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Los jueces, frente al expediente y las dudas de la ciudadanía

Domingo, 25 de mayo de 2014 01:31
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Las opiniones expresadas por la vía digital no son una encuesta, técnicamente hablando, pero sí un indicador del humor y especialmente, del malhumor social. En Salta, a más de dos meses de iniciado el juicio por la violación y el asesinato de las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en julio de 2011, la mayoría de la gente no cree que Gustavo Lasi, Daniel Vilte y Santos Vera sean los autores del crimen.

La hipótesis de un crimen cometido por “hijos del poder” luego de una violenta orgía sobrevuela el proceso.

Las pruebas contra Lasi - el ADN sumado a la cámara fotográfica y el celular de las víctimas hallados en su poder - parecen contundentes. Lasi, exempleado de dependencias del Ministerio de Medio Ambiente, declaró que los tres hicieron una emboscada para asaltar a las chicas francesas, reconoce que violó a una de ellas y que los otros dos las mataron. Estos lo niegan y pocos le creen. Mucha gente piensa que se trata de “tres perejiles”.

La credibilidad de la Justicia está en su peor momento.

La circunstancias de la muerte, el lugar donde aparecieron los cuerpos y las versiones acerca del estado de los cadáveres alimentaron dudas desde el primer momento. El apuro del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey por dar por cerrado el caso hizo volar la imaginación colectiva. 

La muerte del comisario que dirigió la investigación, Néstor Piccolo, presentada como suicidio no hizo más que potenciar el descreimiento. Mucha gente piensa que lo mataron para acallarlo.
Jean Michel Bouvier, el padre de Cassandre, planteó sus propias dudas sobre la culpabilidad de Vera y de Vilte. Los testimonios escuchados por el tribunal no despejaron las sospechas.

Para colmo, a Vilte casi lo asesinaron en Villa Las Rosas.

Tres abogados con amplia experiencia pública, María Cristina Garros Martínez y Armando Frezze, exjueces de la Corte salteña, y José Armando Caro Figueroa, de dilatada trayectoria en Salta, a nivel nacional y en España, analizan las causas del descreimiento de la ciudadanía en la Justicia, que obedecen a intromisiones políticas y a falencias que ellos atribuyen al sistema judicial.

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