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El Gobierno acordó con empresarios y sindicalistas aliados la puesta en marcha de un Plan Integral de Combate al Trabajo no Registrado.
Los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Industria, Débora Giorgi, junto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, presentaron “nuevos procedimientos de fiscalización del empleo, la creación de una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular y un Registro Público de Empleadores con Sanciones laborales”.
Una medida es “aumentar de 20 a más de 400” los inspectores de la cartera laboral que vigilarán la situación laboral.
Críticas
Más allá del plan lanzado por el gobierno, la CTA considera un rotundo fracaso la tarea del gobierno para combatir el trabajo en negro.
Al profundizar los argumentos la entidad sindical, considera que “Todos sabemos el daño que causa al trabajador, a su familia y al Estado el trabajo en negro. El empleador que no registra, no le importa la salud y la vida del trabajador, porque queda excluido de la cobertura de riesgo del trabajo y de la Obra Social, tampoco le importa su familia ya que queda excluida del cobro de las Asignaciones familiares y por último, desprecia el futuro del trabajador ya que no paga ni prestaciones por desempleo ni jubilación”. De acuerdo al informe del Instituto de Estudio y Formación (IEF-CTA) elaborado en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) da cuenta de la evolución de la informalidad laboral en el período 2002-2012. De ese informe resulta que en el último cuatrimestre del 2012 la cifra llegó al preocupante número de 4.274.695 de trabajadores en esa condición.