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Salta se encuentra conmovida por el desenlace del juicio oral por el doble crimen de las turistas francesas. El tribunal condenó a uno de los acusados, contra el que había evidencias contundentes, incluida su propia declaración. Absolvió y dejó en libertad a los otros dos imputados, aunque en este caso, dos jueces le aplicaron el llamado “beneficio de la duda” mientras que el otro los declaró “lisa y llanamente” inocentes. Es imposible que un solo hombre, Walter Lasi, haya cometido ese crimen. Queda entonces pendiente la investigación acerca de quiénes fueron sus cómplices.
Cuando se conozcan los fundamentos del fallo habrá más elementos para evaluar los desempeños del hoy cuestionado juez Martín Pérez y del fiscal Eduardo Barrionuevo, para quienes existían pruebas suficientes contra Vilte y Vera como para llevarlos a juicio. Lo cierto es que los testimonios escuchados durante más de dos meses llevaron a los jueces Angel Longarte, Carlos Pucheta y Bernardo Ruiz a expresar discrepancia con la instrucción. No encontraron pruebas concluyentes contra los absueltos.
Hoy, la Justicia salteña está en deuda, por más que haya un condenado. Está en deuda también con decenas de familias que todos los viernes reclaman por la impunidad en los crímenes de algún ser querido.
Es importante destacar que el juez Pucheta, durante la declaración del exsecretario de Seguridad Aldo Saravia, expuso con mucha firmeza y severidad las irregularidades en la instrucción y las probadas torturas que sufrieron algunos sospechosos a manos de la policía, que depende directamente del Poder Ejecutivo. Pero no solamente se registró un flagrante atentado contra los derechos humanos. La respuesta de Saravia, acerca de que había “premura” por esclarecer el crimen es una verdadera confesión de parte de la intromisión, ilegítima e inconstitucional, del poder político en el trámite judicial.
Los atropellos y las torpezas, que no debieron haber sido tolerados por el juez ni por el fiscal, se corresponden sin embargo con la realidad de la justicia salteña de estos días, donde la reforma del Código Procesal Penal ha derivado en una distorsión que convierte a los fiscales en agentes del gobierno y no actúan como funcionarios al servicio de la ley y la equidad.
La politización de la Justicia, un fenómeno hoy flagrante en Salta, siempre termina en la arbitrariedad, la impunidad y el deterioro de las instituciones y los principios de la democracia.
La impunidad en el asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni es más resonante pero no más grave que otros casos, ocurridos en una provincia donde existe una sorprendente permisividad frente a los atropellos policiales.
Muchas falencias son imputables a los 135 policías que participaron en la instrucción y que fueron condecorados por el gobernador Juan Manuel Urtubey apenas diez días después del hallazgo de los cadáveres y luego de que el mandatario provincial, a través de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, comunicara al presidente francés, Nicolás Sarkozy, que el caso estaba resuelto.
¿Cuál era la “premura” que llevó al gobernador a transmitir información errónea a dos presidentes?
En este caso, es imprescindible que rinda cuentas, también, el entonces ministro Pablo Kosiner, durante cuya gestión se produjeron en su área de incumbencia estos hechos, y otros igualmente graves. También el procurador Pablo López Viñals, responsable de las pericias realizadas durante la instrucción.
La muerte del comisario que dirigió la investigación policial, Néstor Piccolo, ocurrida apenas cuatro meses después del crimen y presentada como suicidio, aparece directamente vinculada al caso de las jóvenes francesas, ya que en el expediente figura un escrito firmado por este oficial, donde denuncia que en la instrucción “se plantaron pruebas”.
El caso no está cerrado. Además de las previsibles apelaciones, para que haya Justicia y no prevalezca la impunidad, es necesario que se identifiquen y condenen, dentro de un juicio legal y con pruebas, los cómplices de Lasi. Sean quienes fueren, no pueden estar demasiado lejos. Para las instituciones de Salta y para la seguridad de los salteños, es imprescindible que aparezcan.