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Las reformas introducidas en el Poder Judicial durante la última semana obligan a reflexionar sobre el real funcionamiento de la división republicana de poderes y sobre la cultura democrática de nuestra dirigencia política. La Justicia es un Poder del Estado, pero de su independencia con respecto al Ejecutivo dependen los derechos del ciudadano frente a la eventual arbitrariedad de los gobernantes.
Cualquier modificación de su funcionamiento requiere tiempo de análisis, no puede llevarse adelante sin participación directa de jueces y juristas, y no debería ser sancionada sin un consenso mínimo de las distintas expresiones de la opinión pública. Si eso no se cumple, la independencia de la Justicia queda comprometida y ese poder corre el riesgo de convertirse en una dependencia del Gobierno, cualquiera sea su signo, apta para proteger a los funcionarios corruptos y para perseguir a los opositores.
La ley debe garantizar que ningún gobierno pueda controlar a la Justicia. La ley, ciertamente, trasciende a los gobiernos. Quien aumente su poder debe saber que, cuando le toque ser oposición, ese poder estará en manos de sus adversarios.
Los legisladores, más allá de su alineamiento, tienen que respetar los límites que les imponen la Constitución y el juramento democrático. Los escándalos y las dudas graves sobre el real trámite de la votación demostraron que la puja de facciones pesó más que el interés superior de la Nación. Una de las reformas introduce la elección por voto de algunos miembros del Consejo de la Magistratura.
Existe un alto riesgo de que este organismo, dependiente ahora de los resultados electorales, se convierta en un equipo de operadores políticos dedicados a presionar a los jueces para que fallen siempre a favor del gobierno de turno.
La elección de los integrantes del Consejo garantizará al que triunfe en las elecciones la suma del poder público. Esto significa que una persona ejerce el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sin órganos que lo controlen. Está prohibido expresamente por el artículo 29 de la Constitución Nacional.
Algo muy parecido ocurre con la creación de Cámaras de Casación en todos los fueros. Estas cámaras solo existen hasta ahora en el fuero penal. Son una instancia previa a la Corte Suprema, que demora dos o tres años más el fallo definitivo de cualquier causa. Si uno de los reproches que hoy se hacen a la Justicia es la lentitud, esta reforma la hace aún más lenta. Esta es por cierto una mala noticia para los jubilados.
La Casación previsional le asegura al Estado una prolongación de los cientos de miles de demandas que hoy afronta el régimen previsional, que viene violando la ley desde hace décadas. Esa prolongación tendrá como efecto la desaparición física, por una cuestión de edad, de los jubilados demandantes.
Además, esas cámaras, cuyos integrantes serán designados por el actual gobierno, se convertirán en un vallado para todas las causas que ese mismo gobierno no quiere que lleguen a la Corte Suprema.
Los límites a las medidas cautelares representan un retroceso gravísimo en materia de los derechos de las personas frente al Estado. Se trata de recursos creados para frenar una decisión del Estado hasta tanto el juez correspondiente se pronuncie sobre si es legal o ilegal.
Sin estas medidas cautelares una persona puede perder sus bienes, por ejemplo, antes de que el juez diga que el equivocado era el Estado. Una reforma de peso institucional como esta debería haber transitado un curso similar a la modificación del Código Civil, paralizada desde hace meses por decisión del oficialismo, pero que venía siendo abordada con debates de alto nivel jurídico y académico. Ningún país puede avanzar sin una Justicia independiente y sin plena seguridad jurídica.
Basta, para comprobarlo, observar cómo les ha ido en el último siglo a los países que respetaron el orden institucional y a los que lo alteraron constantemente.