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La niña de 12 años que fue abusada en noviembre de 2015 en el paraje Alto La Sierra (Rivadavia) y a la que derivaron de urgencia a Salta, el pasado lunes, con un crítico embarazo de seis meses, será sometida a una cesárea.
La cirugía programada, que espera confirmación de fecha, se definió ayer tras una junta médica en la que se evaluaron los riesgos del embarazo y el sombrío pronóstico que motivó el urgente traslado de la nena, de la comunidad wichi de Alto La Sierra, al Hospital Público Materno Infantil de Salta.
Los estudios realizados en la capital provincial habrían confirmado la gestación de un bebé anencefálico, como había notado el equipo médico de la fundación del cantante Jorge Rojas, el pasado jueves 26, con una ecografía métrica practicada en el paraje donde vive la niña, a unos 85 kilómetros de Santa Victoria Este en la zona de la triple frontera de Argentina, Bolivia y Paraguay.
Esta posición geográfica fue resaltada por el fiscal penal Armando Cazón en el escrito que giró el pasado lunes al juez Fernando Mariscal Astigueta, para que ordene detener a cinco jóvenes criollos acusados de ultrajar a la niña hace seis meses.
Hasta el cierre de esta edición el juez no había resuelto el pedido del fiscal, aunque el agente del Ministerio Público fundó la solicitud de las detenciones en el peligro de fuga que podría obstaculizar los exámenes de ADN previstos, inmediatamente después de la cesárea, para determinar sin existe un vínculo biológico paterno entre los acusados y el bebé en gestación.
Están imputados penalmente Jorge Gabriel Sala, Omar Alcides Arias, Sebastián Matías Salvatierra, Luis Fernando Lamas y Pantaleón Javier Mansilla. Un juzgado de menores atiende la situación de otros tres adolescentes implicados en el ultraje que llenó de indignación a la comunidad wichi de Alto La Sierra.
El cacique del lugar, Asencio Pérez, y el padre de la nena abusada denunciaron el martes 26 que ningún organismo se acercó, en todos estos meses, a ver cómo estaba la niña y asistirla en su embarazo. Esa misma noche, en la Cámara Baja, el diputado Jesús Ramón Villa manifestó que el 11 de abril elevó una nota a las autoridades del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia pidiendo urgente intervención. Sin respuestas, el legislador de Rivadavia responsabilizó a esa cartera, a la Secretaría de Asuntos Indígenas y otros organismos competentes de "grave abandono de personas".
El caso, en efecto, tiene serias implicancias que deberían ser motivo de una revisión amplia de los protocolos de actuación y roles que la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en 2005 confían a funcionarios de los tres poderes del Estado.
Todo en Alto La Sierra operó mal, no se hizo o se resolvió demasiado tarde, como el viaje que programó la comisión de Derechos Humanos de Diputados para este jueves a Alto La Sierra.
Hasta la falta de médicos debidamente facultados conspiró en contra, porque los cinco jóvenes a los que se pidió detener quedaron libres, a fines de marzo, porque sus defensores marcaron una grave irregularidad en el informe médico que los complicó en la violación. Sucede que Salud tiene contratado en el hospital de Alto La Sierra a un médico de nacionalidad boliviana, Juan Carlos Limache Mamaní, quien no tendría revalidado su título en el país. Por eso, aunque fue él quien examinó a la niña y redactó el informe sobre las lesiones, firmó el escrito el gerente del hospital de Alto La Sierra, Ramón Bustamante, que es un bioquímico.
Por ello, ambos terminaron imputados por falsedad ideológica. Un fragmento de la declaración que prestó Bustamente ilustra esta nota, como testimonio que contradice al descargo oficial de Salud.
La cirugía programada, que espera confirmación de fecha, se definió ayer tras una junta médica en la que se evaluaron los riesgos del embarazo y el sombrío pronóstico que motivó el urgente traslado de la nena, de la comunidad wichi de Alto La Sierra, al Hospital Público Materno Infantil de Salta.
Los estudios realizados en la capital provincial habrían confirmado la gestación de un bebé anencefálico, como había notado el equipo médico de la fundación del cantante Jorge Rojas, el pasado jueves 26, con una ecografía métrica practicada en el paraje donde vive la niña, a unos 85 kilómetros de Santa Victoria Este en la zona de la triple frontera de Argentina, Bolivia y Paraguay.
Esta posición geográfica fue resaltada por el fiscal penal Armando Cazón en el escrito que giró el pasado lunes al juez Fernando Mariscal Astigueta, para que ordene detener a cinco jóvenes criollos acusados de ultrajar a la niña hace seis meses.
Hasta el cierre de esta edición el juez no había resuelto el pedido del fiscal, aunque el agente del Ministerio Público fundó la solicitud de las detenciones en el peligro de fuga que podría obstaculizar los exámenes de ADN previstos, inmediatamente después de la cesárea, para determinar sin existe un vínculo biológico paterno entre los acusados y el bebé en gestación.
