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El gobernador Juan Manuel Urtubey dejó sin efecto la adjudicación directa de 39 de las 76 casas construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la zona de Lomas de Medeiros, durante su gestión. Ahora, esos preadjudicatarios deberán participar de un sorteo que se realizará el próximo 22 de abril y del que podrán tomar parte todos aquellos inscriptos en el IPV que quieran sumarse.
Este sería el primer caso en que el ahorro previo del postulante queda sometido al azar, ya que el sorteo y el ahorro son fórmulas no combinadas hasta ahora.
La decisión apuntó a poner paños fríos al escándalo que estalló cuando se publicó el listado de preadjudicatarios de las viviendas sociales en ese barrio, entre quienes se hallaban funcionarios, empresarios y amigos del Gobierno, varios de los cuales cuentan con bienes inmuebles. Además, a ello se suman las sospechas que caen sobre el modo en que se realizó el proceso de adjudicación a través de reglas poco claras. Tal fue el impacto que generó en la opinión pública la discrecionalidad en la entrega (entre los beneficiarios había un secretario de Estado con varias propiedades y hasta a la secretaria privada del gobernador) que Urtubey se vio obligado a dar marcha atrás. Y no le gustó nada hacerlo, menos aún a pocos meses de las elecciones. Pero en lugar de reconocer el error, prefirió defenderse a capa y espada ignorando las pruebas, proporcionadas por organismos oficiales, que desacreditan sus argumentos.
Durante la conferencia que ayer brindó en Casa de Gobierno, el mandatario intentó dejar en claro que su gestión “se orienta a construir viviendas para los más humildes” y que su filosofía de gobierno no comparte la realización de proyectos como el de Lomas de Medeiros. No quedó claro si la demora de la obra se debió a las objeciones ideológicas o a la falta de financiamiento, porque mencionó a las dos en un pie de igualdad.
Hace 3 años, durante su gestión, se renegoció el contrato (ver Resolución 869 del IPV del 15/12/2010) con la empresa Moncho Construcciones S.A. que el anterior gobierno realizó por licitación pública (N§ 11/07) para construir las casas por un monto de $10.210.000. Es decir Urtubey reimpulsó el proyecto, lo reactivó y hasta modificó el tamaño de las casas, incluyendo como futuros adjudicatarios a gente cercana y a funcionarios a través de maniobras cuya ingeniería el gobernador no explicó, y menos reconoció. “Es un proyecto que heredé y no podía cortarlo”, sostuvo, pese a que no solo no lo dejó sin efecto sino que lo modificó y lo convirtió en un plan con sospechas de privilegios.
Incluso, podría haber incluido desde el primer momento el cupo del 10 por ciento para familias de discapacitados, que recién ayer se incorporó
El punto fuerte de su discurso estuvo en la defensa de Pablo Robbio Saravia, quien actualmente se desempeña como secretario Legal y Técnico y que estaba a punto de recibir una vivienda en Lomas de Medeiros a pesar de que cuenta con terrenos en San Lorenzo, Pinamar y parte de un departamento el macrocentro de salteño. Negó con fuerza Urtubey que Robbio tenga propiedades: “Es mentira de El Tribuno. Ese señor, honesto y decente, no tiene ninguna propiedad. Tuvo alguna herencia en porcentaje. No tiene nada, pobre. Su declaración jurada es de hace 5 años”, dijo.
No obstante la última declaración jurada que Robbio hizo el 30/12/2011 (según consta en el documento) firmada por el escribano de Gobierno, Víctor Fernández Esteban, registra propiedades. Y varias. En este caso, la honestidad que Urtubey invocó contrasta con el artículo 1§ de la Resolución Reglamentaria del IPV que reza: “Ningún miembro de la familia que reciba una casa debe ser titular o usufructuario de otro inmueble”. Así como Robbio Saravia, otras 6 personas preadjudicadas ya registran bienes inmuebles, por lo que no pueden adquirir una vivienda.
Un sinfín de elementos esquivó la tímida explicación del gobernador Urtubey sobre el escándalo que generó la publicación de la distribución arbitraria de las viviendas sociales. Se mostró más preocupado por propinar ofensas a quienes hicieron pública la irregularidad en la preadjudicación de esas casas que en marcarles a sus funcionarios la gravedad del error.
La defensa fue más allá: “Los funcionarios, por el hecho de ser trabajadores del Gobierno, que se postulan para acceder a una vivienda terminan siendo escrachados”.
Fiel a su estilo de buscar culpables por doquier, apuntó contra el exgobernador Juan Carlos Romero y lo culpó por el problema e incluso a El Tribuno por reflejar lo que está plasmado en la documentación oficial, que involucra a funcionarios de su propio Gobierno. “Lo que yo estoy viviendo es un acoso extorsivo casi con clave mafiosa que busca sostener a quienes tienen posiciones de poder. Lo que me parece es que hay un agravio sistemático y se manchó a funcionarios probos y honestos”.
