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Pese a las modificaciones que el oficialismo tuvo que introducir, logró con 39 votos afirmativos aprobar en el Senado la iniciativa que regulará las medidas cautelares dictadas contra el Estado. El proyecto ya pasó a Diputados.
La iniciativa del paquete judicial fue aprobada con 39 votos a favor y 29 en contra. El kirchnerismo logró culminar así un trámite exprés en el Senado, a pesar del fuerte rechazo opositor.
La sesión especial comenzó, a las 12.58, con la presencia del Frente para la Victoria (FpV) y aliados, mientras que la oposición se sumó al recinto una vez iniciado el debate.
Al comenzar la sesión hubo una gran expectativa en cuanto a las modificaciones a realizar en el dictamen original, alternativa que quedó abierta después de las críticas expuestas este martes por Horacio Verbitsky, en nombre del CELS, y los cambios sugeridos por el secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez. Al final, se aceptaron propuestas de los dos.
Los cambios impuestos
En el caso de la restricción a las cautelares, la iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo sufrió cambios luego del debate en comisión donde participó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Una de las modificaciones impide al Estado plantear recurso contra huelgas, pero no a protestas sociales. Así, se podrá dictar cautelar sin respuesta del Estado cuando “se trate de sectores vulnerables” y cuando se comprometa la “vida digna” conforme a Convención Interamericana Derechos Humanos.
La iniciativa fue duramente criticada por la oposición y por especialistas en derecho como una medida que pone al Estado en una situación de privilegio sobre los ciudadanos, al limitar la capacidad de presentar recursos de amparo en su contra. El oficialismo argumentó que apunta a proteger al Estado.
Fuerte debate entre oficialistas y opositores
El debate fue con fuertes cruces entre oficialistas y opositores. El primero en hacer uso de la palabra fue el senador kirchnerista y titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta, Pedro Guastavino (Entre Ríos), quien aseguró que “ningún ciudadano será perjudicado” con la iniciativa, y dejó en claro que las excepciones tendrán lugar cuando la cautelar esté referida a “sectores socialmente vulnerables” o cuando se encuentren “comprometida la vida digna”, la salud, un “derecho de naturaleza alimentaria” o de “naturaleza ambiental”.
Desde el radicalismo, el formoseño Luis Naidenoff destacó: “Más allá del mentado discurso de la lucha contra las corporaciones o que hay cautelares que dilatan decisiones del Estado, los mayores perjudicados son los ciudadanos; particularmente los sectores más vulnerables”-
Por su parte, el legislador del Frente Amplio Progresista (FAP) Luis Juez señaló que la iniciativa “no tiene nada de nacional y progresista”, y que se está “castigando al ciudadano”.
Las senadoras del interbloque del peronismo disidente Sonia Escudero (Salta) y Liliana Negre de Alonso (San Luis) rechazaron rotundamente el proyecto.
La primera manifestó que con la iniciativa, la sociedad tendrá “una nueva causa de incertidumbre en un país que va perdiendo seguridad jurídica”, mientras que la segunda resaltó: “La cautelar es la garantía de las garantías, eso estamos regulando en contra de ciudadanos”.
Otro de los senadores radicales que rechazó el proyecto en el recinto fue el correntino Eugenio “Nito” Artaza, quien expresó: “Estamos de acuerdo en que es necesario regular las cautelares porque nos oponemos a quienes hacen negocios con las cautelares, pero tenemos que estar muy atentos para no perjudicar a los ciudadanos, porque nosotros tenemos que defender sus derechos”.