Urtubey fogonea más inflación

Urtubey fogonea más inflación

Con gran sorpresa nos enteramos de un proyecto de supuesta promoción ganadera presentado por el Poder Ejecutivo que el martes pasado obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, con la sola oposición del legislador Carlos Zapata.
El citado proyecto dedica unas pocas líneas a citar las herramientas que podría utilizar el Ministerio de la Ambiente y Producción Sustentable para fomentar la ganadería, las cuales poco aportan respecto de aquellas otras que ya se encuentran vigentes aunque con escaso uso. Seguidamente, de modo tan escueto como sospechoso, el proyecto en cuestión faculta al gobernador a crear una sociedad anónima con participación del Estado para establecer el precio de los granos con destino a la producción de carnes y derivados sin más aclaración.
A partir de allí, el proyecto no hace más que modificar, sustituir e incrementar tasas ya existentes.
En realidad, lo que se advierte del proyecto es una clara intención de incrementar fuertemente las distintas tasas que soporta la cadena de todas las carnes y sus derivados. En efecto, conforme a la normativa vigente, un camión con carne que ingrese a la provincia debe pagar $0,03 centavos por kilogramo de carne vacuna, es decir $840 por 28 toneladas, mientras que el cuestionado proyecto propone un incremento en la tasa que la llevaría a $2.25 por kg. De este modo, el mismo camión debería pagar $63.000 por la misma carga. (Esto podría sufrir una modificación a un tercio según cambios de diputados). Debe tenerse en cuenta que el aludido incremento debiera ser soportado por quienes ingresen productos cárnicos a la provincia aunque resulta insoslayable que, como suele suceder, el mismo será indefectiblemente trasladado a las góndolas de carnicerías y supermercados, generando un incremento al consumidor de alrededor de 4%. Dicho en otros términos, este incremento se constituye en uno de los tantos elementos que distorsionan y generan esa brecha incomprensible entre el valor que recibe un ganadero y el que paga el consumidor en góndola.
Resulta justo mencionar que es necesario analizar herramientas que fomenten el consumo de carnes de producción local, pero siempre con medidas que den ventajas impositivas o financieras, que permitan competir a la industria local, sin crear aduanas internas ni recaer en un mayor costo al consumidor, restringiendo de ese modo la introducción de productos cárnicos excedentes de otras jurisdicciones que puedan distorsionar los valores de dichos productos. También es justo aclarar que nuestra producción ganadera abastece menos del 50% de lo que efectivamente consumimos en la provincia.
Una mención aparte merece el origen de algunas de las tasas previstas por el proyecto en cuestión -entre las cuales podemos citar el artículo octavo- en cuanto establece que el documento de tránsito animal (D.T.A.) emitido por una autoridad nacional como Senasa, solo será válido si previamente se encuentra visado por la autoridad de aplicación, para lo cual se instituye una tasa retributiva que surge de multiplicar el valor cárnico referencial que establece la norma por la cantidad de cabezas en tránsito. Entiéndase que lo expuesto implica que la autoridad de aplicación provincial establece una tasa al solo efecto de visar o controlar un documento emitido por una autoridad nacional como lo es Senasa. Para ejemplificar el absurdo con un paralelismo, se debiera facultar a un oficial de tránsito a cobrar una tasa por controlar la documentación que acredita la titularidad de un vehículo.
En ese sentido, la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia (14/12/09) sostuvo que el valor de las tasas deben tener una relación con el servicio realmente prestado. Dicha jurisprudencia aclara que la mera invocación del municipio que cuenta con capacidad para brindar los servicios de control y seguridad no es suficiente para el cobro del tributo. En este caso, además de no prestarse ningún servicio, se pretende imponer una elevadísima tasa por una tarea de control. A propósito de ello, no parece lógico sostener que el solo hecho de visar los papeles emitidos por una autoridad nacional que habilita el tránsito de un camión habilite cobrar una tasa cercana a los $60.0000.
El fomento ganadero que necesita nuestra provincia requiere un análisis consensuado y profundo que concluya con la generación de nuevas herramientas de financiamiento genuino y no a través de la imposición de nuevas tasas o el incremento de las ya existentes que, como ya expusimos, solo beneficiarán a unos pocos en detrimento de la enorme masa consumidora.
Las políticas de Gobierno implementadas en materia agropecuaria a los largo de los últimos años produjeron el inconcebible deterioro y disminución del stock ganadero, generando entre otras consecuencia el incremento de los precios de los productos cárnicos al consumidor final. El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados en total desconocimiento -o desinterés por sus consecuencias-, difícilmente cumpla con su objetivo principal de fomento ganadero; en todo caso, parece ser producto de la necesidad de recaudar del modo más fácil con el menor esfuerzo.