Están imputados penalmente Jorge Gabriel Sala, Omar Alcides Arias, Sebastián Matías Salvatierra, Luis Fernando Lamas y Pantaleón Javier Mansilla. Un juzgado de menores atiende la situación de otros tres adolescentes implicados en el ultraje que llenó de indignación a la comunidad wichi de Alto La Sierra.
El cacique del lugar, Asencio Pérez, y el padre de la nena abusada denunciaron el martes 26 que ningún organismo se acercó, en todos estos meses, a ver cómo estaba la niña y asistirla en su embarazo. Esa misma noche, en la Cámara Baja, el diputado Jesús Ramón Villa manifestó que el 11 de abril elevó una nota a las autoridades del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia pidiendo urgente intervención. Sin respuestas, el legislador de Rivadavia responsabilizó a esa cartera, a la Secretaría de Asuntos Indígenas y otros organismos competentes de "grave abandono de personas".
El caso, en efecto, tiene serias implicancias que deberían ser motivo de una revisión amplia de los protocolos de actuación y roles que la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en 2005 confían a funcionarios de los tres poderes del Estado.
Todo en Alto La Sierra operó mal, no se hizo o se resolvió demasiado tarde, como el viaje que programó la comisión de Derechos Humanos de Diputados para este jueves a Alto La Sierra.
Hasta la falta de médicos debidamente facultados conspiró en contra, porque los cinco jóvenes a los que se pidió detener quedaron libres, a fines de marzo, porque sus defensores marcaron una grave irregularidad en el informe médico que los complicó en la violación. Sucede que Salud tiene contratado en el hospital de Alto La Sierra a un médico de nacionalidad boliviana, Juan Carlos Limache Mamaní, quien no tendría revalidado su título en el país. Por eso, aunque fue él quien examinó a la niña y redactó el informe sobre las lesiones, firmó el escrito el gerente del hospital de Alto La Sierra, Ramón Bustamante, que es un bioquímico.
Por ello, ambos terminaron imputados por falsedad ideológica. Un fragmento de la declaración que prestó Bustamente ilustra esta nota, como testimonio que contradice al descargo oficial de Salud.
"El Estado no la abandonó "
"De ninguna manera fue abandonada por el Estado", sostuvo ayer el ministro de Salud, Oscar Villa Nougués, ante periodistas que lo consultaron en el Hospital Público Materno Infantil sobre la niña de Alto La Sierra. Violada por ocho jóvenes en noviembre de 2015, la nena no recibió mínimas asistencias hasta el pasado lunes, cuando la derivaron a la capital salteña con un crítico embarazo de seis meses.
Lejos de reconocer las deficiencias que hubo en los abordajes de las carteras de Salud, Derechos Humanos y Justicia, Primera Infancia y Asuntos Indígenas, Villa Nougués dijo que "existen protocolos de acción, conocidos por todo el personal, para atender todos los casos y en todas las circunstancias". El ministro también negó cualquier irregularidad en la contratación del plantel médico del hospital de Alto La Sierra, aunque actuaciones de una causa penal lo contradicen.
Reclamos de organizaciones de la mujer
Emitieron un duro documento tras el caso de la niña de Alto La Sierra. "Por estos días, el caso de la niña wichi de 12 años que cursa un embarazo de seis meses como consecuencia de haber sido violada nos alerta una vez más que el Protocolo para la Asistencia Integral de Toda Víctima Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles, aprobado por decreto provincial 1170/12, resulta no solo dilatorio sino obstructivo del efectivo acceso a una práctica legal". Así lo manifestaron la Multisectorial de Mujeres de Salta, la Comisión de la Mujer de la UNSa y Cladem en un documento conjunto.
En el pronunciamiento, enmarcado en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, reclamaron "medidas estatales tendientes a asegurar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a interrumpir un embarazo en los supuestos legalmente contemplados".
"Como lo hemos señalado en relación con casos similares, urge que la Provincia instrumente medidas que aseguren la privacidad e integridad de las niñas y las mujeres que se encuentran internadas en condiciones de ejercitar su derecho a someterse a un aborto no punible, así como la de aquellas mujeres o niñas y sus familias que atraviesan por el proceso de toma de decisión, para que esta sea adoptada en un marco de libertad, sin condicionamientos ni miradas sesgadas, ajenas a los intereses, deseos y proyecciones vitales de las protagonistas", insistieron las citadas organizaciones.
Las más vulnerables
Organismos competentes del Estado fueron exhortados a desplegar acciones afirmativas que ayuden a contrarrestar la situación histórica y estructural de marginalidad que sufren, sobre todo, las niñas indígenas.
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