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La sanción del Presupuesto nacional para 2014 volvió a mostrar la fragilidad de las provincias argentinas frente a la administración central, un problema histórico que esta vez tomó especial relevancia debido a la actitud de diputados salteños que se proponen como opositores pero que contribuyeron a garantizar la aprobación del proyecto oficial a libro cerrado. Además, con su voto y su aporte al quórum avalaron la prórroga de leyes excepcionales como la emergencia económica y el impuesto al cheque, que privilegian a la administración nacional por sobre las autonomías provinciales.
Más allá de la confianza que merezcan las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional y la concordancia con sus propósitos, el legislador nacional es en primer lugar representante de los intereses de su provincia y debe hacerlos valer en las comisiones y en el recinto. Un proyecto que se aprueba en dos días, sin trabajo de comisiones, no puede contener aporte alguno de los diputados de las provincias.
Asimismo, al prorrogarse los poderes extraordinarios de la Jefatura de Gabinete comprendidos en la ley de emergencia, el Poder Ejecutivo cuenta con la posibilidad de reasignar gran parte de los recursos nacionales. Por excelente que sea un gobierno nacional, ¿dónde quedan entonces las autonomías provinciales y el principio federal?
El Presupuesto merece un debate fino, entre otras cosas, porque el texto sancionado prevé una inflación del 10,4 por ciento, un incremento del gasto del 18,9 por ciento y un aumento del 27,1 por ciento en la recaudación. En esta construcción ideal, las posibilidades de manejo discrecional de fondos por parte del Poder Ejecutivo se multiplican.
La Argentina tiene una Constitución federalista e, históricamente, una práctica centralista. El Presupuesto votado por seis de los siete diputados salteños muestra con claridad las consecuencias que produce la sanción a libro cerrado.
Salta, que prácticamente duplicó la planta de personal del Estado en seis años, recibiría en 2014 un 40 por ciento más de fondos; es decir, quedaría totalmente a cubierto de los aumentos salariales y de la inflación. Parece promisorio, pero cada salteño recibirá de Nación en 2014 unos 11.500 pesos anuales, 6.230 pesos menos que la media nacional, ubicada en los 17.730 pesos, y ocho veces menos que los habitantes de la Capital Federal.
Pero Salta no solo necesita dinero para salarios, sino también obras de infraestructura. Hoy padecemos gravísimos problemas de empleo, educación y salud pública derivados, directamente, de la paralización del desarrollo del área rural. La sequía, las heladas y los incendios son catástrofes que se desplomaron sobre una zona castigada por una desocupación que supera el 50 por ciento e indicadores de mortalidad infantil y desnutrición que se ubican entre los peores del país.
El Presupuesto nacional no contempla una inversión seria en el ferrocarril Belgrano, que permitiría generar miles de empleos directos e indirectos en Salta. Los montos asignados para la ruta 50, en Orán, que ya lleva seis años de demora, no alcanzan al 3 por ciento de la obra, menos de un kilómetro. Algo similar ocurre con las otras rutas nacionales. Frente a un fenómeno de inseguridad de la magnitud que se presenta en el área de frontera no figuran previsiones, salvo la disminución del 8 por ciento en los recursos para Gendarmería Nacional.
El apoyo de los gobernantes y legisladores de Salta al proyecto del Gobierno nacional es incuestionable, pero ellos tienen la posibilidad de introducir modificaciones al Presupuesto sin perjudicar al proyecto político. La Constitución nacional contempla, con la división de poderes, los instrumentos que requiere un gobierno nacional para llevar a cabo su misión, pero también los derechos de las provincias para evitar los desequilibrios.
El debate del Presupuesto pudo haber sido una buena ocasión para que los salteños pusieran en debate el desarrollo regional. Esta vez, nuevamente, la dejamos pasar.