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El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Manuel Garrido consideró que la iniciativa oficial para regular cuándo la Justicia puede dictar una medida cautelar en contra del Estado implica limitar la protección a los ciudadanos. El legislador radical estuvo en Salta el viernes y participó, en el Colegio de Abogados, de un debate sobre los proyectos de ley para reformar la Justicia que impulsa el kirchnerismo.
Garrido dijo que ningún punto del plan apunta a lograr un sistema más ágil y consideró que los cambios que se promueven se contradicen con una de las banderas del Gobierno de la Nación: los derechos humanos.
El diputado, que también fue director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, cuestionó la iniciativa para cambiar la forma de integrar el Consejo de la Magistratura, órgano que designa y remueve a los jueces. “Entre las corporaciones y los sectores más desfavorecidos de la sociedad hay una amplia cantidad de personas a las que se les va a aplicar este esquema restrictivo”, señaló.
¿Los proyectos que impulsa la Nación pueden democratizar la Justicia en algún punto?
Nuestra opinión es que se dice que se va a democratizar la Justicia pero se está posibilitando que el Poder Ejecutivo tenga el dominio sobre el Consejo de la Magistratura y pueda nombrar o remover a jueces más fácilmente.
Eso tiene poco que ver con democratizar. Va implicar un recorte en el derecho de acceder a una Justicia independiente.
Imaginemos en qué situación va a estar un juez que se encuentra amenazado por la posibilidad de ser removido fácilmente por una decisión que pueda afectar al Gobierno.
Hemos planteado nuestro rechazo al paquete tal como está. Una verdadera democratización de la Justicia requeriría una visión más integral y una discusión más profunda.
¿Ve mal la iniciativa para que se elija por voto popular a quienes van a integrar el Consejo de la Magistratura?
No objetamos en sí el hecho de la elección. Lo que cuestionamos es la manera en que se establece, de forma simultánea con la elección presidencial y con la inclusión de los candidatos en la boleta partidaria. Eso, conjuntamente con el aumento de miembros del Consejo de la Magistratura y la reducción de las mayorías necesarias para nombrar o echar a jueces hace muy previsible que el Poder Ejecutivo tenga el dominio total del Consejo de la Magistratura.
¿Las medidas cautelares en contra del Estado necesitan alguna regulación como plantea el proyecto oficial?
Las medidas cautelares son un mecanismo para preservar la protección judicial de los derechos humanos. Ponerse a tocar la regulación de las cautelares es una cuestión muy delicada, porque se está afectando derechos humanos.
De hecho, la propuesta que hizo el Gobierno fue exagerada porque plantea una regulación muy restrictiva que afecta esa protección. Tanto, que organizaciones de derechos humanos afines al Gobierno tuvieron que salir a objetar la redacción y pudieron corregir un poco.
El texto se presenta como un recorte para las corporaciones pero va afectar a cualquier persona que tenga que hacer un reclamo o que pueda ver violado alguno de sus derechos por una decisión del gobierno.
Una medida cautelar impidió una suba importante del gas que se había aplicado como consecuencia de una decisión de la Nación ¿Le parece que esta misma decisión judicial sería posible si se aprueba la reforma?
Los derechos de incidencia colectiva y de los consumidores no están previstos entre las excepciones a la regulación de las cautelares que han planteado.
El espíritu de la propuesta es extremadamente restrictivo y, si bien se han considerado algunas excepciones referidas a sectores que estén en situación de necesidad económica, da lugar a discusión.
Hay un montón de derechos que tiene cualquier persona sin integrar un colectivo en situaciones de pobreza extrema que claramente van a quedar afuera de la protección de las medidas cautelares.
Entre las corporaciones y los sectores más desfavorecidos de la sociedad hay una amplia cantidad de personas a las que se les va a aplicar este esquema restrictivo.
¿Las nuevas cámaras de Casación que se proponen como parte de la reforma judicial van a demorar o agilizar los procesos?
Es agregar una instancia más. Una cuestión muy contradictoria en el paquete es que no hay ni una medida que apunte a acelerar la Justicia.
Se pone un tope de seis meses a las medidas cautelares pero no se establece ningún mecanismo que agilice el proceso de fondo por el que se va a discutir un derecho.
Se agrega un nivel de apelación más, que son las cámaras de Casación, pero no se hace ninguna modificación procesal más.
Es obvio que esto va a alargar los juicios porque van a seguir siendo burocráticos. Los mismos vicios que ya tiene la Justicia se van a aumentar.
Las cámaras también van a ser cubiertas con un procedimiento exprés. Claramente la finalidad que se persigue es política.
¿Va a votar en contra de todo el paquete?
Decidimos votar en contra de todo el paquete porque entendemos que la esencia es imponer la voluntad del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Lo demás son adornos.
¿Qué opina del proyecto para que las declaraciones juradas de los jueces sean públicas?
Vengo trabajando con el tema. El sistema de publicidad de declaraciones juradas es una política pública que viene aplicándose hace mucho tiempo.
Estamos de acuerdo con la publicidad, pero hay una trampa en el formulario que se va a utilizar porque tiene menos información que el formulario que llenan actualmente los funcionarios públicos.
Se dice que van a publicar en internet, pero lo que se va a publicar es una información mucho más superficial que la que hoy debemos exponer los funcionarios. No estarán individualizados los inmuebles, quiénes son acreedores o deudores o quién tiene otro ingreso distinto al salario.
Como antiguo miembro de la Oficina Anticorrupción, ¿qué opina sobre la denuncia sobre lavado de dinero que se conoció en los últimos días a nivel nacional?
Con la diputada Graciela Ocaña hicimos dos presentaciones. Una ante la Justicia Federal pidiendo que se investigue a fondo lo que se reveló en el programa Periodismo para Todos. También hicimos una presentación ante la Justicia suiza para que se verifique la existencia de cuentas en un banco suizo que se mencionó en el informe.
Nuestra expectativa es que el tema se investigue a fondo. Se ha banalizado en los programas de la farándula esta cuestión. Es mucho más grave que lo que se quiere hacer ver. Estamos ante un delito de lavado de dinero.