiamos profundamente el tema con un equipo de profesionales. Le puedo garantizar a los vecinos que no va a haber ningún perjuicio para ellos”. Quien salió a defender el proyecto y a garantizar de que no hay malas intenciones fue el jefe de Gabinete municipal Roque Mascarello. “Se que se trata de una jugada política de los concejales. Es un proyecto limpio, transparente como todo lo que hacemos”. Ambos funcionarios descartaron de raíz que haya falta de transparencia en la iniciativa. “Vamos a probarlo en la Justicia si es necesario. Somos honestos y transparentes. No tenemos porqué permitir ese tipo de operaciones políticas”, expresó con enojo Mascarello. La bronca de los vecinos estalló el miércoles cuando los concejales del oficialismo no prestaron quórum para que se derogue la ordenanza que habilita la llegada de empresas de servicios en una zona de San Luis. Frida Fonseca, presidenta del bloque del PJ en el Concejo, fue criticada por los vecinos y los medios de comunicación cuando los primeros denunciaron que ella les prometió que no se instalarían empresas en San Luis. “Hubo un mal entendido” aclaró Frida. “Yo hablé con los vecinos. Me contaron el problema. Luego, tuvimos reuniones donde se nos explicó que los vecinos no serían afectados. Por eso es que decidimos apoyar la generación de esa zona, que va a traer más trabajo. La oposición desvirtuó todo. Jamás traicioné a nadie”, dijo.