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Una amplia red de asociaciones que representan a magistrados y asesores letrados prepara una estrategia judicial coordinada y articulada para que la Corte Suprema frene en los tribunales la polémica reforma de la Justicia, que avanza en el Congreso impulsada por el Gobierno.
La ofensiva incluye un enorme abanico de recursos, que serán presentados en juzgados federales de todo el territorio nacional. Los reclamos recaerán en el fuero contencioso administrativo federal, que revisa la validez de los actos del Estado, y en la Justicia Federal Electoral, que controla todo lo vinculado con los comicios.
Los jueces y abogados tienen pensado solicitar que se declaren inconstitucionales las normas y presentar una medida cautelar para que, por el momento, se frene la aplicación de las leyes, según aseguraron las fuentes judiciales.
A estas presentaciones se le sumarán recursos de las ONG relacionadas con la Justicia, que ya se opusieron públicamente de diversas maneras a las iniciativas; de los partidos políticos minoritarios, que se creen afectados por los límites que impone la ley para presentar candidatos al Consejo de la Magistratura; y también de las agrupaciones de abogados que presentaron postulantes para consejeros, pero que con la nueva ley no podrán hacerlo si no es a través de un partido político.
Los recursos atacarán principalmente la ley que modifica la composición y la forma de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, el organismo que se ocupa de seleccionar a los jueces y de someterlos a juicio político en caso de mal desempeño.
También se está evaluando el modo de atacar la ley que limita las medidas cautelares contra el Estado y la iniciativa que crea tres nuevas cámaras de casación, que alargarán los históricos largos tiempos de la Justicia.