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Dos de los casos más resonantes de corrupción de los últimos meses con funcionarios del Gobierno provincial involucrados están congelados en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que depende de la Procuración General de la Provincia.
Por un lado aparece la escandalosa adjudicación del barrio Lomas de Medeiros, un grupo habitacional social del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), a una mayoría de familiares, amigos y funcionarios de la administración Urtubey. Entre muchos otros, aparecía entre los sorteados el secretario legal y técnico Pablo Robbio Saravia, pese a tener una propiedad de 392 metros cuadrados, en el barrio Chacras de Santa María, en San Lorenzo; otra de 975 metros cuadrados, en la cuarta etapa de Costa Esmeralda, una exclusiva urbanización de Pinamar, en la Costa Atlántica; y también un departamento en el tercer piso de Alsina 728, en la capital salteña.
Por otro lado está el caso, paradigmático también, del meteórico enriquecimiento de un funcionario íntimamente ligado al riñón más duro del urtubeycismo: Marcelo Cil, quien pasó de no tener para pagar impuestos en 2007 a ostentar cinco propiedades entre Salta y Jujuy y dos vehículos de alta gama, más costosos viajes por el mundo para él y su entorno familiar.
Por ambos casos hay denuncias penales que duermen en el Ministerio Público, cartera a través de la cual Pablo López Viñals maneja los hilos de la Justicia en favor del Ejecutivo.
Actualmente, las dos denuncias están en etapa de averiguación preliminar, a cargo del fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, quien se niega a abrir la investigación.
Uno de los denunciantes, el abogado Carlos Saravia, manifestó a El Tribuno que “ante la sola sospecha de corrupción el fiscal ya puede abrir la investigación. Pero en este caso, parece que se estaría tomando atribuciones de sopesar todas las pruebas para determinar la culpabilidad o no de los acusados, lo cual es una competencia exclusiva de los jueces”.
La falta del decreto de apertura de investigación, impide que cualquier persona que se considere víctima se presente como querellante; evita que se inicie la investigación judicial y, peor aún, ningún magistrado puede controlar las actuaciones del representante del Ministerio Público Fiscal, en este caso, Akemeier.
Medeiros y Cil
Las denuncias por el escándalo de Lomas de Medeiros están congeladas. El juez de turno se niega a dar prosecución a cualquier trámite porque no hay causa. Y no hay causa porque Akemeier se niega, pese a las múltiples denuncias, a abrir la investigación. De esta manera, Robbio Saravia y varios funcionarios más no serán investigados por falsear documentación para ingresar al sorteo de las casas del IPV, entre otros delitos.
No es menor el hecho de que Akemeier fue recusado para actuar como fiscal ya que la hermana de su pareja es una de las beneficiadas con una vivienda. Aún así, el fiscal decidió no apartarse de la investigación.
Por otro lado, el fiscal de Delitos Económicos Complejos se niega a abrir la investigación por el supuesto enriquecimiento ilícito del exsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia y actual director de la Copaups, Marcelo Cil. Mantiene esta determinación pese a que a la denuncia original, la parte demandante presentó ampliaciones y nuevas pruebas para abrir el proceso.
Entre las pruebas están las cédulas parcelarias de las cinco propiedades que Cil adquirió en tres años y medio, la declaración jurada del funcionario y el pedido de informe a la Dirección de Migraciones en torno a las salidas del país de él y su grupo familiar, reporte que ya le habría sido enviado.
Otro caso con la fiscal Buabse
Otro ejemplo que demuestra la permisividad del Ministerio Público y sus fiscales con los funcionarios denunciados es el de la fiscal penal Gabriela Buabse, quien decidió desvincular a la ministra María Pace de las denuncias por abandono de persona, luego de las serias lesiones que sufriera un niño en un Centro de Desarrollo Infantil dependiente del Ministerio de Derechos Humanos.
El caso es el de Elián Mamaní, un nene de cuatro años que tuvo un inexplicable y gravísimo accidente por el cual casi pierde la vida en el CDI “Mi Refugio”, ubicado en el barrio Santa Cecilia, el jueves 28 de febrero pasado.
Mirian Mamaní, la madre del menor, confirmó a El Tribuno que el viernes pasado recibió un oficio firmado por la fiscal Buabse en el que se le comunicó que solo quedó como imputada en el caso Laura Paz, la encargada del CDI.
La denuncia de la mamá de Elián iba en contra del equipo técnico del ministerio encabezado por María Pace y la carátula era “lesiones graves culposas con abandono de persona”.
Buabse desvinculó a Pace de la denuncia y solo imputó a Paz, aunque la mamá de Elián insiste en que hay claras responsabilidades al ser un equipo técnico.
Por tal motivo Mirian adelantó que elevará un recurso a la Justicia contra la determinación de la fiscal, a quien señaló también como responsable de modificar la carátula. “La denuncia era por lesiones graves y abandono de persona y la fiscal le bajó la categoría y la caratuló como lesiones graves culposas”, indicó.
Manipulación de la Justicia
Al no abrir la investigación, el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, evita el costo político que representaría para el Gobierno provincial que dos de sus funcionarios tengan que prestar declaración ante la Justicia por supuesta comisión de delitos de corrupción.
Los vericuetos judiciales que hoy permiten eludir o retrasar el inicio de las averiguaciones y presentación de pruebas es posible gracias a la polémica reforma del Código Procesal Penal, impulsado por el gobernador Juan Manuel Urtubey y redactado por su hermano Rodolfo, exdirector del Fondo de Reparación Histórica (con un manejo de 800 millones de pesos) y actual precandidato a senador nacional.