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María Verónica Párraga es una de las aproximadamente 9.000 personas retiradas de la fuerza de seguridad de Salta y denunció que aún no recibió el incremento del 23,5% que la Provincia otorgó este año a los trabajadores de la administración pública. Aseguró además que le adeudan los reajustes de 15 meses de asignaciones familiares.
La mujer interpuso ante la Justicia Federal una medida autosatisfactiva contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Se trata de un tipo de proceso urgente que busca un efecto parecido a las cautelares.
El caso de Párraga, que trabajó como guadiacárcel en el penal de Villa Las Rosas, ingresó al Juzgado Federal el 30 de abril pasado. La jubilada asegura que no hay antecedentes en la Justicia porque sus pares no se animan a denunciar la problemática.
“Llegué hasta este punto porque ya no sé qué hacer, a dónde ir, nadie me da respuestas. Estoy enferma, tengo un hijo de 16 años y mi marido también no está bien de salud. No estoy pidiendo que me regalen nada sino lo que me corresponde después de tantos años de trabajo”, señaló la jubilada que se retiró en 2010.