Organizaciones que trabajan por los derechos de género pidieron separar de su cargo al intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, después de que lo demoraron en un operativo contra la trata de personas. En una presentación a la Cámara de Diputados, también reclamaron controles.
inicia sesión o regístrate.
Organizaciones que trabajan por los derechos de género pidieron separar de su cargo al intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, después de que lo demoraron en un operativo contra la trata de personas. En una presentación a la Cámara de Diputados, también reclamaron controles.
La Justicia Federal y la AFIP clausuraron cuatro casas dedicadas a la explotación sexual y rescataron a 37 víctimas en la madrugada del jueves. En uno de los lugares allanados estaba Villalba, que quedó detenido por varias horas.
En una nota que dirigieron la Cámara de Diputados, instituciones feministas pidieron “destituir al intendente y ponerlo a disposición de la Justicia por incumplimiento de sus deberes de funcionario público” .
Firmaron el reclamo referentes de la Multisectorial de Mujeres de Salta, la Comisión de la Mujer de la UNSa, la sede local del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red de Periodistas por una Comunicación no Sexista y la Fundación para la Integración Federal.
La presentación a los legisladores también demandó “extremar los controles” a los locales que puedan facilitar la explotación sexual y la trata de personas.
Las organizaciones requirieron además cumplir con las leyes contra la violencia de género y una “urgente capacitación para funcionarios provinciales y municipales”.
Capacitación para los inspectores
Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en Salta pidieron capacitar a inspectores municipales, tras un operativo que encontró a víctimas de la explotación sexual cerca del centro de la ciudad.
Tres locales donde se promovía y facilitaba la prostitución quedaron clausurados el jueves.
Los negocios allanados fueron “Terra Nostra”, en Córdoba 584, “Don Quijote”, en Tavella 1.959 y “Rumis”, en San Luis 437, que funcionaban como “confiterías sin espectáculos”.
Los comercios estaban abiertos pese a que una ordenanza municipal prohibe los lugares donde se promueva la prostitución.
Agentes de la AFIP que visitaron estos negocios detectaron que había terceros que lucraban con la explotación sexual de mujeres vulnerables.
Referentes de la Multisectorial de Mujeres y la Comisión de la Mujer de la UNSa, entre otras instituciones, pidieron “capacitar a los inspectores municipales” para que puedan percibir este tipo de situaciones.
En una nota que presentaron a la Cámara de Diputados, representantes del sector feminista también demandaron monitorear el cumplimiento de leyes contra la violencia de género y la trata de personas.
“Si bien creemos que el rescate de víctimas no les cambia la vida de un día para el otro, es un paso adelante en la batalla contra las redes”, sostiene el texto que firmaron diferentes entidades preocupadas por el tema.