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El sorteo de las casas del barrio Lomas de Medeiros, previsto para hoy, se sostiene con un hilo finito. Existen en la Justicia al menos ocho recursos de amparo que solicitan la suspensión del acto fijado para las 16, en Enjasa. Los adjudicatarios y sus abogados están pendientes porque la decisión de un juez o de la Corte (un caso subió al máximo tribunal provincial) podría detener el sorteo.
La adjudicación de las viviendas que el IPV construyó en las Lomas de Medeiros quedó envuelta en un escándalo a principios de este mes, cuando se supo que varias habían sido entregadas a empresarios, amigos y funcionarios del Gobierno provincial, varios de ellos incluso ya propietarios de inmuebles.
En una reacción, que para algunos fue apresurada y carente de sustento legal, el gobernador Juan Manuel Urtubey dispuso -el 8 de abril- desadjudicar 39 viviendas y volverlas a sortear hoy. El IPV formalizó la decisión a través de la resolución 339.
Desde aquel día, al menos ocho personas que habían recibido una casa en ese barrio fueron a la Justicia a pedir que se suspenda la nueva elección de adjudicatarios. El principal fundamento es que ellos cumplen los requisitos, no son propietarios y, por lo tanto, se sienten perjudicados por la disposición.
“Es un papelón”
El abogado Santiago Pedroza, defensor de una de las preadjudicadas que presentó un amparo ante el juez de Procesos Ejecutivos, Carlos Isa, remarcó que la resolución 339 atenta contra derechos adquiridos de los beneficiarios, además de generarles perjuicios que darían lugar a nuevos juicios contra la Provincia.
Sostuvo que los derechos adquiridos devienen de la existencia de un sistema de ahorro previo (los preadjudicatarios pagaron un anticipo de $75.000), del cumplimiento de los requisitos del IPV (ingresos de $15.000 y no ser propietario) y del hecho de que las viviendas ya fueron sorteadas para darlas con número de manzana y casa a cada inscripto.
“La decisión del gobernador Urtubey no tomó en cuenta que entre los 39 adjudicatarios hay personas que reunían todos los requisitos”, afirmó.
En ese grupo hay quienes habían comenzado a comprar muebles para ocupar las casas, otros proyectaban ampliaciones, varios se endeudaron para completar los $75.000 del pago previo y hay quienes rescindieron sus contratos de alquiler porque ya recibían las casas.
“Técnicamente esto es un papelón; se vulneraron todos los derechos de las personas. La desadjudicación ha sido una reacción política a un problema técnico y jurídico”, observó.
el escándalo por día
Viernes 5 de abril Se desata el escándalo por la adjudicación de casas del barrio Lomas de Medeiros, a amigos y funcionarios del gobierno de Juan Manuel Urtubey. FM Capital publica el listado con los 67 nombres de los beneficiarios. Varios incumplen la normativa del IPV ya que son propietarios.
Lunes 8 El gobernador Urtubey anuncia la desadjudicación de 39 de las 76 viviendas de Lomas de Medeiros. Fija un nuevo sorteo para el 22 de abril, en el que podrán participar los anteriores preadjudicatarios.
Martes 9 Se formaliza el anuncio: el IPV emite la resolución 339/13 por la que revoca la adjudicación de las 39 casas. Para ser parte del nuevo sorteo se debe actualizar la ficha familiar, tener un ingreso de $15 mil y hacer un aporte de $75 mil.
Miércoles 10 Se presenta en el Ministerio Público una denuncia por presunto accionar delictivo de funcionarios en la adjudicación de Lomas de Medeiros. Sus autores: Carlos Morello y Carlos Saravia. x Lunes 15 Diego Villazón, a quien se le retiró la casa que le habían adjudicado, impugnó el nuevo sorteo ante el IPV. Planteó vicios de nulidad en la resolución 339 y dejó abierta la vía judicial.
Miércoles 17 Se presentan al menos 8 amparos judiciales contra las desadjudicaciones. Por decreto, el gobernador Urtubey modifica las normas de adjudicación de casas del IPV. Extiende el plazo máximo de pago de 20 a 30 años y prevé la creación de planes especiales para los sectores más vulnerables. Excluye al gobernador y sus funcionarios del acceso a casas del IPV mientras ejerzan el cargo.
Viernes 19 Venció el plazo para depositar $75.000 que el IPV exige para participar en el nuevo sorteo. El juez civil Federico Cortés excluyó del sorteo a una vivienda. Uno de los amparos pasó a la Corte de Justicia de Salta luego de que el juez Juan Antonio Cabral Duba se declarara incompetente para actuar en el caso.