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La renuncia de la electa concejal de la Unión Cívica Radical, Camila Carrizo sigue dando qué hablar. Hasta ahora, tanto los concejales de Tartagal como el Ejecutivo municipal se habían mantenido al margen de las idas y vueltas de los integrantes de ese bloque. Es que Carrizo, aunque antes del 10 de diciembre renunció en forma indeclinable a la banca, igual juró en esa jornada, asumió, votó y cobro la dieta proporcional de diciembre y enero completo. Por eso, el coordinador legislativo de la comuna, Silvio Leclerc, calificó lo ocurrido como "o de mala fe o mal asesorados".
Pasados dos meses, finalmente el Tribunal Electoral de la Provincia designó a Cristian Cazón en su reemplazo, quien asumió el viernes pasado.
Dura acusación
Aunque hasta allí todo parece solo un sainete, el coordinador legislativo del Ejecutivo municipal, Silvio Leclerc tiene una mirada totalmente diferente de la situación. "Creo que la cuestión no está para nada terminada. La Justicia electoral tiene que instruirle al municipio si le inicia acciones legales o le corresponde a Tartagal hacerlo. Esta señorita (Camila Carrizo) cometió el delito de usurpación de cargo, títulos y honores. Juró como concejal, participó de las sesiones, votó en cinco oportunidades, usó durante dos meses el teléfono corporativo que la Municipalidad le proveyó y cobró los dos meses de dieta. Todo esto y cuando ella misma, en pleno uso de sus facultades, había renunciado al cargo el 25 de noviembre, dos semanas antes del 10 de diciembre". precisó.
Recordó que "la renuncia tiene firma certificada ante el escribano Marcelo Colodro, fue indeclinable y por lo tanto no tenía que esperar que la notificaran de nada. Ella, el abogado, el escribano y sus compañeros de banca saben que una renuncia con carácter indeclinable no se trata, no se discute, no se analiza. Simplemente queda en firme y tan es así que el escrito que lleva la firma del presidente del Tribunal, Guillermo Posadas, dice textualmente "Téngase presente la renuncia de la concejal electa Camila Soledad Carrizo'' ".
Renuncia y cobro
Leclerc explicó que "el 30 de diciembre la Justicia electoral le notificó al Concejo Deliberante de Tartagal que el reemplazante de Carrizo era Cristian Cazón. Ese día todos, concejales y Ejecutivo, nos enteramos que había renunciado hacía casi un mes".
El funcionario dijo que habló con ella personalmente "y le expliqué que debía devolver lo que había cobrado en concepto de dietas, el teléfono y el sello que estaba utilizando. Ella se negaba porque consideraba que hasta le correspondía cobrar parte de febrero, hasta el día que asumió el concejal Cazón. Incurrió en un delito que se tipifica como usurpación de cargo, títulos y honores. No es ni remotamente como los ediles radicales tratan de explicar. Por un lado, el presidente del bloque (Mario René Mimessi) interpretaba que el hecho que se presentara a jurar después de renunciar dejaba la renuncia sin efecto, o como intenta explicar la propia doctora Carrizo al culpar a la Justicia electoral".
Leclerc finalmente manifestó que "hago público lo que sucedió porque estoy escuchando muchas versiones, pero tienen que entender que no pueden forzar situaciones para que les cierre el relato. Tienen que reconocer que estuvieron muy mal asesorados o de lo contrario los mueve la mala fe", cerró.
Pasados dos meses, finalmente el Tribunal Electoral de la Provincia designó a Cristian Cazón en su reemplazo, quien asumió el viernes pasado.
