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La Procuración General de la Nación, a cargo de la doctora Alejandra Gils Carbó, elevó un dictamen contrario a los intereses de Catamarca. El dictamen concluyó que es el Congreso, y no la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que debe resolver el conflicto limítrofe que mantienen Salta y Catamarca en el Salar de Diablillos. De esta forma reconoce los antecedentes posesorios efectivos que acreditó Salta y que no hizo ningún avance hostil como argumenta la vecina provincia.
La demanda la inició Catamarca en diciembre de 2007, por supuestos avances ilegales con concesiones mineras. Esta medida es contraria a la decisión que había tomado el alto tribunal el 15 de noviembre de 2011 cuando se había declarado competente para resolver la demanda. A casi 3 años y después de analizar los alegatos de ambas provincias, la Procuración pidió al máximo tribunal que reconsidere su decisión de seguir entendiendo en el proceso.
Es por eso que la provincia de Catamarca decidió endurecer su postura y presionar a la Corte para revertir ese dictamen y que sea resuelto por la Corte y no por el Congreso. Según publicó El Ancasti, diario de importancia en Catamarca, el fiscal de Estado, Carlos Bertorello, manifestó que le sorprende la postura de la Procuración y cuestionó a la procuradora porque “los límites sí están demarcados”, existiendo suficientes pruebas que así lo afirman.
El dictamen
Según el dictamen del Ministerio Fiscal de la Nación, “la vía elegida por Catamarca no es la idónea para resolver la controversia, porque excede las facultades de la Corte”, ya que “el pleito no se refiere meramente a un conflicto interprovincial sobre dominio de tierras fronterizas, sino que se centra en una irresuelta determinación de límites que debe ser tratada por el Congreso”.
En efecto, el artículo 67 de la Constitución Argentina, determina que es el Poder Legislativo el que está facultado para arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación y fijar los de las provincias.
La Procuración ratificó que existe una controversia de límites provinciales y no, como denunció Catamarca, un avance hostil de Salta.
La posición de la provincia de Salta
La fiscal de Estado de la Provincia, doctora Mónica Lionetto, dialogó con El Tribuno y explicó cuál es la posición de Salta ante este conflicto limítrofe. “El dictamen de la procuración avala la posición de la provincia, y por más que no es vinculante, es algo muy importante. Ese dictamen entiende que la cuestión debe ser tratada por el Congreso. La Corte tendrá que definir si este conflicto es como nosotros sostenemos, que no es una cuestión judicial o si es por el contrario, como dice Catamarca”, expresó la funcionaria.
Cuando se le preguntó por qué desde la Fiscalía de Estado no había expresado su opinión, Lionetto comentó que, “no nos expresamos todavía porque hay un juicio en trámite y falta la sentencia, por eso hasta que no se expida la Corte, creemos que no es necesario”.
El que expuso su opinión fue el juez de Minas, Daniel Marchetti. Según expresó el funcionario a un medio salteño, nunca existió una usurpación por parte de Salta y explicó que Diablillos pertenece a la jurisdicción salteña. Marchetti sostuvo que todas las pruebas que posee la provincia, sostienen que el salar pertenece a Salta, ya que desde 1890 se tiene presencia salteña. Pero asegura que esto no finalizará hasta que el Congreso no intervenga.
Una disputa de larga data
La zona en puja es una franja territorial de aproximadamente 10 kilómetros y que ambas provincias reclaman de su propiedad. El borde fronterizo se encuentra en los departamentos Los Andes y Antofagasta de la Sierra.
El conflicto se remonta a antiguas épocas. Esta disputa limítrofe que llevan adelante Salta y Catamarca tiene sus inicios en el desmembramiento del Territorio Nacional de Los Andes, cuyos suelos habían sido incorporados a la República Argentina en 1900.
Un gobierno de facto, sin embargo, derogó la ley de 1900 con otra norma dictada en 1943, que anexó esas tierras a los actuales departamentos de Susques (Jujuy), Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca). Salta, entonces, presentó reclamos por antiguas posesiones en la zona que fueron reconocidas por la Corte Suprema con dos fallos: uno por Diablillos, en 1985, y el otro por el salar del Hombre Muerto, en 1987.
No obstante, ante la falta de determinación de una línea definitiva, la controversia resurgió en 2007. En ese año se produjo la disputa de dos compañías mineras, Silver Standard y Cerro Bayo, que obtuvieron concesiones de Salta y Catamarca, por una misma área.