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El juez federal Sebastián Casanello ordenó ampliar el peritaje informático en la investigación sobre supuesto espionaje ilegal que habría ejercido Gendarmería Nacional sobre dirigentes sindicales, políticos y/o sociales así como organismos de derechos humanos.
Según documentación reciente del expediente, el juez ordenó ampliar el peritaje al experto informático Gustavo Presman, quien trabaja en colaboración con un agente de la Secretaría de Inteligencia, y con el fin de discriminar la información que se recabó hasta el momento, entre lo que es el edificio Centinela, cede central de la fuerza, o bien pertenece a Campo de Mayo.
La ampliación de pericia es a raíz que aún persisten muchas dudas sobre la forma en que se recababa la información sobre determinados dirigentes y por el cual el perito Pressman mismo aconsejó ampliar el estudio informático para le cual ya se estableció un “plan de trabajo”.
En esa declaración, el perito Pressman detalló que “no hay una explicación clara del procedimiento de búsqueda realizado” en la cede de Campo de Mayo por parte de Gendarmería, y que para acceder a los soportes informáticos se necesitan “dos claves”, una para ingresar al servidor y otra para poder acceder al soporte conocido como proyecto X.
También el juez Casanello busca determinar si fueron borrados archivos de los discos rígidos secuestrados y si se accedía al sistema con una contraseña o bien al mismo podía hacerlo cualquiera sin clave.
Entre otras dudas también lo están la fecha de creación de algunos archivos, cuándo y por quiénes fueron modificados y en lo posible, qué usuario lo realizó.
En marzo, el conjunto de querellas de la causa le pidió al juez que cite a indagatoria a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y al ex ministro de Justicia y actual senador nacional kirchnerista, Aníbal Fernández, a quienes acusaron de ser responsables de “un verdadero plan nacional de inteligencia ilegal de larga duración”.
“Resulta notoria y manifiesta la responsabilidad que corresponde atribuir a quienes ejercían funciones ministeriales y que tenían el control, responsabilidad y obligación de supervisión sobre dicha fuerza”, sostuvieron las querellas.
“Se persigue, se investiga, se infiltra y se hace inteligencia, en especial sobre organizaciones y referentes sociales, partidos políticos, dirigentes gremiales y sindicales, organismos de derechos humanos y religiosos con tareas de índole social”, según ese escrito suscripto, entre otras organizaciones tales como el Partido Obrero, Liberpueblo, la Corriente Clasista y Combativa y el MST.
Fuente: Infobae