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Salta y la Argentina se encuentran a las puertas de una transformación que va mucho más allá de las circunstancias electorales del año que viene. Existe un escenario mundial en que estamos inmersos y cuya evolución va a imponer exigencias que, por nuestro bien, no deben quedar fuera de nuestro control.
No estamos en el infierno ni nos está esperando el paraíso. Sin embargo, en materia de empleo, educación y seguridad hay falencias graves que la gente padece y que comprometen seriamente nuestro futuro.
Como salteños debemos asumir nuestra identidad y aceptar que la economía regional depende del campo, la producción de hidrocarburos y la minería. A estas actividades se suma, por supuesto, el turismo receptivo. No podemos resignarnos a que las poblaciones del interior provincial sigan aisladas y dependiendo de una coparticipación que no manejan, con una actividad productiva extractiva de poco valor agregado y en un volumen muy inferior a su potencial. La actividad industrial de origen rural y maderero puede multiplicarse en todo Salta, pero muy especialmente en San Martín, Orán, Rivadavia y Anta, castigados hoy por la ausencia de un proyecto de desarrollo. El atraso y el aislamiento en materia productiva generan el crecimiento de bolsones de pobreza en los asentamientos urbanos, donde vive más del 20 por ciento de los habitantes de Salta capital, Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán.
La falta de seguridad jurídica deriva en la escasez de inversiones y de proyectos rurales, mineros y energéticos en un mundo que en menos de cuarenta años alojará a más de nueve mil millones de personas y donde aumentan día a día las demandas de productos para los que Salta tiene ventajas comparativas.
El desempleo real en la provincia es mucho mayor que en el resto del país; en las áreas rurales y con potencial gasífero llega al 50%, mientras se empieza a observar un retroceso en el empleo minero.
La pretendida defensa del bosque nativo se tradujo en una progresiva degradación, ya que es imposible garantizar la preservación limitando las medidas a una restricción arbitraria de la actividad agropecuaria y maderera, donde abundan los hijos y entenados.
Salta necesita un proyecto colectivo que trascienda los intereses partidarios, las aspiraciones de un determinado candidato y las ideologías. Más allá de las disquisiciones entre derecha e izquierda o entre progresismo o conservadorismo, la opción de hierro consiste en decidir entre el desarrollo de un aparato productivo moderno y competitivo, un Estado comprometido en la generación de empleo, un sistema educativo eficiente, con escuelas que brinden continencia y conocimientos, y una provincia con conciencia federal y poder de decisión. Salta puede llegar muy lejos y convertirse en el epicentro de una fuerte transformación regional. Hoy, por cierto, está perdiendo ese tren, mientras una superficie equivalente a dos veces la provincia de Tucumán espera la posibilidad de convertirse en un polo agroindustrial.
El primer paso a dar consiste en reemplazar la voluntad de poder personal por la voluntad de gobernar para el desarrollo. Sea quien sea el gobernador salteño a partir de 2015 deberá entender este necesario cambio en las formas de concebir la política.
Es esencial también ampliar la autonomía provincial. Más allá de la definición de “país federal” que consagran nuestras leyes, en la Argentina, el financiamiento de las provincias sigue dependiendo de una recaudación que se realiza en todo el país pero que distribuye el poder central, en forma inequitativa. Las decisiones estratégicas siguen sometidas a la conveniencia del enorme mercado económico y electoral que crece en torno de ese poder central.
De todas maneras, la decisión última para sumarse o no a la modernización de la provincia estará en cada uno de los salteños, en el momento de votar pero, sobre todo, al momento de comprometerse sin banderías con un sistema institucionalizado de educación, trabajo e inclusión, sin dádivas.