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La imagen es la misma y se repite en los últimos años: cientos de desocupados recorren día a día las empresas de la zona sin conseguir un empleo.
Los mismos grupos hacen pesar sus reclamos y algunos, más radicalizados que otros, cortan prácticamente cada dos días la ruta nacional 34 y otros caminos de la región, para impedir que los vehículos que llevan personal a las diferentes locaciones hidrocarburíferas puedan llegar a destino. Otros, en los mismos cortes, exigen "ayuda económica" a las empresas para permitirles seguir transitando.
La situación social en Aguaray, localidad ubicada a 14 kilómetros de la frontera con Bolivia, aumenta la preocupación en los responsables de las empresas de servicios de los yacimientos, en aquellas que operan de satélite de la Refinería Campo Durán o el Gasoducto del Norte (TGN). Responsables de varias empresas que operan en la zona, que pidieron estricta reserva de su identidad, aseguraron a El Tribuno que desde las altas gerencias en Buenos Aires no los autorizan a negociar con los grupos piqueteros ni asistir a reuniones en Aguaray. "Solo podemos acordar algunos planes de contención social con el Gobierno de la Provincia, pero nada más. Tampoco vamos a reemplazar al municipio en obras que les son propias", explicaron.
Hasta el jueves la ruta nacional 34, a la altura de Aguaray -en la que tiene injerencia la Justicia federal a cargo del juez de Orán, Raúl Reynoso- estuvo cortada, pero la medida se levantó luego de una promesa del intendente Juan Carlos Alcoba de otorgarles obras menores a las cooperativas de desocupados que protestaban. Todo dependerá de lo que resulte de una reunión con los desocupados.
Las trabas
"Esta localidad no tiene, hasta ahora, ninguna posibilidad fáctica de incorporar a la actividad laboral a cientos de padres de familia desocupados. La situación es mucho más dramática que la que se vive en pueblos vecinos como la fronteriza Salvador Mazza, Tartagal o General Mosconi", coinciden desde el sector empresario en general.
La diferencia está a la vista. Por ejemplo, en Salvador Mazza, la dinámica propia de la frontera con Bolivia, que registra un gran movimiento de personas, transportes de todo tipo y el comercio internacional, logra contener a los desocupados de uno y otro lado. Los más de 1.000 changarines que cargan y descargan cientos de camiones y las decenas de mujeres que venden alimentos en los carritos callejeros recaudan montos que les permiten sustentar el alimento diario de sus familias.
Algo similar sucede en Tartagal, que registra un movimiento comercial y productivo mucho mayor que el resto de las localidades del departamento San Martín. En el caso de General Mosconi, más de 1.500 personas reciben un subsidio de la Unión de Trabajadores Desocupados que lidera el histórico piquetero José "Pepino" Fernández. Incluidos dentro de los denominados "proyectos productivos", los desocupados no cobran sueldos pero sí el salario familiar que en Mosconi registra el coeficiente 4, es decir cuatro veces más que en el resto de la provincia, por lo que por el momento la situación está contenida.
Los mismos grupos hacen pesar sus reclamos y algunos, más radicalizados que otros, cortan prácticamente cada dos días la ruta nacional 34 y otros caminos de la región, para impedir que los vehículos que llevan personal a las diferentes locaciones hidrocarburíferas puedan llegar a destino. Otros, en los mismos cortes, exigen "ayuda económica" a las empresas para permitirles seguir transitando.
La situación social en Aguaray, localidad ubicada a 14 kilómetros de la frontera con Bolivia, aumenta la preocupación en los responsables de las empresas de servicios de los yacimientos, en aquellas que operan de satélite de la Refinería Campo Durán o el Gasoducto del Norte (TGN). Responsables de varias empresas que operan en la zona, que pidieron estricta reserva de su identidad, aseguraron a El Tribuno que desde las altas gerencias en Buenos Aires no los autorizan a negociar con los grupos piqueteros ni asistir a reuniones en Aguaray. "Solo podemos acordar algunos planes de contención social con el Gobierno de la Provincia, pero nada más. Tampoco vamos a reemplazar al municipio en obras que les son propias", explicaron.
Hasta el jueves la ruta nacional 34, a la altura de Aguaray -en la que tiene injerencia la Justicia federal a cargo del juez de Orán, Raúl Reynoso- estuvo cortada, pero la medida se levantó luego de una promesa del intendente Juan Carlos Alcoba de otorgarles obras menores a las cooperativas de desocupados que protestaban. Todo dependerá de lo que resulte de una reunión con los desocupados.
Las trabas
"Esta localidad no tiene, hasta ahora, ninguna posibilidad fáctica de incorporar a la actividad laboral a cientos de padres de familia desocupados. La situación es mucho más dramática que la que se vive en pueblos vecinos como la fronteriza Salvador Mazza, Tartagal o General Mosconi", coinciden desde el sector empresario en general.
La diferencia está a la vista. Por ejemplo, en Salvador Mazza, la dinámica propia de la frontera con Bolivia, que registra un gran movimiento de personas, transportes de todo tipo y el comercio internacional, logra contener a los desocupados de uno y otro lado. Los más de 1.000 changarines que cargan y descargan cientos de camiones y las decenas de mujeres que venden alimentos en los carritos callejeros recaudan montos que les permiten sustentar el alimento diario de sus familias.
Algo similar sucede en Tartagal, que registra un movimiento comercial y productivo mucho mayor que el resto de las localidades del departamento San Martín. En el caso de General Mosconi, más de 1.500 personas reciben un subsidio de la Unión de Trabajadores Desocupados que lidera el histórico piquetero José "Pepino" Fernández. Incluidos dentro de los denominados "proyectos productivos", los desocupados no cobran sueldos pero sí el salario familiar que en Mosconi registra el coeficiente 4, es decir cuatro veces más que en el resto de la provincia, por lo que por el momento la situación está contenida.
No criminalizar las protestas
Sobre varios hechos que ocurrieron en Aguaray en las últimas semanas, relacionados con las protestas sociales, actuó el fiscal penal Armando Cazón, quien tiene jurisdicción sobre Aguaray y Salvador Mazza.
La situación más grave se registró hace dos semanas, cuando un grupo de desocupados tomó de rehén a un directivo de una empresa que realizaba un servicio para TGN. Lo mantuvieron en el bar de una estación de servicios de Aguaray, por lo que Cazón ordenó la detención de los cabecillas. La orden del fiscal disparó, a su vez, un corte de la ruta 34 para exigir la liberación de los detenidos.
"Una cosa es el reclamo social por fuentes de trabajo, que es un tema atendible sobre el que se puede dialogar, pero otra es la comisión de un delito grave como privar de la libertad a una persona o amenazar", dijo Cazón. Y explicó que "sin extralimitarme y por mi experiencia como exfuncionario municipal, me reuní con el intendente Juan Carlos Alcoba y le pedí que negocie, porque la caja de resonancia es el municipio y el intendente tiene que mostrar toda su capacidad de gestión para conseguir obras o planes de inversión. Esto podrá contener a esa masa de desocupados que no tiene adónde ir. La única manera que esto se descomprima es que la gente tenga trabajo, no hay otro secreto. Pero para eso hay que gestionar donde sea necesario", insistió.
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