Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
El 1 de enero de 2014 la Provincia de Salta promulgó la ley 7.782 en la que adhirió a la norma nacional 23.737. A partir de ello, la administración local se hace cargo de intervenir en causas relacionadas con el microtráfico. Desde ese momento, se abrieron 5.194 causas por ventas al menudeo, y se condenó a 270 personas en 2015 y a 186 en 2014. El total de droga incautada alcanza la irrisoria suma de 360 kilogramos.
El enorme número de procedimientos no se condice con el material ilegal incautado: solo se decomisaron 339,64 kilos de marihuana y 20,90 kg de cocaína y sus derivados. Es decir, cada causa por microtráfico representa el secuestro de 69 gramos. El resultado más notorio es que el narcotráfico siguió creciendo, porque los agentes de menudeo se renuevan con facilidad, y las cárceles están atiborradas, con una superpoblación injustificada. Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), más del 95% de los detenidos en Salta cumplen penas por delitos comprendidos en la ley de estupefacientes.
Un estudio realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación, creada en 2013, muestra las falencias de la aplicación de la desfederalización de la lucha contra el tráfico de drogas. De hecho, el informe utiliza a Salta como caso testigo de lo ineficiente que es esta organización de competencias jurisdiccionales y del embate contra el microtráfico como política de seguridad.
Dice el estudio: "Se puede observar que la implementación de la ley de desfederalización derivó en un aumento considerable de los recursos estatales orientados a la persecución del pequeño comercio y las figuras asociadas al consumo de estupefacientes (...) causó una continua merma de la cantidad y calidad de las causas iniciadas en el ámbito de las fiscalías federales". Esa merma "vulnera el espíritu de la norma y afecta el diseño de una política criminal uniforme sobre la materia".
En ese mismo informe se le realizaron entrevistas en profundidad a detenidos del Complejo Penitenciario de Salta, y "se observó una relación entre las condiciones materiales de existencia y la comisión de este tipo de delitos". Es decir, las cárceles están superpobladas de pobres que no tienen recursos para costear una defensa técnica. O bien, de pobres que como no tienen recursos para abastecer sus vicios, por ende se aprovisionan siendo eslabones de la cadena de distribución de la droga. Son atrapados y juzgados como grandes narcotraficantes y no reciben ninguna asistencia multidisciplinar sobre su enfermedad: la adicción a los estupefacientes.
Las conclusiones de la Procunar no son auspiciosas tampoco en lo que respecta al impacto real del combate contra el microtráfico. Según explican, las bocas de expendio han ido en crecida de forma permanente en los últimos años.
Sin reembolso
Cuando Salta adhirió a la ley de desfederalización se suponía que los costos por aumentar la participación provincial en los delitos de tráfico de drogas iban a ser compensados por la hacienda nacional. Sin embargo, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Pamela Calletti, reconoció que aún no se ha recibido ningún reembolso por los gastos efectuados.
El pasado 3 de diciembre, el Ejecutivo provincial presentó una nota formal a la administración nacional pidiendo que se reconozcan esos gastos. Una vez dado el traspaso de mando, se renovó el pedido ante el nuevo ministro de Justicia nacional, Germán Garavano. Hasta ahora no hubo ninguna respuesta concreta.
Ante la consulta de El Tribuno sobre cuánto lleva gastado la Provincia en esta "cruzada contra el microtráfico", Calletti no brindó precisiones. Esa cifra sería clave para determinar cuánto costó sacar 360 kilos de un negocio que mueve toneladas.
El enorme número de procedimientos no se condice con el material ilegal incautado: solo se decomisaron 339,64 kilos de marihuana y 20,90 kg de cocaína y sus derivados. Es decir, cada causa por microtráfico representa el secuestro de 69 gramos. El resultado más notorio es que el narcotráfico siguió creciendo, porque los agentes de menudeo se renuevan con facilidad, y las cárceles están atiborradas, con una superpoblación injustificada. Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), más del 95% de los detenidos en Salta cumplen penas por delitos comprendidos en la ley de estupefacientes.
Un estudio realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación, creada en 2013, muestra las falencias de la aplicación de la desfederalización de la lucha contra el tráfico de drogas. De hecho, el informe utiliza a Salta como caso testigo de lo ineficiente que es esta organización de competencias jurisdiccionales y del embate contra el microtráfico como política de seguridad.
Dice el estudio: "Se puede observar que la implementación de la ley de desfederalización derivó en un aumento considerable de los recursos estatales orientados a la persecución del pequeño comercio y las figuras asociadas al consumo de estupefacientes (...) causó una continua merma de la cantidad y calidad de las causas iniciadas en el ámbito de las fiscalías federales". Esa merma "vulnera el espíritu de la norma y afecta el diseño de una política criminal uniforme sobre la materia".
En ese mismo informe se le realizaron entrevistas en profundidad a detenidos del Complejo Penitenciario de Salta, y "se observó una relación entre las condiciones materiales de existencia y la comisión de este tipo de delitos". Es decir, las cárceles están superpobladas de pobres que no tienen recursos para costear una defensa técnica. O bien, de pobres que como no tienen recursos para abastecer sus vicios, por ende se aprovisionan siendo eslabones de la cadena de distribución de la droga. Son atrapados y juzgados como grandes narcotraficantes y no reciben ninguna asistencia multidisciplinar sobre su enfermedad: la adicción a los estupefacientes.
