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La crisis desencadenada en el Instituto Provincial de la Vivienda muestra la vulnerabilidad de un área muy crítica, la habitacional, en la que Salta y el país no parecen encontrar una vía de solución.
Además, exhibe la tolerancia extrema e injustificable de la Procuración General, la Auditoría y el Tribunal de Cuentas ante el manejo discrecional de los dineros públicos y los intereses y derechos de los ciudadanos.
Salta necesita 75 mil viviendas.
El deterioro del empleo rural ha forzado la migración de muchas familias que hoy viven en los asentamientos precarios de las grandes ciudades. Las estimaciones oficiales revelan que más de 200 mil salteños están en esa situación. En algunos casos, se trata de personas que han recibido lotes donde levantaron sus humildes viviendas. En otros, el asentamiento surgió por ocupación compulsiva, alentada eventualmente por funcionarios o punteros políticos.
El sistema de “soluciones habitacionales” no es un plan de viviendas. Repartir chapas o llevar servicios a los asentamientos precarios es solo un remiendo. De hecho, hace pocos días se informó que en Salta capital viven unas 30 mil personas en asentamientos que carecen de agua y cloacas.
En los últimos años, la ausencia de planes habitacionales, la desorganización administrativa y los regímenes de privilegio salieron a la luz en forma intermitente. Las redes sociales reflejaron de manera inapelable la indignación y la desesperación de la gente.
El escándalo por la distribución aparentemente prebendaria de las unidades habitacionales de Lomas de Medeiros, donde se beneficiaron funcionarios del Gobierno, se agravó por la posterior ausencia de investigaciones de lo que eran irregularidades flagrantes. El caso más notable es el del secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Pablo Robbio Saravia, quien fue adjudicatario de una vivienda con destino social pese a tener un inmueble en San Lorenzo y otro en Pinamar. Hace pocas semanas, la nómina de beneficiarios del Plan Procrear en Salta mostró que de los pocos que habían resuelto su problema, varios fueron funcionarios que destinaron el crédito a construir su casa en barrios privados o a mejorar las que habían recibido, en algunos casos, en Lomas de Medeiros.
En este punto, resulta inexplicable la designación de un coordinador local de un programa nacional, que se presenta llevando como insignia la transparencia y que no contempla tal intermediación provincial.
En los últimos años, la actividad del Instituto Provincial de la Vivienda quedó identificada con el nombre del presidente renunciante, Fernando Alesanco, y con sus familiares, que aparecen como adjudicatarios de viviendas sociales en el barrio Mirasoles o como titulares de empresas favorecidas por el organismo.
Estas circunstancias nunca hubieran salido a la luz de no mediar la información periodística, basada en documentos incuestionables, muchos de ellos proporcionados por las mismas publicaciones oficiales. A pesar de los ataques al periodismo independiente, el despido de Alesanco y la intervención del organismo, dispuestos por el gobernador Juan Manuel Urtubey, no hicieron más que ratificar las irregularidades denunciadas.
La vivienda digna es un derecho y el Estado debe facilitar el acceso. Los sistemas tradicionales permitían desarrollar un fondo que se retroalimentaba con el pago de las cuotas. Varios factores de la economía conspiran contra ese modelo. En primer lugar, la inflación, el desempleo y la precarización del trabajo.
El problema es complejo y requiere financiamiento del Estado, idoneidad de los funcionarios y seriedad en la puesta en práctica.
Si se toma al IPV como una unidad de negocios familiares o como una suerte de vidriera política, no habrá respuesta al problema habitacional. Su actual interventor, el diputado Matías Posadas, tiene ahora la posibilidad de demostrar si asume el cargo como un servicio público, una plataforma política o como una unidad de negocios. Los desmanejos y los ilícitos en esta área de la administración pública son graves. Lo que se conoce hasta ahora es solo la cabeza del iceberg. Por eso, el interventor Posadas deberá investigar a fondo, cueste lo cueste, como debió haberlo hecho ya la Procuración General, y no lo hizo.