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La Cámara de Diputados aprobó hoy las dos primeras leyes del paquete de proyectos de reforma judicial, referidas a la regulación de las medidas cautelares contra el Estado y a la creación de nuevos tribunales de Casación.
La ley que regula las medidas cautelares fue sancionada con 126 votos postivos y 10 negativos, en tanto que la creación de las Cámaras obtuvo 126 voluntades a favor y 8 en contra.
Las dos normas se aprobaron cerca de las 9:00 y prácticamente sin discusión, ya que, salvo la Coalición Cívica, el resto de la oposición se había retirado del recinto tras el revuelo generado durante la votación de la reforma del Consejo de la Magistratura.
La nueva norma que regula las medidas cautelares es uno de los puntos claves de la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo y contempló sugerencias hechas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante el Senado.
Concretamente, la ley plantea que cuando se solicite una medida cautelar contra el Estado el juez deberá, antes de resolverla, requerir "a la autoridad pública demandada que, dentro de un plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud".
Sin embargo, este procedimiento no será necesario cuando exista un riesgo ambiental de por medio, en cuyo caso el magistrado podrá hacer lugar inmediatamente a la medida cautelar y luego el Estado podrá entregar su informe.
En caso de hacer lugar a la medida, el magistrado "deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia que no podrá ser mayor a los seis meses", según se desprende del texto.
Además, el artículo 13 señala que la apelación por parte del Estado frente a una cautelar que trabe "total o parcialmente" los efectos de una ley o de un decreto de necesidad y urgencia "tendrá efecto suspensivo", salvo cuando se trate de "sectores socialmente vulnerables" o se encuentren comprometidos derechos relacionados
con la vida y la salud.
Estas salvedades fueron introducidas a partir de las sugerencias hechas por el CELS, aunque también contemplaron la propuesta realizada por el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez.
Otro punto que sobresale en la ley es el artículo 9, que dispone que "los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionario cargas personales pecuniarias".
Por otra parte, la Cámara baja también convirtió en ley el proyecto que crea las cámaras de Casación Federal para lo fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y del Trabajo y la Seguridad Social.
En cada una de esas cámaras atendrán dos salas con tres miembros cada una, más un juez en calidad de presidente con mandato de dos años.
El oficialismo planteó que la creación de estos nuevos tribunales ayudará a agilizar el sistema y reducir los casi 20 mil expedientes que llegan anualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, el arco opositor argumentó que esta ley, por el contrario, prolongará en el tiempo la tramitación de las causas y afectará, principalmente, a los jubilados que mantienen juicios previsionales contra el Estado por el cobro de haberes.