Las conclusiones de la Procunar no son auspiciosas tampoco en lo que respecta al impacto real del combate contra el microtráfico. Según explican, las bocas de expendio han ido en crecida de forma permanente en los últimos años.
Sin reembolso
Cuando Salta adhirió a la ley de desfederalización se suponía que los costos por aumentar la participación provincial en los delitos de tráfico de drogas iban a ser compensados por la hacienda nacional. Sin embargo, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Pamela Calletti, reconoció que aún no se ha recibido ningún reembolso por los gastos efectuados.
El pasado 3 de diciembre, el Ejecutivo provincial presentó una nota formal a la administración nacional pidiendo que se reconozcan esos gastos. Una vez dado el traspaso de mando, se renovó el pedido ante el nuevo ministro de Justicia nacional, Germán Garavano. Hasta ahora no hubo ninguna respuesta concreta.
Ante la consulta de El Tribuno sobre cuánto lleva gastado la Provincia en esta "cruzada contra el microtráfico", Calletti no brindó precisiones. Esa cifra sería clave para determinar cuánto costó sacar 360 kilos de un negocio que mueve toneladas.
"Malas políticas de adicciones"
Ramiro Robaldo, creador de AMAC, criticó las medidas estatales. En el año 2014 el médico Ramiro Robaldo encabezó una iniciativa que fue impulsada desde la Secretaría de Salud Mental, el programa de Asistencia Móvil en Adicciones Comunitarias (AMAC). Tenía una innovadora metodología: los agentes sanitarios se trasladaban hacia los hogares de los adictos. De esta forma, se garantizaba el acceso a la asistencia, el acompañamiento permanente a los adictos, y la generación de motivación suficiente para que el damnificado desee, por sus propios medios, ser tratado.
Con los cambios en el organigrama del Gobierno, también durante 2014, el programa quedó tentativamente bajo la órbita del Ministerio de Derechos Humanos, a cargo de Marianela Cansino. Se le quitó el apoyo, por considerar que había otras prioridades.
A pesar de eso, el equipo que conformó Robaldo sigue trabajando pero ahora con el fomento de la Fundación Nuevos Tiempos. El tratamiento tiene un precio establecido que margina a quienes no pueden costearlo. "Es una lástima, da mucha impotencia porque el Estado debería hacerse cargo, darnos una mano, pero lo único que les importa es que parezca que hacen algo, y no hacen algo en serio", disparó Robaldo.
"Uno que conoce, porque trabajó en el Estado, sabe que es un desastre la política para trabajar el problema de las adicciones", sostuvo el médico. "En abril del año pasado, le pasamos un presupuesto mínimo a la Secretaría de Abordaje Integral de las Adicciones y nos contestaron que no había fondos", aseguró.
En cuanto a la persecución al microtráfico, contó que le tocó ver que las ventas al menudeo son un recurso que los adictos de bajos recursos utilizan para abastecer su propio consumo. El ideólogo de AMAC expresó que "siguen penando a estos chicos que sostienen su propia adicción con la venta, y los peces gordo se siguen escapando". Y concluyó: "La única manera de cambiar esta problemática es crear políticas públicas para que disminuya el consumo".
Ante la consulta de El Tribuno sobre su posición sobre detener a quienes hacen la venta al menudeo pero también son adictos, Robaldo fue tajante: "De ninguna manera es una solución al problema".
"Se bajó el grado de conflicto"
El Gobierno se muestra determinado a seguir adelante con esta política. A tono con las declaraciones de la plana mayor del Gobierno provincial, el secretario de Seguridad, Carlos Oliver, defendió la política de lucha contra el microtráfico. En diálogo con El Tribuno, el funcionario expresó que "en la provincia había que dar una respuesta inmediata a la gente, porque en los barrios había mucha conflictividad por las ventas al menudeo".
Hizo mucho hincapié en el alto grado de hostilidad que se vivía en algunas zonas de Salta, y se ocupó de remarcar que "se bajó el grado de conflicto" en las barriadas con más bocas de expendio. Oliver fue más cauto para opinar sobre la disminución de las bocas de expendio, sobre lo cual dijo no tener datos concretos. La falta de datos le da la razón al diagnóstico de la Procunar, que asegura que aumentaron los puntos de venta.
Justicia parcial
El 20 de agosto de 2014, en un operativo en Tres Cerritos, la Policía detuvo a Eduardo Amado y Ramiro Chagra con 143 gramos de marihuana, una balanza gramera digital y una pinza multifunción. Su causa se encuadró en primer lugar como microtráfico, por la sobrada evidencia, pero después los defensores consiguieron interponer pedidos que dilataron los procesos. Curiosamente, la solicitud de considerar que Amado y Chagra tenían la sustancia para consumo personal benefició la demora de la causa. Ambos muchachos se encuentran en libertad.
PUBLICIDAD