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Los proyectos para democratizar la Justicia siguen generando críticas. Sin embargo, las propuestas van por un camino directo a la aprobación, puesto que se espera que al menos tres de las iniciativas cuenten entre mañana y el jueves con media sanción en el Senado.
Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) se afirmó ayer que los proyectos gubernamentales de reforma del Poder Judicial buscan “sustituir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de uno de los poderes del Estado y promueven la partidización del Consejo de la Magistratura”.
“Esta asociación manifiesta que los proyectos de ley presentados alteran sustancialmente el funcionamiento de la Justicia y de ninguna manera atienden a una reforma que amplíe las posibilidades de ejercer derechos”, sostuvo la entidad a través de un comunicado.
“Estos proyectos pretenden terminar con el carácter de poder del Estado de la Justicia, haciendo depender a los jueces de un órgano dominado por la mayoría electoral circunstancial y con un sistema que permite la fácil selección o acusación según el criterio de ese partido que contará con las dos terceras partes del cuerpo”, agregaron, y pidieron ser invitados al Congreso a debatir los proyectos.
La AMFJN denunció que “se pretende sustituir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de uno de los poderes del Estado, vaciándola de las funciones que constitucionalmente le son inherentes”, en referencia a la quita de funciones financieras al máximo tribunal que propone una de las iniciativas.
Y consideró que “se promueve la partidización del Consejo de la Magistratura”, por la elección popular de sus miembros.
“El funcionamiento del Consejo de la Magistratura en los últimos quince años evidenció la dificultad de un órgano deliberativo para ejercer sus funciones, situación que se vería agravada con la nueva composición que se propone, que no resulta respetuosa del equilibrio que la Constitución Nacional prescribe”, explicaron los jueces sobre el proyecto de reforma. Agregaron que las iniciativas tienen “serios reparos constitucionales” y que “no atienden a los verdaderos problemas que distancia al Poder Judicial de las soluciones prácticas que la sociedad requiere”.
En ese sentido, pusieron como ejemplo “la incorporación del juicio por jurados para delitos de corrupción de funcionarios públicos”.
“No afecta en nada”
Por su parte el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Agustín Rossi, aseguró que el cacerolazo convocado en las redes sociales para el próximo jueves no cambiará la postura oficial respecto de los proyectos enviados por Cristina Kirchner al Congreso para reformar la Justicia.
“Somos legisladores y fuimos elegidos por el mandato popular. No hay momento más sublime para la democracia que el momento electoral. Se sella un pacto entre la sociedad y sus representantes. Ningún otro momento es superior a ese”, aseguró Rossi al referirse a su labor en el Congreso justamente el día en que se convocó a un cacerolazo nacional. Impulsados por el rechazo a los proyectos, los partidos de la oposición anunciaron que participarán de la protesta del jueves.
“Yoma tiene que irse”, dijo Rossi
El jefe del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, sostuvo ayer que Jorge Yoma “tendría que dejar voluntariamente” la presidencia de la comisión de Justicia porque el oficialismo no le dio esa responsabilidad “para defender las ideas de la oposición” en materia de reforma judicial. Rossi admitió que “por supuesto” Yoma tiene derecho a disentir con los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso y “puede marcar su diferencia, su posicionamiento”, pero advirtió que “lo que no puede hacer es privarle al bloque del oficialismo de tener su principal vocero” en cuestiones de la Justicia. “Yoma no es un diputado vocal de la comisión de Justicia, es el compañero que nosotros en su momento consideramos que nos tenía que representar para defender las ideas del oficialismo”, dijo el jefe del bloque kirchnerista.
El CELS expondrá sus críticas a dos comisiones
Dirigentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expondrán mañana sus críticas al proyecto oficial de regulación de las medidas cautelares ante un plenario de dos comisiones del Senado, al que concurrirán integrantes de bloques opositores que la semana anterior se negaron a participar en las reuniones de debate.
Las objeciones a la iniciativa oficialista serán planteadas por el presidente del CELS, el periodista Horacio Verbitsky, quien advirtió el domingo en su columna semanal de Página 12 que el proyecto oficial es de “dudosa constitucionalidad”.
En el encuentro, que se iniciará a las 11 en el Salón Azul de la Cámara Alta, estará presente además el ministro de Justicia, Julio Alak, y el viceministro Julián Alvarez.
En tanto, “Justicia Legítima”, afín al kirchnerismo, anunció que trabaja en una “propuesta superadora” a la presentada por el Gobierno sobre las medidas cautelares.