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Dirigentes políticos pidieron al Procurador General de la Provincia la apertura de una investigación para establecer si existe comisión de delito en la conducta del presidente y del vicepresidente del Ente Regulador de Juegos de Azar (Enreja). La presentación fue hecha por Carlos Saravia (de la Unión Cívica Radical - UCR) y Carlos Morello (del Movimiento Libres del Sur). En tanto, el periodista de AM 840, Daniel Murillo, recibió una velada amenaza de parte de uno de los involucrados en la denuncia.
El pedido de los dirigentes políticos se realizó a partir de la denuncia ublicada por El Tribuno, en la que se da cuenta de que Sergio Gustavo Mendoza García y Nelson Gerardo Posadas podrían estar incursos en negociaciones incompatibles con la función pública, falseamiento de declaraciones juradas e incumplimiento de los deberes inherentes a sus cargos. La nota puso en evidencia que Mendoza García habría incurrido en graves omisiones en su declaración jurada respecto de cuentas corrientes bancarias, automotores, participación en la empresa San SRL y los ingresos de su cónyuge. Los denunciantes dejaron constancia en su petición sobre los estrechos vínculos del presidente con Facundo Urtubey, hermano del gobernador.
En el caso de Posadas, a pesar de constituir una prohibición, integra el staff de la Consultora Pluss, con oficinas en España 21 de esta ciudad, en sociedad con el diputado nacional Fernando Yarade, siendo auditor externo de Inversora Juramento S.A., como también de las empresas Agropecuaria Osma SA, L'Aurore SA, Petroandina SRL y Unilab SA.
“La situación irregular merece no solamente una investigación judicial, sino también una respuesta del gobernador quien, a pesar de la notoriedad que adquirió la noticia, no se ha expedido ni ha dispuesto la remoción de los involucrados. Vamos a denunciar cada hecho de corrupción de este gobierno y lo haremos sin pausa mientras los abusos e irregularidades sean crónicos”, aseguró Saravia.
La denuncia de los dirigentes ofrece como prueba la nota periodística, las declaraciones juradas de Mendoza García y Posadas (el primero no ha actualizado la presentación) y pide el testimonio de Fernando Yarade, informes a las empresas en las que Posadas figura como auditor externo y hasta el allanamiento de la Consultora Pluss para comprobar la actividad profesional privada del vicepresidente del Enreja.
La irregularidad en el desempeño del cargo surge de la ley provincial 7070 que regula el funcionamiento del órgano de control que los acusados integran y representan como máximas autoridades, en las que se impone la dedicación exclusiva e incompatibilidades idénticas a las de los magistrados.
La investigación periodística puso de manifiesto que tanto Mendoza García como Posadas no cumplen con la carga horaria razonable, al asistir a la sede de su trabajo de manera eventual o intermitente, a pesar de percibir elevados sueldos, dedicándose de manera oficiosa a sus actividades personales.
“Es una vergenza que un órgano de control tenga como máximas autoridades a personas que no cumplen con la ley que los rige y que, evidentemente, carecen de mayor compromiso con la función pública”, aseveró Saravia.
El dirigente radical dijo que “estos cargos deberían concursarse en lugar de que los elijan a dedo un hermano del gobernador o un diputado nacional vinculado con el Banco Macro”.