No estaban dadas las garantías para concursos transparentes | Consejo de la Magistratura

Salta sigue sin sumar jurados de expertos en la selección de magistrados ¿Qué perjuicios genera esta omisión?
Un jurado de expertos tiende a asegurar la imparcialidad en la evaluación durante las etapas más técnicas del concurso. Cuando se crearon los consejos de la Magistratura, justamente, el objetivo principal era asegurar una elección basada en el mérito de los candidatos, por eso hay una evaluación tanto de antecedentes como de oposición. Si no existen jurados técnicos o independientes para analizar los resultados de los exámenes, sobre todo la evaluación de antecedentes y el examen escrito, hay riesgos de que los criterios utilizados para tales etapas no sean los estrictamente vinculados al examen.
¿Qué otros aspectos del reglamento para la selección de jueces no se modificaron para dar mayor transparencia?
Hay algunos aspectos que siguen siendo problemáticos y otros representan un avance. En el primer caso, prácticamente no hubo modificaciones en la evaluación de antecedentes, porque esto está establecido por la ley provincial 7016. El problema es que al no ser del todo claros los criterios por los cuales se asignan puntajes para la evaluación de antecedentes, hay un riesgo alto de inequidad en la evaluación de los antecedentes entre los distintos postulantes. Sigue siendo problemática la falta de criterios objetivos e igualitarios en la evaluación de antecedentes. Después se podrían haber mejorado otros aspectos, pero hubo algunos avances. En cuanto a la evaluación de oposición o la etapa de examen, ahora se especificó mucho más con la existencia de un examen escrito, que es anónimo y que establece una determinada cantidad de puntaje, 25 puntos. Es un avance, pero nosotros hubiéramos querido que además de hacer un examen escrito anónimo se publiquen, por ejemplo, los resultados y las actas de las evaluaciones para que la puedan ver los demás postulantes y quien quiera controlar que la evaluación haya sido justa o ecuánime. Eso todavía no se logró con el nuevo reglamento. La entrevista se mantiene, pero con ventajas. Tiene un puntaje más bajo, además, es pública, se filma, tiene registro taquigráfico y por lo tanto permite controlar la evaluación que se hace a un candidato y a otro. Se podría haber avanzado más estableciendo qué criterios serán evaluados en las entrevistas orales.
¿Cuáles criterios se podrían haber determinado específicamente para la entrevista?
Depende. En algunas jurisdicciones tienen un examen técnico oral además de la entrevista. Esta última se reserva para evaluar cuestiones como las aptitudes del candidato para, por ejemplo, gestionar un juzgado; también las posiciones del candidato sobre determinadas cuestiones sobre las que tendrá que decidir. Entonces, en la entrevista los consejeros pueden evaluar sobre las consideraciones más técnicas o de interpretación jurídica del candidato sobre cuestiones en las que hay divergencia. En la interpretación del derecho, más allá de la letra estricta de la ley pueden haber distintas interpretaciones sobre cómo resolver determinados casos, algunos de mucho interés público. En algunas jurisdicciones, la entrevista se reserva para hacerles preguntas de ese tipo al candidato. En otras jurisdicciones, en la que no existe examen técnico oral, la entrevista podría reservarse para eso y ver cómo ante una determinado caso o conflicto jurídico, el postulante reflexiona y resuelve.
¿Les llamó mucho la atención lo que sucedía en Salta con la selección de jueces? ¿Estos casos de nepotismo ocurren en otras jurisdicciones?
Depende de la situación en cada provincia. El caso de Salta nos llamó particularmente la atención por la magnitud de los concursos abiertos. Si no estaban dadas las garantías para que los concursos sean equitativos y transparentes, como creíamos en ese momento, el problema es mayor cuando hay un concurso. Ahora la situación en las distintas provincias es muy disímil: algunas cumplen con los estándares deseables para asegurar la transparencia del procedimiento. En el caso de Salta, estaba lejos, al menos con el anterior reglamento. Creemos que ahora se acerca mucho más a criterios más justos y a pautas más transparentes. Aunque sigue habiendo pasos para dar.