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El gobierno del doctor Juan Manuel Urtubey ha organizado una campaña electoral basada en agravios contra la familia Romero y la del diario El Tribuno, de tan baja estofa, que descalifican a quien los pronuncia.
Probablemente el gobernador se siente inseguro y desconcertado porque las encuestas revelan que es muy bajo su índice de credibilidad y, sobre todo, porque solo unos pocos sectores privilegiados, su entorno, perciben que se haya “hecho realidad su esperanza”, luego de seis años en los que el ingreso de recursos de origen nacional se multiplicó en un seiscientos por ciento.
La abundancia fue para beneficio de pocos y eso no se oculta con retórica ocurrente ni actitudes de joven desacartonado.
A pesar de la bonanza proveniente de las arcas nacionales, existen problemas locales de una magnitud alarmante y que deberían ocupar la agenda estratégica de Salta por décadas. Ellos son, en primer lugar, el narcotráfico, la criminalidad creciente, la falta de inversión que garantice empleo genuino y el retroceso de la salud pública.
El Gobierno de Juan Manuel Urtubey se desentiende de tales problemas y, para peor, los frivoliza. Increíblemente, ha decidido utilizar el narcotráfico en su campaña electoral, tratando de descalificar a Juan Carlos Romero y manchando el honor de una familia y del diario El Tribuno.
Hace pocos días, el gobernador dijo que nuestro diario lo critica porque combate el narcotráfico. Todo lo contrario: El Tribuno es el diario que más ha denunciado el vertiginoso avance de la narcofrontera y fue a raíz de nuestras publicaciones que los medios nacionales empezaron a tomar registro de la presencia del crimen organizado. El Tribuno cuestiona a Urtubey y a sus colaboradores porque se desentienden de semejante amenaza.
Una docena de homicidios mafiosos en cinco meses, ocurridos en el área de frontera, debieran haber motivado a Urtubey y a sus funcionarios a extremar los recursos para lograr enérgicas medidas de parte de la Nación. El Gobierno, en cambio, contempla sin inmutarse cómo son desafectados los gendarmes en una frontera de alto riesgo. Una frontera donde se detecta la presencia de probables sicarios de origen colombiano y mexicano, además de criminales argentinos y bolivianos.
La misma frivolidad se manifiesta en la despreocupación oficial por las localidades de frontera. El intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, núcleo duro de la narco frontera, protagoniza una de las gestiones más calamitosas en la historia del municipio, con la bendición de Urtubey. En estos años, esa localidad ha sido rebautizada como “Salvador Juárez”, en siniestra comparación con una de las localidades más violentas del narco mexicano.
En Orán, la interna entre facciones del oficialismo se hace cada día más virulenta, al tiempo que se incrementa la violencia social en los barrios más vulnerables, se abandona la contención social en manos de personas sin responsabilidad y se multiplican los hechos de violencia entre bagalleros, que son la parte más delgada del hilo del narcotráfico y el contrabando.
Descuidar la frontera es lo que hace Urtubey cuando abandona a su suerte a los productores, que son los principales generadores de empleo genuino, y no realiza una sola gestión para aliviar la situación desesperante causada por la sequía.
Preocupado exclusivamente por los negocios de sus familiares y socios, Urtubey se desentiende de la Provincia y se limita a manejar la prosperidad distribuyendo dinero entre los intendentes.
Es falso que el actual gobierno provincial luche contra el narcotráfico.
La acusación contra El Tribuno, señalándolo como vocero de los narcopolicías, es infame. Los oficiales detenidos integraban la elite policial de Urtubey y de su entonces ministro Pablo Kosiner, quien los convocó para dar conferencias sobre escuchas telefónicas.
Por ineptitud, impotencia o perversión, Urtubey decidió basar la campaña en agravios contra el apellido Romero. Por eso mandó a las cuadrillas rentadas de medios obsecuentes y pegatineros custodiados por policías, para que impregnen a la provincia con ofensas que, por antiguas, falsas y remanidas, no tendrán efecto electoral, pero que no caerán en el olvido de parte de los agraviados. La calumnia y la injuria, que es el método elegido por el gobernador, son inmorales, ilegítimas y absolutamente inaceptables.
Nunca antes en la historia de Salta se han observado agravios públicos de semejante vileza.
Es lamentable que Salta, una provincia llena de futuro, se vea sometida a este tipo de bajezas en lugar de aprovechar la evolución favorable que, desde 1983 a 2007, registró en el escenario nacional.