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Detrás de las fachadas de los edificios de la peatonal La Florida 62 y 86, Salta empezó a perder parte de su historia. Desde las propiedades vecinas se ve claramente cómo ya se demolieron valiosas estructuras internas de esos históricos inmuebles ubicados en centro de la capital salteña.
En algunos sectores, los trabajos aniquilaron la arquitectura que lucían las columnas y paredes. Aunque en estos días no hubo movimiento de obreros, quedaron escombros, herramientas y otros materiales de la construcción.
Según los registros de la Dirección General de Inmuebles, ambos edificios figuran hoy a nombre de Pablo Alberto Bernal Rosas. En 2007, la intendencia los había transferido al empresario Roque Lozano como parte de pago por el predio ubicado en la avenida Paraguay al 1240, donde se levantó el Centro Cívico Municipal.
Esa operatoria, que incluyó la entrega de otros tres inmuebles por parte de la comuna, fue blanco de críticas por la bajísima cotización aceptada.
Las casonas de La Florida 62 y 86 fueron declaradas bienes de interés arquitectónico y urbanístico de la Provincia a través de la ley 7.418 y están incluidas en el Plan Regulador del Área Centro Ciudad de Salta (PRAC). Hasta 2009 funcionaron allí reparticiones municipales.
De nada sirvieron las restricciones para demoler, refaccionar o hacer cualquier otra obra asentadas en las cédulas parcelarias de esos inmuebles. Ni siquiera funcionarios de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (Copaups) evitaron las demoliciones que, según vecinos y comerciantes, se hicieron entre enero y febrero.
El valor histórico de esas propiedades es comparable con el edificio del Museo Arias Rengel, la Casa de Leguizamón y la Casa de Hernández, entre otros exponentes de la historia y la arquitectura de la ciudad.
Distintas fuentes indicaron que meses atrás ingresó a la Copaups un expediente para obtener una certificación de no objeción de obra para los inmuebles de La Florida.
El Tribuno solicitó una entrevista con el presidente de la Comisión, Guillermo Matach, pero recién será concedida hoy. Según trascendió, para La Florida 62 y 86 proyectan un centro comercial, un plan que ya había presentado en mayo de 2009 el empresario Lozano bajo la denominación "remodelación y ampliación".
María Eugenia Angulo, subsecretaria de Control y Planificación Urbana, admitió ayer que hace un mes el municipio suspendió los trabajos que allí se concretaban por falta de documentación de la obra. "Hemos actuado de oficio y por precaución. Después presentaron todo", aseguró.
La funcionaria deslindó responsabilidad en la Copaups, que se encarga de autorizar cualquier trabajo en los inmuebles que fueron declarados de interés arquitectónico.
Angulo señaló que la suspensión duró apenas un día, lo que expone el poco interés de las autoridades por preservar el patrimonio de Salta. Según los vecinos, en estos días no se escucharon demoliciones ni se vieron obreros.
Las intenciones de Lozano de construir una galería comercial ya habían generado un rotundo rechazo. En junio de 2009, la jueza Stella Maris Pucci de Cornejo ordenó a los organismos abstenerse de autorizar cualquier modificación, construcción, demolición o intervención arquitectónica o edilicia. La medida cautelar fue en respuesta al amparo interpuesto por la entonces diputada provincial Virginia Cornejo.
La magistrada también había intimado a Lozano y a Jorge Carreras, quien figuraba como propietario fiduciario, a no alterar el estado de los edificios. Hoy esas acciones caen en saco roto, mientras que con las demoliciones Salta sepulta parte de su historia.
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