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Vecinos de barrios de la zona sudeste fueron ayer a las oficinas del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario para reclamar abastecimiento para el centro vecinal de Convivencia, y asistencia social para la agrupación Madres Solidarias, que trabaja en Siglo XXI.
Solicitaron una audiencia con el titular de la cartera, Luis Gómez Almarás, pero no pudieron ni siquiera atravesar la puerta de ingreso. Fueron interceptados por un oficial de policía y un guardia privado, quienes les explicaron la ausencia del ministro. "Pero que nos digan un día y una hora para venir y que nos reciba", respondieron con calma. El seguridad les tomó sus datos con la promesa de que las contactarían para concretar una reunión con el funcionario.
"Vamos a esperar hasta el lunes, pero si no tenemos novedades, el martes nos vamos a movilizar en una marcha hacia la plaza 9 de Julio", advirtió María Rosa Ríos, presidenta del centro vecinal de barrio Convivencia desde hace ocho años. La institución alcanzó personería jurídica en el 2007 y tiene el número de legajo 432 de la Inspección General de Personerías Jurídicas del Ministerio de Gobierno.
"Me pedían que convirtamos en persona jurídica a la organización barrial que teníamos funcionando, de hecho, como centro vecinal", relató María Rosa y agregó que "lo necesitábamos para recibir recursos e insumos, en nuestro barrio se ve mucha pobreza, hay gente desempleada que no tiene para comer".
Desde hace algunos años han montado un merendero en el lugar que, según las estimaciones de la presidenta del centro vecinal, beneficia a unos 200 niños. Además, señaló que en la zona hay unos 40 jóvenes y adolescentes que están bajo el yugo de las adicciones. "El flagelo de las drogas está muy presente en el barrio", apuntó, mientras que su compañera acotó: "Le pedimos ayuda por este tema a Marianela Cansino cuando era ministra, pero ella hizo oídos sordos".
Marcela Hoyos, referente de la agrupación Madres Solidarias, quien llegó junto a María a las oficinas de 25 de mayo 872, se explayó al respecto: "Los chicos no tienen la culpa, pero no hay empleos dignos, se desmotivan desde chicos y ya se meten en la droga. Sin ayuda y contención es difícil sacarlos".
Esa quita se consumó hace cuatro meses, y hasta ahora no han recibido noticias de las causas formales por las que se tomó esa determinación. "Nos ayudaban con sachets de leche y tortillas, nos daban 40 sachets y 100 tortillas por día. Pero pasaron las elecciones y se olvidaron de nosotros acusándonos de no haber trabajado en la campaña", denunció María Rosa, quien además afirmó que "los chicos no tienen la culpa de las disputas políticas que tienen ellos".
Sin fondos ni recursos
El centro vecinal no tiene un presupuesto asignado, de la misma forma que las otras instituciones de su clase. El presidente de la Federación de Centros Vecinales de Salta, Emilio Gutiérrez, indicó a El Tribuno que ni siquiera la organización que él encabeza tiene fondos asignados por el Estado.
"Lo que hacemos es hacer convenios para recibir materiales para los playones deportivos o una remuneración para los profes que van a dar clases a los chicos", detalló Gutiérrez. "El Estado no nos da dinero, solo trabajamos obteniendo recursos a través de acuerdos de cooperación", señaló.
Además sostuvo que ante esta situación, desde la Federación se motorizan actividades como bingos y rifas, que sirven para tener un ingreso monetario, que es oportunamente repartido entre los 200 centros vecinales que están nucleados en la institución. "Pero lo que llega a cada centro vecinal es ínfimo y no es un monto fijo, no es que hacemos todos los meses rifas o bingos, son cuestiones eventuales", puntualizó.
María Rosa Ríos, la titular del centro vecinal de barrio Convivencia, confirmó los dichos de Gutiérrez expresando que "a nivel de fondos, dependemos exclusivamente de lo que nos dé el Gobierno, nosotros no generamos ingresos corrientes". También fundamentó que las actividades de recaudación son complicadas de hacer porque los vecinos de la zona están sumidos en la pobreza. "Hay chicos que no tienen ni zapatillas", graficó.
