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La educación argentina va por mal camino y está muy lejos de los objetivos y la expectativas con que fue creado el sistema escolar que nos enorgullecía en la primera mitad del siglo XX.
Hace pocos días, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, informó que casi 110 mil alumnos se fueron de la escuela pública al sistema privado en una década y lo atribuyó al mayor poder adquisitivo de las familias que, cuando pueden, optan por la escuela privada.
Esta realidad ratifica una fractura que ya lleva varias décadas y que va gestando una escuela para la elite, de donde salen los dirigentes, los empresarios y los intelectuales, y una escuela para los sectores populares, que lamentablemente no les brinda, siquiera, destrezas básicas para insertarse en el mundo laboral. La escuela privada ofrece doble escolaridad, idiomas y capacitación tecnológica. Además, como allí los maestros y profesores no hacen paro, garantizan mayor cantidad de días de clase por año. De esos establecimientos egresan la mayor parte de los estudiantes y, sobre todo, de los futuros graduados universitarios. En cambio, la escuela pública ha dejado de ejercer su función básica y se fue transformando en un centro asistencial al que los niños concurren para comer o para cobrar un subsidio, pero no para educarse.
De todos modos, a ese quiebre que genera dos escuelas distintas y que es el correlato de una fractura social, se agrega otro dato alarmante: en la escuela pública como en la privada, en diverso grado, la enseñanza perdió calidad.
Los alumnos argentinos tienen pocas días de clase. Los de Costa Rica tienen 205 días al año; en Brasil, México, Perú, El Salvador, Ecuador y Bolivia, 200 días y Argentina tiene un calendario escolar de 190 días, pero nunca lo cumplió. Esos 190 días equivalen a 760 horas anuales como máximo, cuando la Unesco indica como necesario un mínimo de 830 a 1000 horas.
Aquel sistema educativo que fue modelo en Sudamérica y que se comparaba con los mayores estándares del mundo desarrollado ha perdido prestigio y no enseña bien. Las pruebas PISA abarcan a jóvenes de 65 naciones y evalúan comprensión de lectura, matemática y ciencias: en 2009, la Argentina ocupó el puesto 58. En vez de admitir el problema, las autoridades nacionales prefieren excluir al país de la evaluación, a la que consideran “inadecuada a nuestra realidad”. Es malo taparse los ojos para no ver lo que ocurre.
De todos modos, en los Operativos Nacionales de Evaluación que miden los conocimientos de unos 120.000 alumnos de todo el país se verifica que en Matemáticas, el 52 por ciento de los alumnos que completan el ciclo secundario tienen conocimientos de nivel bajo; en Lengua, el nivel bajo es del 38 por ciento; en Ciencias Naturales, del 47 por ciento y en Ciencias Sociales del 37 por ciento.
En nuestro país se habla mucho de educación, pero nunca se analiza el rumbo del sistema educativo. Desde 2005 a la fecha, el presupuesto educativo nacional subió desde el 4 por ciento del PBI al 6, 40 por ciento. Se mejoraron significativamente los sueldos docentes, se distribuyeron 3.000.000 de netbooks entre los estudiantes y se realizaron importantes mejoras en infraestructura. Evidentemente, hace falta algo más, porque el nivel de rendimiento escolar no mejoró.
Es probable que el sistema siga funcionando con criterios obsoletos y que se haya perdido de vista que la educación es buena cuando es exigente, cuando aplica métodos de evaluación objetivos e insobornables y cuando las familias valoran a la escuela por lo que la institución brinda al futuro de sus hijos.
La eliminación de exigencias en los exámenes de rendimiento y el resquebrajamiento de la disciplina han sido devastadores para los sectores que no pueden acceder a la educación privada. Las autoridades adoptan una actitud de tolerancia casi cómplice con los grupos politizados de alumnos que toman los colegios y quieren dirigir la educación y participar de decisiones que los desbordan. No es eso lo que esperan los padres y por eso, cuando pueden, mandan a los hijos a la escuela privada.
La educación es el medio más poderoso de inclusión social. Por eso, una escuela pública e igualitaria es esencial a la democracia. Ese fue el principio que inspiró al sistema educativo argentino y que, si fue olvidado, necesitamos rescatar con urgencia.