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El magistrado dispuso hasta agosto, como tiempo límite, para que la nacionalizada YPF responda a una demanda por incumplimientos legales durante la expropiación.
Quien está detrás de la acción judicial es Burford Capital Limited, un megabufete internacional con activos por más de US$ 500 millones que se dedica a la industria del litigio corporativo.
Lo que hizo este grupo especulativo fue comprar el juicio que tenían las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía contra la petrolera, y que habían sido creadas en 2008 para adquirir el 25% de las acciones de YPF.
Después de la estatización, ambas empresas de la familia Eskenazi fueron a la bancarrota y perdieron el control de los activos de la compañía hidrocarburífera.
Más tarde, la Justicia española habilitó la chance de que los Eskenazi vendieran el litigio y ahí fue que la causa cambió de manos.
El escrito presentado por Burford argumenta que el Gobierno argentino, al momento de lanzar la expropiación de la mayoría accionaria en abril de 2012, no realizó una oferta pública de adquisición sobre las acciones a un precio predeterminado para retomar el control de la firma, tal como lo establecían "los estatutos de YPF". Todavía se desconoce cuánto es el monto de la demanda, pero se descarta que es millonaria.
El miércoles pasado, el juez Griesa estableció que la petrolera tiene hasta el 17 de agosto para poner a disposición "su respuesta o moción para rechazar la demanda" que presentó Burford a principios de abril.