Sin respuesta
Ivette Dousset, quien estuvo en la Cooperadora Asistencial de la Capital, confirmó los dichos de María Rosa. "Les estábamos brindando efectivamente asistencia, pero desconozco por qué se ha cortado el servicio, para que se les haya cortado tiene que haber un expediente con un motivo".
La funcionaria provincial deslizó algunas causas por las que se puede cortar la ayuda. "A veces la quita tiene que ver con que los chicos ya no están concurriendo a ese comedor, entonces se reasignan las provisiones a otro lugar". Además, Dousset reconoció que no estaba en conocimiento de la situación en Convivencia, y sugirió consultar a las autoridades de la Cooperadora que continúan desde la gestión de Miguel Isa.
El Tribuno se contactó con Sergio Rubio, coordinador del programa Copa de Leche, quien evadió responder aduciendo que "no estoy en conocimiento sobre el tema y además estoy de vacaciones, cuando vuelva a la Cooperadora me podés llamar de nuevo". Rubio no dio información alguna y aseguró que en estos casos se dialoga directamente con los vecinos afectados.
En tiempos de clases, la Cooperadora entrega cerca de 160 mil raciones diarias de copa de leche, entonces tiene que haber un argumento contundente para dejar sin la merienda a los chicos que concurren a este sitio en la zona sudeste.
Solicitaron una audiencia con el titular de la cartera, Luis Gómez Almarás, pero no pudieron ni siquiera atravesar la puerta de ingreso. Fueron interceptados por un oficial de policía y un guardia privado, quienes les explicaron la ausencia del ministro. "Pero que nos digan un día y una hora para venir y que nos reciba", respondieron con calma. El seguridad les tomó sus datos con la promesa de que las contactarían para concretar una reunión con el funcionario.
"Vamos a esperar hasta el lunes, pero si no tenemos novedades, el martes nos vamos a movilizar en una marcha hacia la plaza 9 de Julio", advirtió María Rosa Ríos, presidenta del centro vecinal de barrio Convivencia desde hace ocho años. La institución alcanzó personería jurídica en el 2007 y tiene el número de legajo 432 de la Inspección General de Personerías Jurídicas del Ministerio de Gobierno.
"Me pedían que convirtamos en persona jurídica a la organización barrial que teníamos funcionando, de hecho, como centro vecinal", relató María Rosa y agregó que "lo necesitábamos para recibir recursos e insumos, en nuestro barrio se ve mucha pobreza, hay gente desempleada que no tiene para comer".
Desde hace algunos años han montado un merendero en el lugar que, según las estimaciones de la presidenta del centro vecinal, beneficia a unos 200 niños. Además, señaló que en la zona hay unos 40 jóvenes y adolescentes que están bajo el yugo de las adicciones. "El flagelo de las drogas está muy presente en el barrio", apuntó, mientras que su compañera acotó: "Le pedimos ayuda por este tema a Marianela Cansino cuando era ministra, pero ella hizo oídos sordos".
Marcela Hoyos, referente de la agrupación Madres Solidarias, quien llegó junto a María a las oficinas de 25 de mayo 872, se explayó al respecto: "Los chicos no tienen la culpa, pero no hay empleos dignos, se desmotivan desde chicos y ya se meten en la droga. Sin ayuda y contención es difícil sacarlos".
María Rosa Ríos BARRIO CONVIVENCIA "Si no hay respuestas, el martes haremos una marcha".
Ambas mujeres coinciden en que intentaron numerosas veces ser recibidas por la exministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino, quien siempre interpuso pretextos para no concretar una audiencia. "Estamos cansados de lidiar con esta actitud del gobierno de Urtubey, nos mezquina todo, nos quitaron la harina y la copa de leche que nos estaba dando la Cooperadora Asistencial". Esa quita se consumó hace cuatro meses, y hasta ahora no han recibido noticias de las causas formales por las que se tomó esa determinación. "Nos ayudaban con sachets de leche y tortillas, nos daban 40 sachets y 100 tortillas por día. Pero pasaron las elecciones y se olvidaron de nosotros acusándonos de no haber trabajado en la campaña", denunció María Rosa, quien además afirmó que "los chicos no tienen la culpa de las disputas políticas que tienen ellos".
