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La Cámara de Diputados convirtió en ley tres de los proyectos de reforma del Poder Judicial enviados por el Ejecutivo. Se trata de la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de las tres nuevas Cámaras de Casación y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado.
Consejo de la Magistratura
Es el proyecto que deberá volver al Senado, ya que se le introdujo una modificación por pedido de la Corte Suprema.
La ley establece la ampliación de la cantidad de integrantes del organismo, que pasará de 13 a 19. Habrá cinco nuevos miembros académicos y científicos “interdisciplinarios”, que podrán provenir de otras profesiones no ligadas al Derecho.
Cámaras de Casación
La ley crea la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, con sede en Capital Federal.
El recurso de casación se podrá aplicar a las sentencias definitivas dictadas por la Cámara de Apelaciones y será admisible contra las resoluciones que determinen la suspensión de los efectos de actos estatales u otra medida cautelar frente a alguna autoridad pública y contra las decisiones que declaren formalmente inadmisible a la pretensión contencioso administrativa.
Medidas cautelares
Tendrán un plazo máximo de seis meses, que será el tope para la resolución de la cuestión de fondo y contribuirá a que las causas se resuelvan con mayor rapidez. Será obligatorio, además, que se le corra vista al Estado como parte del litigio -algo que hasta hoy no sucedía- y, eventualmente, ante la apelación del Ejecutivo, la medida será concedida con efecto suspensivo, lo que hará caer automáticamente la cautelar. Sin embargo, no podrá ejercerse contra las personas, la salud o la seguridad alimentaria. Por pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se amplió a los “sectores socialmente vulnerables” la posibilidad de que un juez pueda otorgar una medida cautelar antes de contar con el punto de vista del Estado. También se excluyeron los conflictos laborales. Esto abre la puerta al Gobierno para la elaboración, en el futuro, de un Código Contencioso Administrativo, que evitaría que las causas que involucran al Estado caigan en el fuero Civil y Comercial.