Cuando estalló la noticia, cientos de comentarios se explayaron en las redes sociales. La bronca de la gente partió principalmente de la asignación de viviendas a personas que tienen propiedades. Hoy, cerca de 30.000 familias esperan que el IPV les otorgue una casa.
EL GOBERNADOR URTUBEY, PARODI Y ALESANCO EN LA CONFERENCIA DE AYER.
Un "pobre" funcionario con tres propiedades declaradas
En la conferencia de prensa de ayer, el gobernador Juan Manuel Urtubey afirmó que el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Pablo Robbio Saravia, reunía las condiciones exigidas para ser adjudicatario de una vivienda del IPV. “Es un pobre funcionario que no tiene propiedades”, sostuvo el mandatario, pese a que en la declaración jurada que firmó el 29 de diciembre de 2011, Robbio Saravia declaró bajo juramento poseer tres bienes inmuebles. Declaró tener el 100% de una propiedad de 392 metros cuadrados, en el barrio Chacras de Santa María (Las Costas) en San Lorenzo. Manifestó que el boleto de esta operación, sin escriturar, se firmó el 17 de octubre de 2000. Robbio Saravia también declaró poseer el 100% de otra propiedad, de 975 metros cuadrados, en la cuarta etapa de Costa Esmeralda, una exclusiva urbanización de Pinamar, en la costa balnearia de Buenos Aires. Manifestó que adquirió los derechos sobre ese inmueble por un boleto firmado el 23 de diciembre de 2009. El funcionario también declaró poseer el 20% de un departamento en el tercer piso de Alsina 728, en la capital salteña, por una donación (con usufructo vitalicio) inscripta el 19 de marzo de 2009.
Entre todas las preadjudicaciones que el gobierno anuló ayer, el caso de Robbio Saravia presenta derivaciones particularmente graves, porque se trata del funcionario que debe velar por la legalidad de los actos de gobierno. En la denuncia penal que se presentó ayer por incumplimientos de deberes se subrayó que, pese a no estar registrados los citados bienes en la Dirección de Inmuebles, su propiedad fue asumida por Robbio Saravia en la declaración jurada que el escribano de Gobierno, Víctor Manuel Fernández Esteban, asentó mediante la escritura 634 el 30 de diciembre de 2011. Ayer, sin embargo, el gobernador afirmó ante los medios de prensa que la declaración jurada incorporada como prueba de la denuncia penal “es vieja” y se remonta a cinco o seis años atrás. En la denuncia penal, se hizo notar que Robbio Saravia, por la función que ocupa en el Gobierno, no puede desconocer la resolución reglamentaria 39 del IPV, cuyo artículo condiciona las postulaciones con un requisito excluyente: “Ninguno de los integrantes del grupo familiar deberá ser titular registral de bienes inmuebles en todo el territorio de la Nación ya sea como único titular ni como condómino. Se considera igualmente inhibidos los usufructuarios de bienes inmuebles”. La misma resolución, en otra cláusula, aclara que para actualizar la ficha de inscripción “deberá cumplirse con lo previsto en el Artículo 1”.
Denuncias por los monoambientes
Vecinos de la última etapa de los monoambientes ubicados en la zona de El Huaico, entregados en diciembre pasado, denunciaron que en la zona proliferan víboras, ratas, arañas y demás alimañas, a causa de yuyales y montes en los alrededores.
Hace unos días debió intervenir el servicio de emergencia 9-1-1 ante la aparición de una víbora yarará a pocos metros del hall de entrada de uno de los edificios, que son de color verde y gris.
Los vecinos se quejan también de la falta de control de caballos y vacas que andan sueltos todo el día. Muchos hasta pastan en los mismos jardines de los edificios.
“El cerro está a 50 metros de mi departamento y de ahí baja todo tipo de alimañas”, contó a El Tribuno una vecina, quien agregó que ya presentaron varias notas sin respuesta hasta el momento.
A la presencia de bichos de toda clase hay que agregar la de la basura. “Al pie del monte, los albañiles que están trabajando en la zona tiran los escombros de construcción. Es un verdadero basurero”, señalaron los vecinos.
“Pedimos que las autoridades tomen las medidas correspondientes. No podemos estar así, es un peligro para todos”, dijo una mujer que habita en uno de los departamentos.
Yuyales
Los vecinos también exigen que se desmalece el camino que une los monoambientes con el barrio El Huaico.
“Si necesitamos comprar algo, tenemos que caminar 6 cuadras entre yuyales porque no hay almacenes más cerca. Es un peligro”, se quejó otra vecina de los monoambientes.
Agregó que antes había un camino de tierra que fue literalmente “comido” por los yuyales.