Sin fondos ni recursos
El centro vecinal no tiene un presupuesto asignado, de la misma forma que las otras instituciones de su clase. El presidente de la Federación de Centros Vecinales de Salta, Emilio Gutiérrez, indicó a El Tribuno que ni siquiera la organización que él encabeza tiene fondos asignados por el Estado.
"Lo que hacemos es hacer convenios para recibir materiales para los playones deportivos o una remuneración para los profes que van a dar clases a los chicos", detalló Gutiérrez. "El Estado no nos da dinero, solo trabajamos obteniendo recursos a través de acuerdos de cooperación", señaló.
Además sostuvo que ante esta situación, desde la Federación se motorizan actividades como bingos y rifas, que sirven para tener un ingreso monetario, que es oportunamente repartido entre los 200 centros vecinales que están nucleados en la institución. "Pero lo que llega a cada centro vecinal es ínfimo y no es un monto fijo, no es que hacemos todos los meses rifas o bingos, son cuestiones eventuales", puntualizó.
María Rosa Ríos, la titular del centro vecinal de barrio Convivencia, confirmó los dichos de Gutiérrez expresando que "a nivel de fondos, dependemos exclusivamente de lo que nos dé el Gobierno, nosotros no generamos ingresos corrientes". También fundamentó que las actividades de recaudación son complicadas de hacer porque los vecinos de la zona están sumidos en la pobreza. "Hay chicos que no tienen ni zapatillas", graficó.
Marcela Hoyos BARRIO SIGLO XXI "Hay muchos problemas con la droga y el Gobierno no brinda ayuda".
Sobre esta problemática, la subsecretaria de Asuntos Vecinales de la Provincia, Ivette Dousset, aseguró que no se designa presupuesto para la Federación ni para los centros porque "se generan conflictos con los vecinos que no se sienten representados con las conducciones de las instituciones". Sin respuesta
Ivette Dousset, quien estuvo en la Cooperadora Asistencial de la Capital, confirmó los dichos de María Rosa. "Les estábamos brindando efectivamente asistencia, pero desconozco por qué se ha cortado el servicio, para que se les haya cortado tiene que haber un expediente con un motivo".
La funcionaria provincial deslizó algunas causas por las que se puede cortar la ayuda. "A veces la quita tiene que ver con que los chicos ya no están concurriendo a ese comedor, entonces se reasignan las provisiones a otro lugar". Además, Dousset reconoció que no estaba en conocimiento de la situación en Convivencia, y sugirió consultar a las autoridades de la Cooperadora que continúan desde la gestión de Miguel Isa.
El Tribuno se contactó con Sergio Rubio, coordinador del programa Copa de Leche, quien evadió responder aduciendo que "no estoy en conocimiento sobre el tema y además estoy de vacaciones, cuando vuelva a la Cooperadora me podés llamar de nuevo". Rubio no dio información alguna y aseguró que en estos casos se dialoga directamente con los vecinos afectados.
Ivette Dousset FUNCIONARIA PROVINCIAL "Para que se les haya cortado tiene que haber un expediente con un motivo".
Sin embargo, tanto María Rosa Ríos como Marcela Hoyos resaltaron que no recibieron una explicación contundente ni notificaciones correspondientes. Según ellas, de forma solapada, les dijeron que no habían colaborado en las campañas y los "acusaron" de "hacer campaña para otros políticos". En tiempos de clases, la Cooperadora entrega cerca de 160 mil raciones diarias de copa de leche, entonces tiene que haber un argumento contundente para dejar sin la merienda a los chicos que concurren a este sitio en la zona sudeste.
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