Dura acusación
Aunque hasta allí todo parece solo un sainete, el coordinador legislativo del Ejecutivo municipal, Silvio Leclerc tiene una mirada totalmente diferente de la situación. "Creo que la cuestión no está para nada terminada. La Justicia electoral tiene que instruirle al municipio si le inicia acciones legales o le corresponde a Tartagal hacerlo. Esta señorita (Camila Carrizo) cometió el delito de usurpación de cargo, títulos y honores. Juró como concejal, participó de las sesiones, votó en cinco oportunidades, usó durante dos meses el teléfono corporativo que la Municipalidad le proveyó y cobró los dos meses de dieta. Todo esto y cuando ella misma, en pleno uso de sus facultades, había renunciado al cargo el 25 de noviembre, dos semanas antes del 10 de diciembre". precisó.
Recordó que "la renuncia tiene firma certificada ante el escribano Marcelo Colodro, fue indeclinable y por lo tanto no tenía que esperar que la notificaran de nada. Ella, el abogado, el escribano y sus compañeros de banca saben que una renuncia con carácter indeclinable no se trata, no se discute, no se analiza. Simplemente queda en firme y tan es así que el escrito que lleva la firma del presidente del Tribunal, Guillermo Posadas, dice textualmente "Téngase presente la renuncia de la concejal electa Camila Soledad Carrizo'' ".
Renuncia y cobro
Leclerc explicó que "el 30 de diciembre la Justicia electoral le notificó al Concejo Deliberante de Tartagal que el reemplazante de Carrizo era Cristian Cazón. Ese día todos, concejales y Ejecutivo, nos enteramos que había renunciado hacía casi un mes".
El funcionario dijo que habló con ella personalmente "y le expliqué que debía devolver lo que había cobrado en concepto de dietas, el teléfono y el sello que estaba utilizando. Ella se negaba porque consideraba que hasta le correspondía cobrar parte de febrero, hasta el día que asumió el concejal Cazón. Incurrió en un delito que se tipifica como usurpación de cargo, títulos y honores. No es ni remotamente como los ediles radicales tratan de explicar. Por un lado, el presidente del bloque (Mario René Mimessi) interpretaba que el hecho que se presentara a jurar después de renunciar dejaba la renuncia sin efecto, o como intenta explicar la propia doctora Carrizo al culpar a la Justicia electoral".
Leclerc finalmente manifestó que "hago público lo que sucedió porque estoy escuchando muchas versiones, pero tienen que entender que no pueden forzar situaciones para que les cierre el relato. Tienen que reconocer que estuvieron muy mal asesorados o de lo contrario los mueve la mala fe", cerró.
La exconcejal se defiende y la UCR explica
Molesta por la exposición que en los medios de comunicación tuvo su renuncia y posterior juramento, Camila Carrizo concurrió a las oficinas de El Tribuno en Tartagal y aseguró: "Devolví lo que había cobrado en concepto de dieta, pese a que no tenía ninguna obligación de hacerlo porque yo fui concejal hasta la asunción de Cazón. Si no lo hice antes fue porque en la oficina de Tesorería no me aceptaban, que. recién cuando asumiera mi reemplazante podía restituir ese dinero al municipio".
La joven, odontóloga de profesión, aclaró además que se presentó el 10 de diciembre a prestar juramento después de haber presentado su renuncia al cargo "porque la Justicia electoral recién me notificó que había aceptado mi renuncia el 30 de diciembre, veinte días después de jurar. Hice lo que corresponde y ahora quiero que se aclare mi situación. Devolví por propia voluntad lo que cobré y si fui a prestar juramento fue por demora de la Justicia electoral, no mía", repitió.
Por su parte, el presidente del bloque radical, Mario René Mimessi, consideró: "Se hace aparecer como si todo hubiera sido una maniobra de mala fe pergeñada con algún fin oscuro, cuando en realidad Camila es una persona honesta y renunció por un tema personal. Me siento muy molesto por el tinte que se le quiere dar a la situación. Por este Concejo pasaron ediles oficialistas que se quedaron con donaciones que venían para los damnificados del alud y nadie dijo nada, pero la renuncia de Camila está en los medios como si fuera un hecho gravísimo", denunció.
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